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Rafael Lacava, Gobernador oficialista del Estado Carabobo, inició un juicio por presunta “difamación” contra Marino Alvarado, Coordinador de Exigibilidad Legal de PROVEA, y el padre Alfredo Infante, Director de Derechos Humanos del Centro Gumilla; tras la exigencia de los representantes de las organizaciones de abrir una investigación formal hacia Lacava por la presunta responsabilidad en las 221 denuncias de ejecuciones extrajudiciales a manos de funcionarios policiales en Carabobo.

“Debe investigarse su presunta responsabilidad, ese es el papel del Ministerio Público” resaltó Alvarado mientras exhortaba a la Defensoría del Pueblo a que colabore con la Fiscalía para iniciar investigaciones, por las presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. 

El gobernador oficialista del estado Carabobo, Rafael Lacava, abrió un juicio por la presunta comisión del “delito de difamación agravada continuada” en contra de Alvarado e Infante, quienes son unos destacados activistas de los derechos humanos en Venezuela, con años de experiencia en la lucha por las injusticias en el país.

Repercusiones tras exigir justicia

Rafael Lacava demanda luego de que en marzo del 2022 se exigiera que él fuese investigado, por su presunta responsabilidad en 221 denuncias de ejecuciones extrajudiciales en Carabobo

La policía de Carabobo fue de las más letales de Venezuela en 2021, según el Informe 2021 del proyecto de PROVEA y Centro Gumilla: Lupa por la Vida

Carabobo fue el segundo Estado de Venezuela más letal con denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el 2021: 221 presuntas víctimas. La policía estatal de Carabobo fue la más letal del país con 132 muertes, el municipio capital, Valencia, se convirtió en el segundo de la nación con mayor número de víctimas de presuntas ejecuciones, 98 personas.

La notificación de juicio por “difamación” se produce tras la presentación del informe conjunto “Lupa por la Vida”, en el que se registran las violaciones al derecho a la vida en Venezuela.

En la presentación del Informe se exige al Ministerio Público y a las autoridades de Venezuela que inicien una investigación contra Rafael Lacava por su presunta responsabilidad en la cadena de mando de las denuncias de ejecuciones extrajudiciales a manos de los cuerpos de seguridad en el estado Carabobo, parte de su gestión como gobernador en 2021.

En Venezuela hay graves violaciones de derechos humanos, como el derecho a la vida. En 2021 se registraron 1414 presuntas ejecuciones extrajudiciales en el país, denunciado por PROVEA y @centrogumilla con su informe Lupa por la Vida 2021.

Persiste la impunidad generalizada en los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, los autores y las cadenas de mando deben ser investigadas

En 2021 la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió una investigación formal sobre Venezuela, por los presuntos crímenes de lesa humanidad en el país, ofreciendo esperanza para las víctimas. Una decisión histórica, que convirtió a Venezuela en el primer país del continente americano con una investigación de este tipo.

Tanto el proceso en la Corte Penal Internacional como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela son los últimos mecanismos de protección de derechos humanos que sirven de contención del autoritarismo y el abuso en el país, estos mecanismos observan la situación y ya han denunciado ataques contra organizaciones como PROVEA por parte del Gobierno y voceros de Nicolás Maduro.

Se profundiza la persecución contra los defensores en Venezuela

Esta nueva amenaza del Gobierno de Maduro forma parte de una política de Estado para criminalizar y perseguir a las organizaciones de derechos humanos en Venezuela. Anteriormente ya han detenido a defensores de derechos como Javier Tarazona, mientras que actualmente se discute en la cuestionada Asamblea Nacional de mayoría oficialista un proyecto de Ley de Anticooperación Internacional contra organizaciones no gubernamentales, asociaciones, universidades y más.

El uso del sistema judicial para perseguir a defensores de derechos humanos es una violación del derecho a defender derechos. El sistema de Justicia de Venezuela ha sido denunciado por la Misión de la ONU de desempeñar un papel importante en la represión del Estado contra los opositores al gobierno.

Esta nueva demanda es la consecuencia que pagan las organizaciones venezolanas y los activistas por ser exigentes con los derechos humanos en Venezuela. Seguiremos como defensores, venciendo todos los obstáculos, incluida esta demanda penal.

Prensa PROVEA