Rafael Venegas | Un rechazo contundente a la maniobra de la dictadura que ha tomado por asalto la Asamblea Nacional y la exigencia de que se organicen y se lleven a cabo unas elecciones presidenciales libres en el más corto plazo posible, con las máximas garantías democráticas para los actores políticos y para la ciudadanía toda, es la respuesta de la comunidad internacional a la ofensiva arbitraria y violenta del régimen, cuya consecuencia ha sido la profundización de la grave crisis de legitimidad del (des) orden político, institucional, cultural, social y económico de la sociedad venezolana. Esta es, a nuestro juicio, la conclusión más importante que se desprende de la exitosa gira de Estado realizada por el Presidente (e) de la República, Ing., Juan Guaidó, por Europa y el norte de nuestro continente.

En efecto, la comunidad internacional diversa, plural y democrática, en coro cada vez más amplificado y en tono cada vez más alto, ha reiterado de nuevo la urgencia de realizar un proceso que coloque en manos del Soberano, a través de una consulta democrática, la decisión que ponga fin a la usurpación del Poder Ejecutivo, como punto de partida para el restablecimiento pleno del orden constitucional infringido y para abrir caminos que conduzcan a revertir las devastadoras consecuencias que la crisis ha tenido sobre las condiciones materiales y espirituales de existencia de quienes habitamos Venezuela. A su vez, esta demanda expresa la angustia de un pueblo que en un 85% rechaza el estado de cosas actual y exige cambios; de tal manera que no se trata de una voluntad que pretenda imponerse desde el exterior, por fuerzas extranjeras ajenas a nuestros intereses como nación y como pueblo, sino de la interpretación cabal del sentimiento y las aspiraciones de la inmensa mayoría nacional.

Lo que está en juego son derechos y garantías fundamentales consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra propia Constitución

Es claro que el asalto violento a la Asamblea Nacional, el desconocimiento arbitrario de la mayoría parlamentaria y el intento por anularla en sus funciones, forman parte del plan orquestado por la entente cívico-militar que desgobierna a fin de perpetuarse en el Poder contra la voluntad expresa de nuestros compatriotas, de burlar esta demanda que es un clamor nacional e internacional y de realizar en su lugar unas elecciones parlamentarias de pacotilla, diseñadas a la medida del régimen, sin la participación de las fuerzas democráticas, a la manera del sainete montado el 20 de mayo de 2018, cuando fraudulentamente fue ratificado en el poder Nicolás Maduro, configurando la situación de usurpación del Poder que ha prolongado y profundizado la crisis del país. Para ello cuenta con la concertación del resto de los Poderes Públicos, igualmente ilegales e ilegítimos, con la complicidad de la corte de adulantes y oportunistas agrupados en la llamada “mesita de diálogo”, o atrincherados en el Palacio Federal Legislativo gracias al apuntalamiento de las fuerzas represivas de la dictadura y de sus grupos paramilitares, los cuales, obviamente, están dispuestos a imponer su voluntad a sangre y fuego.

De esta manera, la tiranía va cerrando cada vez más los caminos para una solución pacífica, democrática y constitucional a la espantosa tragedia nacional que nos hunde en el empobrecimiento, el hambre y la miseria. No obstante, es posible y necesario alinear todos los respaldos nacionales e internacionales y convertirlos en un gran caudal de fuerzas sociales y políticas enrumbadas firme y definitivamente hacia el logro de los objetivos enunciados en párrafos anteriores. En este sentido, nos atrevemos a proponer una iniciativa política que, sin exclusión de otras, podría contribuir a este esfuerzo: el impulso de un amplio movimiento de opinión y movilización, nacional e internacional, orientado a exigir la convocatoria de un proceso comicial que simultáneamente elija un nuevo Presidente y una nueva Asamblea Nacional.

De acuerdo con lo anterior, sería menester formular un plan que, entre otras muchas cosas, contemple: 1) Fortalecer en la conciencia ciudadana el principio de la soberanía popular, el protagonismo del pueblo y el valor del voto como instrumento de cambio. 2) Establecer la relación existente entre esta demanda política y la lucha por lograr mejores condiciones de vida y trabajo para todos. 3) Explicar que la lucha por elecciones libres y por el poder político no es un fin en sí mismo sino un medio para adelantar un programa orientado a revertir los efectos más perversos de la crisis y a edificar de un país soberano, democrático, de progreso y justicia social. 4) Asumir esta demanda como una responsabilidad que debe concretarse desde la legítima Asamblea Nacional y no como una solicitud a los representantes del régimen en las diversas instituciones del Poder; responsabilidad que empieza por la designación de un nuevo CNE confiable, respetable y respetuoso de la voluntad del Soberano expresada en el voto y que culmina con la convocatoria y realización de los comicios de marras. 5) Que recorriendo este camino, sin desmontar su plan ni desmovilizar al pueblo, esté, sin embargo, presto a avenirse con los representantes del régimen, si fuera el caso, siempre a los fines de los propósitos aquí planteados y bajo la intermediación y la garantía de la comunidad internacional a través de su representación delegada.

Algunos podrían pensar, con poderosas razones, que una iniciativa como esta constituye una ingenuidad destinada de antemano al fracaso y, en el mejor de los casos, una pérdida de tiempo innecesaria, dada la naturaleza del régimen y vistos sus objetivos aquí denunciados. Frente a esto nosotros respondemos señalando que de lo que se trata es de llevar hasta sus últimas consecuencias esta iniciativa, en el marco de una concepción de soberanía nacional y bajo la movilización protagónica del pueblo, a fin de colocar a la dictadura frente a un dilema: o abre las compuertas para que los cambios discurran por canales constitucionales, democráticos, pacíficos y electorales; o termina de cerrar definitivamente esta vía con lo cual, de hecho, legitima la posibilidad de otros caminos. Al fin y al cabo, lo que está en juego son derechos y garantías fundamentales consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra propia Constitución. Estos revisten carácter supranacional y supraconstitucional y su desconocimiento por parte de regímenes opresivos y tiránicos legitiman el derecho a la rebelión, de acuerdo con lo pautado en el Preámbulo de dicha Declaración y en concordancia con lo establecido en los artículos 333 y 350 de nuestra Carta Magna.

ACERCA DEL AUTOR:

Profesor universitario. Dirigente político. Secretario General de Vanguardia Popular.