Durante 2019 se registró un aumento de 526,60% respecto al número de víctimas contabilizado en 2018. El CICPC y la DGCIM encabezan la penosa lista que refleja el ascenso del terrorismo de Estado en Venezuela.

La mayoría de las personas torturadas fueron presos comunes, pero de acuerdo al perfil socio-económico de las víctimas, los militares fueron -por segundo año consecutivo-, los principales afectados por la tortura en Venezuela.

Inti Rodríguez | Provea

Luis Alcides Alviarez de 33 años fue detenido el 19 de septiembre de 1989 cuando efectivos de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), se presentaron en su casa preguntando por su padre. Esa misma tarde sus familiares se enteraron de su muerte en las dependencias de la DIM en Boleíta Norte, Caracas. La versión oficial indicó que Luis Alcides se había ahorcado, pero cuando sus familiares recibieron el cadáver notaron que presentaba rastros de haber recibido una brutal golpiza. Su cuerpo tenía fracturas y quemaduras.

Los familiares afirmaron que Alviarez no tenía antecedentes penales o policiales y tampoco sufría de trastornos emocionales que lo indujeran a suicidarse.

El director de la DIM, Herminio Fuenmayor, explicó que Luis Alcides fue citado para un interrogatorio por una comisión del Tribunal Militar de San Cristóbal a causa de la pérdida de un cheque por Bs. 55.000 de la Proveeduría Militar de San Cristóbal en el estado Táchira. La esposa de la víctima trabajaba en esa dependencia y había hecho denuncias de irregularidades con desfalcos de hasta Bs. 2 millones ante la Contraloría Interna de las Fuerzas Armadas, lo que causó la destitución de varios funcionarios.

La familia presumió que se trató de una venganza provocada por las denuncias de corrupción que hizo la esposa de Luis Alcides Alviarez.

Alviarez fue la cuarta víctima asesinada por tortura que Provea registró en su primer Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Ese año, la organización expresó su preocupación por la práctica de la tortura a manos de funcionarios militares y policiales del país, y advirtió que, a pesar de su recurrente uso como mecanismo de castigo contra detenidos, no constituía aún un patrón de abuso sistematizado y de empleo generalizado.

Era septiembre de 1989 y el país apenas se recuperaba de las terribles heridas causadas por el suceso conocido como “El Caracazo”, en el que cientos de personas fueron víctimas de abusos por parte de los agentes de la fuerza pública, en medio del desesperado intento del gobierno de Carlos Andrés Pérez por aplastar el descontento social.

Al publicar su reporte correspondiente al período octubre 1988 – diciembre 1989, Provea contabilizaba un total de 10 casos de torturas, con 4 personas fallecidas a consecuencia de los castigos infligidos por policías y militares.

31 años después las cosas han cambiado y no para bien.

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El 28 de junio de 2019, otro detenido en los calabozos del organismo de inteligencia de la Fuerza Armada, corrió con la misma suerte que Luis Alcides Alviarez.

Un Capitán de Corbeta de la Armada Venezolana, Rafael Acosta Arévalo, fue detenido el 21 de junio de este año acusado de formar parte de una conspiración para desalojar del poder a Nicolás Maduro. El 22 de junio de 2019, la esposa del militar denunció su desaparición y declaró que había hablado con él por última vez a las 2:00 de la tarde del día anterior, mientras se encontraba en una reunión en la ciudad de Guatire, en el estado Miranda. Ese día, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) detuvieron a siete personas, entre militares y policías activos y retirados. Entre los detenidos se encontraban dos coroneles retirados, un general de brigada de la aviación, un teniente coronel del Ejército, dos comisarios retirados del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el capitán, Acosta Arévalo. El 26 de junio, después de seis días sin conocer su paradero, la detención de Acosta Arévalo fue anunciada por el ministro de comunicación e información de facto Jorge Rodríguez, quien acusó a tres de ellos, incluyendo al capitán, de incurrir en los delitos de “terrorismo, conspiración y traición a la patria”.

El 28 de junio, Acosta Arévalo fue trasladado por una comisión del DGCIM a la sede del Tribunal Militar que debía realizar su audiencia de presentación. El capitán llegó en una silla de ruedas con evidentes signos de torturas. Los funcionarios de la DGCIM impidieron que la entrevista con sus abogados fuera privada. Acosta Arévalo presentaba excoriaciones en los brazos, poca sensibilidad en las manos, inflamación extrema en los pies, rastros de sangre en las uñas y lesiones en el torso. Acosta Arévalo tampoco era capaz de mover las manos o los pies, de poder levantarse o de hablar, con la excepción de aceptar el nombramiento de su defensor y de pedirle auxilio a su abogado.

Su estado era tan crítico que el Juez ordenó que el capitán fuera trasladado al Hospital Militar del Ejército Dr. Vicente Salias Sanoja, ubicado en el Fuerte Tiuna. Horas después informaría que el detenido había fallecido en la noche en el hospital. Rafael Acosta Arévalo fue torturado en los calabozos de la DGCIM.

Castigar y silenciar

En medio de un acelerado deterioro de la calidad de vida y de la extinción del Estado de Derecho, la tortura en Venezuela se ha convertido en una práctica generalizada y sistemática que se comete a diario en la mayoría de las cárceles y centros de detención del país, contra presos comunes y personas privadas de libertad por razones políticas. La tortura, como castigo “ejemplarizante”, se ha institucionalizado en Venezuela y forma parte del repertorio represivo empleado por la dictadura de Maduro.

En las comunidades pobres y en las cárceles del país, la violencia institucional que ejercen las corporaciones de seguridad del Estado es empleada como mecanismo de control social contra excluidos y disidentes políticos. En un contexto generalizado de negación de la ciudadanía, la respuesta Estatal no se produce desde una dimensión institucional, democrática y restauradora de derechos, sino por el contrario, se afianza en la lógica negadora y excluyente para aplastar los reclamos y ejercer el terror sobre la población.

El monitoreo de prensa y recopilación de denuncias recibidas por Provea entre los meses de enero y diciembre de 2019, reveló que durante el período se denunciaron 40 casos de torturas que incluyeron a 574 víctimas individualizadas de este delito contra los derechos humanos.

Esta alarmante cifra constituye un aumento de 526,60% en el número de víctimas contabilizadas, respecto a los 12 meses del año 2018 cuando fue registrado un total de 109 personas afectadas por torturas. Además, es el registro más alto documentado por Provea en 31 años de monitoreo del derecho a la integridad personal en el país, superando a las 185 víctimas registradas en 2014. Debido a factores como la opacidad oficial, las dificultades para el monitoreo derivadas de la disminución de prensa independiente y el temor de los familiares de las víctimas para denunciar los abusos, la data pudiera estar sujeta a un sub-registro, lo que indica que pudo haber ocurrido un número aún mayor de casos de torturas. Por segundo año consecutivo, ni el Ministerio Público ni la Defensoría del Pueblo publicaron sus respectivos informes de gestión institucional.

La mayoría de las personas torturadas fueron hombres, jóvenes y pobres, manteniéndose así el perfil histórico de las víctimas de este delito. El 98,60% (566) de las víctimas individualizadas fueron de género masculino, mientras que el 0,87% (5) fueron de género femenino. En el restante 0,52% (3) de las víctimas no pudo identificarse el género. Las edades de las víctimas identificadas oscilaron entre los 8 y los 60 años, y la mayoría de las lesiones infligidas a estas personas consistieron en golpes; patadas; culatazos; descargas eléctricas; crucifixión; violación; peinillazos; insultos, entre otras.

Del total de víctimas documentadas por Provea entre los meses de enero y septiembre, 426 (74,21%) fueron personas privadas de libertad procesadas y condenadas por la comisión de delitos comunes; 124 (21,60%) militares detenidos al ser acusados de formar parte de actos conspirativos contra la dictadura de Nicolás Maduro; 22 personas (3,83%) fueron civiles detenidos por razones políticas o en el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y 2 (0,34%) víctimas se produjeron en otras circunstancias.

En tres casos que involucran a la DGCIM se agrupan 116 víctimas de torturas. Todas, militares detenidos acusados de conspiración, terrorismo y traición a la patria, y torturados en la sede del organismo en el sector Boleíta Norte, al noreste de Caracas.

Otras 250 víctimas se agrupan en dos casos en los que el CICPC es señalado como responsable. 100 en un caso que involucra a Custodios del Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios (MPPAP) y otras 30 víctimas en un caso que involucra a la GNB.

23 personas murieron entre los meses de enero y diciembre de 2019 a consecuencia de las torturas recibidas por agentes de la fuerza pública. Comparado con la cifra registrada en 2018, durante el actual período de estudio se produjo un aumento de 176,92%.

21 de las muertes registradas se produjeron en Centros de Detención Preventivos bajo el control de la Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, policías regionales y municipales. Una muerte es atribuible a custodios de la Comunidad Penitenciaria “Fénix” en Barquisimeto, estado Lara, y otra, en el caso del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Los responsables de la tortura en Venezuela

Después de tres años, el CICPC vuelve a encabezar la penosa lista de torturadores en Venezuela.

En 2013 y 2014, la Guardia Nacional lideró la estadística coincidiendo con dos períodos de alta conflictividad en los que ese componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tuvo un rol protagónico. Para 2015 el CICPC retomó su liderazgo histórico en el marco de la ejecución del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) y del descenso de la conflictividad social en el país.

Para 2016 el Ejército estuvo al frente como el organismo más torturador al ser incorporado en la segunda fase del OLP. Para 2017 y 2018, la PNB y la DGCIM, respectivamente, acumularon la mayor cantidad de casos coincidiendo, el primero, con su actuación para aplastar la rebelión popular, y el segundo, con su papel en la persecución y hostigamiento contra militares señalados de formar parte de conspiraciones e intentos de golpe de Estado.

El CICPC cerró 2019 con 10 denuncias que lo involucran en la comisión de torturas contra 259 personas. Esta cifra sitúa al organismo como responsable del 45,12% del total de casos registrados en el período.

Crucificados y electrocutados en la DGCIM

Familiares de 24 sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que se alzaron en Cotiza el pasado 21 de enero, denunciaron que los militares fueron crucificados y electrocutados en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en Boleíta Norte.

La esposa del sargento Luis Bandres Figueroa, informó que su pareja estuvo desaparecido durante ocho días. Sólo sabía que se había entregado a la DGCIM y que estaba incomunicado. Durante los días de su desaparición forzada, Bandres permaneció esposado y colgado de las manos.

“Mi esposo está lleno de morados. Lo electrocutaron tanto que se defecó varias veces encima. Cada vez que entraba al cuarto de tortura lo sacaban inconsciente. No recuerda un día que haya salido consciente de allí”, declaró Sandra Hernández, esposa del militar.

La DGCIM se ubicó en segundo lugar acumulando 10 casos que involucran a 124 víctimas de torturas (21,60%), un considerable incremento de 165% en el número de afectados ya que este cuerpo de seguridad registró 49 víctimas más que en 2018. La sede de la DGCIM se convirtió en el nuevo centro de torturas contra detenidos por razones políticas en el país. Al menos 199 casos se han registrado en ese recinto entre enero de 2018 y septiembre de 2019. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitó una visita a dichos espacios para constatar las condiciones de reclusión y el trato brindado a los detenidos, pero la petición fue negada.

Los custodios penitenciarios adscritos al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, se ubicaron en tercer lugar con tres casos que involucraron a 115 víctimas (20,03%) en hechos ocurridos en la Comunidad Penitenciaria “Fénix” en el estado Lara; la Cárcel Modelo de Barcelona en Anzoátegui; y el Centro Penitenciario de Occidente en Táchira. La Guardia Nacional Bolivariana fue señalada de haber torturado a 48 personas (8,36%), la mayoría de ellas detenidas en el contexto de manifestaciones y privados de libertad de la Comunidad Penitenciaria “Fénix”.

En el estado Carabobo se concentró la mayor cantidad de víctimas con 201 personas torturadas (35,01%), la mayoría en la sede de la Subdelegación del CICPC de Valencia. Le sigue el estado Miranda con 183 víctimas (31,88%), 124 de ellas torturadas en la sede del DGCIM en Boleíta Norte. Anzoátegui ocupó el tercer lugar con 103 víctimas (17,94%), un gran número de ellas, torturadas en el Centro Penitenciario Agro productivo de Barcelona y la Subdelegación del CICPC en El Tigre.

Favoreciendo la impunidad

Tres situaciones ocurridas en 2019 ilustran la forma en la que la impunidad es favorecida en la Venezuela actual:

– La sede de la División Antiextorsión y Secuestro del CICPC, ubicada en El Hatillo, estado Miranda, fue noticia al menos en tres ocasiones en el primer semestre de 2019.

El 21 de mayo los familiares de las personas recluidas en ese recinto acudieron a la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo, Caracas, para denunciar las torturas infligidas contra más de 50 presos. Al día siguiente, el 22 de mayo, el Director General del organismo, Douglas Rico, anunció la intervención de la División luego de divulgarse un vídeo en el que una detenida estaba siendo torturada en los patios de la comisaria. La mujer fue crucificada y colgada a una maquina multifuerza y fueron los otros privados de libertad quienes grabaron y difundieron el vídeo.

La máxima autoridad del CICPC calificó lo ocurrido como una “supuesta mala praxis policial”, y anunció que sería implacable con “todos aquellos que insulten y transgredan el buen hacer del CICPC”. Al relativizar lo ocurrido y no calificarlo como tortura, el alto funcionario favoreció la impunidad. Hasta el presente no se conoce la existencia de una investigación por parte del Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo para sancionar a los responsables de los hechos denunciados.

La primera intervención de la División Antiextorsión y Secuestro se produjo el 22 de abril, luego de conocerse que funcionarios adscritos a esa dependencia habían detenido y torturado a tres funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, involucrados en la presunta extorsión de un comerciante. Los integrantes de las FAES, dos hombres y una mujer, fueron detenidos durante un procedimiento realizado por los agentes del CICPC, y durante su permanencia en los calabozos de El Hatillo fueron golpeados, electrocutados y objeto de abusos sexuales por parte de sus custodios. En esta ocasión, la investigación sí fue conducida por el Ministerio Público y el hecho fue calificado como un acto de tortura.

– Nicolás Maduro, en su gestión constitucional antes, y en su gobierno de facto ahora, ha enviado incansables mensajes de apoyo a quienes sostienen su dictadura mediante la represión y los abusos contra los derechos humanos. En mayo de este año Gustavo González López, un militar de línea dura -formado en la Escuela de Las Américas-, fue reasignado como jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). González López había sido removido del cargo luego del presunto asesinato por torturas del concejal opositor Fernando Albán, quien se encontraba bajo custodia de dicho cuerpo policial. Durante la primera gestión del militar al frente del organismo, se produjeron numerosos casos de torturas y al igual que Albán, los señores Rodolfo González y Carlos Andrés García murieron en las sedes del cuerpo policial de Plaza Venezuela, en Caracas, y San Fernando de Apure.

– El 24 de septiembre el Tribunal 36 de Control del Área Metropolitana de Caracas, condenó a los funcionarios pertenecientes a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Ascanio Antonio Tarascio y Estiben Zárate, a seis años y ocho meses de prisión, por su implicación en el asesinato del Capitán de Corbeta de la Armada, Rafael Acosta Arévalo. Los funcionarios habían sido imputados por el delito de homicidio preterintencional concausal y cumplirán su breve condena en la sede de la DGCIM.

La sentencia dictada es insuficiente y no establece responsabilidades directas relacionadas con la tortura y tratos crueles que sufrió Acosta Arévalo en el mes de junio. Con la decisión, el gobierno de facto intentó eludir su responsabilidad en otro caso de asesinato por torturas, delito sancionado con una pena que oscila entre los 15 y 25 años de cárcel de acuerdo a la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, vigente desde julio de 2013. La decisión del Tribunal 36 de Control, estimula la práctica de la tortura por parte de organismos policiales y militares y reafirma que en Venezuela se consolida una estructura institucional para favorecer el abuso de poder, las violaciones a los derechos humanos y la impunidad.

Un escenario de emergencia humanitaria compleja; ausencia de institucionalidad democrática y sistemáticos abusos contra los derechos humanos, han condenando a los venezolanos a condiciones de vida extremadamente precarizadas. Desde mayo de 2016 Venezuela ha estado sometida a un continuado e inconstitucionalmente prorrogado “Estado de Excepción y Emergencia Económica”, que brindó una “legalidad” paralela a la Constitución a la dictadura de Maduro, estableciendo la suspensión indefinida de las garantías constitucionales para los derechos a libre asociación, reunión, expresión, información y manifestación pacíficas, y la supeditación de los derechos ciudadanos a los intereses del Estado y la seguridad nacional. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, identificó un patrón generalizado y sistemático por parte de la gestión de Maduro, dirigido a aplastar la disidencia y el descontento social. Las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos revelan la existencia de una política o plan de Estado dirigida a promover, tolerar y encubrir la comisión de abusos contra las garantías ciudadanas mediante prácticas dirigidas a causar terror en la población.

En la Venezuela de Maduro, el poder del Estado es empleado para cometer violaciones de los derechos que este debe respetar y garantizar. La impunidad es favorecida con la ausencia de investigación, sanción a los culpables y mecanismos de rendición de cuentas. La construcción de un marco jurídico que favorece la ejecución de crímenes contra los derechos humanos y el encubrimiento y absolución de los responsables, sumado al aliento simbólico y real que desde el alto poder se brinda a los perpetradores de dichos crímenes, mantienen encendida una interminable espiral de abusos que seguirá cobrando víctimas si no es detenida a tiempo.