El 24 de junio de 2026, dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 Mw, con epicentros en San Felipe y Yumare, estado Yaracuy, sacudieron el occidente del país y afectaron con particular severidad al estado La Guaira. Según cifras oficiales al 20 de julio, la emergencia sísmica deja 5.208 personas fallecidas, 16.740 heridos, 6.462 rescatados y 17.907 personas sin vivienda, con 856 edificaciones afectadas, de las cuales 190 colapsaron.
Más allá de estas cifras, el desastre generó afectaciones inmediatas a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales: vivienda, salud, educación, trabajo y alimentación, entre otros. Ante este panorama, PROVEA presenta la “Guía para el monitoreo y documentación de derechos humanos en campo sobre desastres naturales en Venezuela”, una herramienta dirigida a la sociedad civil, defensores de derechos humanos, activistas comunitarios y periodistas.
La guía compila los principales estándares internacionales y nacionales aplicables a la respuesta ante desastres, entre ellos la Resolución A/CN.4/590 de la ONU, el Marco de Sendai, el Manual Esfera, las Directrices de Oslo y la normativa venezolana vigente, incluyendo la Ley de Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres y la Ley Especial de Refugios Dignos. A partir de estos marcos, ofrece un conjunto de preguntas e indicadores para orientar la veeduría ciudadana sobre la actuación del Estado.
El documento identifica posibles violaciones a documentar tras un desastre: fallas estructurales del sistema público de salud y deficiencias en labores de búsqueda y rescate; uso excesivo de la fuerza y abusos por parte de cuerpos policiales y militares; restricciones a la libertad de expresión y posibles detenciones arbitrarias contra quienes denuncien la respuesta oficial; falta de refugio digno y retrasos en inspecciones de edificaciones; interrupción del derecho a la educación; politización o distribución selectiva de la ayuda humanitaria; y ausencia de protocolos forenses adecuados para el tratamiento de cadáveres. Señala además la necesidad de atención diferenciada a personas adultas mayores, con discapacidad, niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas o en lactancia, comunidades indígenas y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad.
La guía incluye un instrumento de monitoreo en campo con preguntas activadoras sobre presencia institucional, seguridad ciudadana y condiciones en los albergues, entre otros aspectos, para sistematizar la documentación de quienes acompañan a las comunidades afectadas.
Entendemos el reto que representa atender esta emergencia. Nuestra intención es coadyuvar a las autoridades competentes y a los organismos de ayuda humanitaria en sus labores, desde los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. La responsabilidad es colectiva.
La guía completa está disponible para su descarga en el siguiente enlace
