El pasado19 de julio, el Secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, presentó su tercer informe sobre la crisis venezolana a la Consejo Permanente.
Este tercer informe, como los otros dos, pone en evidencia la profundización de la crisis y la responsabilidad del gobierno venezolano en ella.
Todos los elementos abordados por el diplomático son importantes por su gravedad, sin embargo quisiéramos resaltar dos puntos que se desarrollan en el texto presentado:
El primero tiene que ver con la tortura sistemática aplicada a los detenidos por las fuerzas de seguridad del Estado, especialmente por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Policía (Sebin). Un delito de lesa humanidad, por lo tanto no prescriptivo. En este sentido, se registra “continuidad… de métodos específicos ya denunciados con anterioridad, en todas las víctimas, ejecutadas con mayor saña y morbo por parte de los funcionarios que las practican.”
Algunos de los patrones de tortura que Almagro presenta son: violencia y fuerza ejercida por los funcionarios mientras los torturaban; uso de gases tóxicos o polvo extraído de las bombas lacrimógenas, para aplicarlos directamente en la cara de la víctima; obligar a las víctimas a comer excremento o gusanos; tortura sexual de desnudamiento, amenazas de violación, actos lascivos o violación; palizas, descargas eléctricas; colgarlos por los brazos permitiendo que toquen el piso solo con las puntas de los pies por horas, entre otras gravísimas acciones que ponen en peligro la vida de las personas, atentan contra su dignidad y les ponen en riesgo de sufrir daños permanentes.
“La tortura, así como los tratos crueles, inhumanos o degradantes, están prohibidos en todo momento y en todo lugar, incluso en tiempo de guerra. Ninguna emergencia nacional, por terrible que sea, justifica recurrir a torturas”, expone el Secretario.
El segundo punto es la supuesta relación de altos funcionarios con tráfico de drogas. Hace mención a los casos de Néstor Reverol, y las condenas de Efraín Campos y Francisco Flores, sobrinos de la Primera Dama, Cilia Flores.
“Las incautaciones de grandes volúmenes de drogas, como el descubrimiento en 2013 de 1,4 toneladas métricas de cocaína en un vuelo de Air France de Caracas a París, hacen improbable que no exista una participación militar de alto nivel en el tráfico de drogas a través de las redes de transporte de Venezuela”.
La profundización de la crisis de la institucionalidad democrática,ahora incluyendo las represalias contra el Ministerio Público y su titular, la Fiscal Luisa Ortega Díaz, la pretensión de una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, la acrecentada crisis humanitaria, y el aumento de la represión y sus tácticas, también están contemplados en el informe.
Exigencias
Almagro exhortó a la comunidad internacional a solidarizarse con Venezuela y asumir posiciones firmes al respecto, basados en los principios democráticos que sustentan la Carta de la OEA. «La comunidad internacional debe seguir ejerciendo presión contra el Régimen por todos los medios posibles, incluida la aplicación de sanciones específicas…», y señaló que los Estados miembros deben exigir colectivamente:
La suspensión inmediata del proceso de asamblea nacional constituyente.
La suspensión inmediata de la represión. Debe garantizarse el derecho de las personas a la libre expresión, la libertad de reunión y la protesta pacífica, sin amenazas, detención, prisión o tortura.
Una investigación a gran escala sobre los actos de figuras clave del Régimen y sus subordinados para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos contra la población civil en Venezuela.
La liberación inmediata de todos los presos políticos.
La convocatoria inmediata de elecciones libres, justas y transparentes. Esas elecciones deberán ajustarse a las normas internacionales e incluir la presencia de observadores internacionales. Deberán suspenderse todas las prohibiciones contra los partidos políticos, las organizaciones y los candidatos, con el fin de garantizar la plena participación.
El establecimiento inmediato de un canal para prestar asistencia humanitaria directamente al pueblo de Venezuela.
El retorno al orden constitucional con pleno respeto de la separación de poderes de cada uno de los poderes públicos, de acuerdo con las normas establecidas en la Constitución de Venezuela. Esas medidas deben incluir:
a. La restauración de todas las atribuciones de la Asamblea Legislativa;
b. La selección democrática del Consejo Nacional Electoral; y
c. La selección democrática del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela.
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