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El insuficiente monto de las pensiones que otorga el gobierno a más de 4 millones de personas, las condena al hambre y severos riesgos para la salud. Equivalen a menos de un centavo de dólar diario, menos de un dólar mensual. En este momento una pensión equivale a 0,77 centavos de dólar, calculado a tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Si se compara con la canasta alimentaria, se requieren 285 pensiones para adquirir los productos básicos.

Las pensiones más bajas de todo el continente en un país petrolero que además incrementó considerablemente su deuda externa. Las pensiones más bajas de la región, pagadas por un gobierno que alardea trabajar para los más necesitados y afirma que en pocos años se logrará nivel de pobreza cero.

Esa indolencia ante la situación de los adultos mayores genera graves consecuencias. No sólo se somete a pasar hambre a millones, sino que les imposibilita comprar hasta las medicinas más económicas que puedan ser ofertadas en el mercado.

El derecho a la seguridad social en Venezuela es lesionado a diario por el gobierno de facto de Maduro. En teoría, la seguridad social quedó consagrada en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social que reza: “crear el Sistema de Seguridad Social, establecer y regular su rectoría, organización, funcionamiento y financiamiento, la gestión de sus regímenes prestacionales y la forma de hacer efectivo el derecho a la seguridad social por parte de las personas sujetas a su ámbito de aplicación”.

En la actualidad, no existe tal sistema de seguridad social que proteja a los ciudadanos y proporcione garantías a las contingencias de desempleo, invalidez, vejez, enfermedad, accidente laboral, maternidad o pérdida del jefe de familia.

Por el contrario, se ha promovido la opacidad de información en recursos presupuestarios, improvisación en la adjudicación de bonos económicos o Bonos de la Patria, pago de pensiones de vejez a través del Carnet de la Patria, discriminación y sectarismo, poca o nula distribución de medicamentos de alto costo, programas asistencialistas sin diseño y ejecución con enfoque en derechos humanos, entre otros aspectos, han incidido en los estados de vulnerabilidad y pobreza que enfrenta el país.

En lo referente a pensiones y jubilaciones, existe en los últimos años un aumento poco significativo en cuanto a número de pensionados y las pensiones. Al incrementarse los niveles de desempleo y éxodo masivo es poco probable el incremento de pensionados y jubilados, aunado a la desatención del gobierno de facto de no aumentar las pensiones.

Con base a lo anterior, las malas acciones o inacciones de los responsables de diseñar y ejecutar políticas en materia de seguridad social recaen directamente en los grupos poblacionales más vulnerables. Prueba de ello se evidencia en la pérdida de beneficios para jubilados en las contrataciones colectivas, escasez de efectivo en el cobro de pensiones, geriátricos y comedores desasistidos, muerte por desnutrición severa de adultos mayores,11.700 pensionados desamparados en el exterior, entre muchas otras violaciones.

Ante los atropellos y constantes violaciones a los jubilados y pensionados, es urgente la aplicación de medidas que garanticen el cumplimiento de este derecho a los venezolanos, como la ejecución de la LOSSS; creación de políticas con enfoque en derechos humanos, que tomen en cuenta la transparencia de los procesos, el desarrollo de la población objeto y el crecimiento económico; creación de programas de transferencia condicionada, diagnóstico social de poblaciones vulnerables y aumento y homologación de las pensiones; que coadyuven, en cierta medida, a la reducción de la desigualdad.

Provea considera que la reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible a través del ingreso, atención en salud y programas sociales, entre otras variables, es un asunto de estabilidad social y política para la Venezuela actual.

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Prensa Provea