Nicolás Maduro lanzó una nueva amenaza contra el sindicalismo autónomo y la libertad sindical al llamar a un «proceso constituyente para trascender las estructuras burocráticas del sindicalismo tradicional, del sindicalismo envejecido, agotado«.
Rechazamos esta nueva amenaza contra el movimiento sindical y reiteramos que la existencia del sindicalismo autónomo y libre de amenazas e injerencias indebidas del Estado, es esencial para la democracia y la garantía de los derechos sociales.
El llamado hecho por Maduro constituye un acto de injerencia indebida que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó -a propósito del Referendo Sindical promovido por Hugo Chávez-, como una «situación contundente de intervención del Estado en la dinámica de las organizaciones sindicales«
Recordamos que al asumir la presidencia en 2013, Maduro profundizó los ataques al sindicalismo autónomo y aceleró la anulación de los derechos laborales.
Pese a que fue dirigente sindical, Nicolás Maduro desmanteló la institucionalidad de la negociación colectiva, un derecho amparado en el Convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del que Venezuela es parte.
Entre 2004 y 2015, el promedio de convenciones colectivas homologadas –en el sector público y privado-, fue de 455. En 2016, la cifra descendió a un promedio de 184 convenciones al año.
A ello debe sumarse la negativa oficial de discutir y negociar convenciones colectivas con sindicatos y gremios que no le sean afines y medidas más recientes como el Memorándum 2792, adoptado por el Ministerio del Trabajo en el que se instruyó a todos los entes de la administración pública y a empresas del Estado a desconocer los contratos colectivos del sector público, o el Instructivo de la ONAPRE, que eliminó las inter-escalas salariales.
El «presidente obrero» en las antípodas del obrerismo
Un marco jurídico restrictivo para el ejercicio de los derechos a la asociación pacífica y a la huelga, fue remozado con nuevas leyes anti-sociedad luego de los ciclos de conflictividad de 2014, 2017, 2018 y 2019.
En medio del ascenso de las protestas por derechos laborales y la progresiva extinción del Estado de Derecho, la respuesta estatal ha sido la represión contra los trabajadores, los sindicatos y los gremios.
Decenas de dirigentes sindicales han sido detenidos y procesados en 10 años de gestión de Nicolás Maduro.
Más de 3.000 casos de amenazas u hostigamiento a líderes del movimiento laboral fueron registrados en nuestro Informe Especial “Maduro: una década oscura para los Derechos Humanos”.
Esta nueva amenaza se produce en el marco de la imposición de un modelo económico basado en el estrangulamiento de la capacidad de consumo de los trabajadores, la precarización del empleo decente, la flexibilización de las relaciones de trabajo y la persecución a la disidencia laboral.
«Los derechos no están garantizados«
Por segundo año consecutivo, la Confederación Sindical Internacional (CSI) ubicó a Venezuela en el nivel 5 del Índice Global de Derechos (IGD) 2025 como un país en el que “los derechos no están garantizados”.
Esta clasificación ratifica que el país continúa inmerso en un patrón de represión sindical, criminalización del disenso laboral y ausencia de instituciones que protejan efectivamente los derechos de las y los trabajadores.
En su anterior informe correspondiente a 2024, la CSI había reclasificado a Venezuela del nivel 4 (violaciones sistemáticas de los derechos) al nivel 5, afirmando que “las autoridades han seguido persiguiendo a los sindicalistas mediante detenciones arbitrarias y condenas por cargos falsos, mientras que la organización sindical y los derechos se han seguido obstaculizando”, y que Venezuela estaba entre los países donde “las detenciones arbitrarias y los procesamientos de sindicalistas, con el objetivo de silenciar al movimiento sindical independiente, han sido prácticas habituales”.
Ese mismo reporte advirtió que en Venezuela, junto a Guinea-Bissau, Kirguistán, Nigeria, Tanzania y Yemen, los cuerpos de seguridad del Estado realizaron allanamientos en sedes sindicales, con la intención de sustituir a sus dirigentes por personas cercanas al Gobierno.
En 2019 la Comisión de Encuesta de la OIT llamó al Estado venezolano al «Cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión a personas u organizaciones en relación con el ejercicio de actividades gremiales o sindicales legítimas, y la adopción de medidas para garantizar que tales actos no se repitan en el futuro«.
Prensa Provea
