(Caracas, 23.06.22) Lupa por la Vida -programa conjunto entre el Centro Gumilla y PROVEA- apuesta por una institucionalidad que garantice el derecho a la vida. La historia de ambas organizaciones es prueba fehaciente de que nuestra misión es constructiva, y la denuncia, cuando se requiere, apuntala al fortalecimiento institucional y al acompañamiento de los ciudadanos en sus reclamos de justicia. Como organizaciones siempre hemos apostado a que toda controversia, de ser posible, sea resuelta de manera constructiva. Creemos en la transformación positiva del conflicto, y por tanto, las desavenencias dialogadas son una oportunidad para crecer y fortalecer la institucionalidad al servicio de los derechos humanos.
De ahí que, ante la acción legal interpuesta por «difamación continuada y agravada», por parte
del ciudadano Gobernador del estado Carabobo, señor Rafael Lacava, contra el padre jesuita
Alfredo Infante (coordinador de derechos humanos del Centro Gumilla) y el abogado Marino
Alvarado (coordinador de exigibilidad de PROVEA), en relación con los pronunciamientos sobre
el informe «Lupa por la Vida», nosotros queremos aclarar ante la opinión pública nacional e
internacional lo siguiente:
1.- NO ha sido nuestra intención señalar al Gobernador Rafael Lacava como responsable, NI
directo NI indirecto, de presuntas ejecuciones extrajudiciales que pudiesen haber ocurrido en el
estado Carabobo. La solicitud que hicimos en la presentación de nuestro informe sobre la
necesidad de investigar y establecer responsabilidades NO pretendió, de nuestra parte, hacer un señalamiento acusatorio al Gobernador, aunque así pueda haberse entendido.
Lo que quisimos manifestar y aún exigimos en términos generales es que se investigue toda muerte violenta con rigor, para que los familiares de las víctimas de funcionarios policiales en todo el país tengan acceso a la verdad, a la justicia y a la protección efectiva. Afirmamos que corresponde a las instituciones competentes investigar, dar a conocer la verdad de los hechos y establecer responsabilidades para que no haya impunidad. En el caso del ciudadano Gobernador Lacava, aclaramos que no poseemos NI hemos poseído en ningún momento indicios, elementos o fundamentos para vincular a su persona con presuntas ejecuciones extrajudiciales.
No pretendimos en el pasado ni pretendemos en el presente relacionarle con hechos de esta naturaleza, pues para hacerlo, tendrían que existir indicios sobre la persona del Gobernador que, en lo que a nosotros concierne, no tenemos conocimiento que existan.
2.- Si en un contexto relacionado a informaciones sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales,
mencionamos al Gobernador Rafael Lacava en ruedas de prensa, entrevistas y publicaciones
digitales, aclaramos que no fue ni es nuestro propósito ponerle personalmente en tela de juicio,
ni señalarle de forma específica, ni sentenciarle en lo particular. Si por nuestros pronunciamientos pasados ha sido interpretado que pretendimos ponerle en tela de juicio, señalarle o sentenciarle, NOS RETRACTAMOS hoy de tales señalamientos. Reiteramos que responsabilizar personalmente a cualquier individuo de situaciones tan delicadas correspondería a las instancias competentes, garantizando el debido proceso. Nuestra motivación es visibilizar el clamor de justicia de numerosas familias, y que toda muerte violenta sea revisada con profundidad.
De nuevo, en aras de aclarar definitivamente la situación, y prevenir cualquier distorsión posible de interpretación, reiteramos ante la opinión pública que NO tuvimos NI tenemos motivo, fundamento, interés particular o prueba alguna para afirmar o sugerir que el Gobernador Lacava haya tenido responsabilidad o relación con los hechos que mencionamos en nuestro informe Lupa por la Vida de 2021, NI con los sucesos mencionados en entrevistas NI en publicaciones digitales, es decir, con presuntas ejecuciones extrajudiciales en Carabobo.
Lo que quisimos solicitar, y seguiremos solicitando con la fuerza y responsabilidad correspondiente, es que las actuaciones policiales en todo el país se indaguen con meticulosidad, para que los familiares de víctimas de organismos de seguridad incursos en desviaciones sientan que tienen acceso a la justicia y protección efectiva. Es una exigencia a la que aspiramos no sólo en Carabobo, sino en todo el territorio nacional, pues es importante resaltar que hemos recibido denuncias de todo el país, y que estas denuncias NO son NI únicas NI especialmente típicas del estado Carabobo, NI tampoco exclusivas de tiempos recientes, sino que se han producido desde hace varios años.
Apostamos a una institucionalidad policial apegada a la Constitución y las leyes y los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Todos deberíamos estar en contra del abuso policial, pero no en contra de la policía. Al contrario, se requiere de cuerpos policiales con capacidad de garantizar seguridad ciudadana y funcionarios trabajando en condiciones dignas.
3.- Saludamos que el Gobernador, a través de sus representantes, haya expresado la voluntad de contribuir a que de la controversia actual se abran oportunidades para que, mediante el diálogo, se puedan encontrar soluciones pensando en el país, su gente y sus instituciones.
4.- Desde hace varias décadas, nuestras organizaciones se han abocado a monitorear el
desempeño policial y acompañar las diversas exigencias de reforma, revisión e investigación en
la materia. De hecho, en 2006 nuestras organizaciones participaron en la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL), convocada por el gobierno del presidente Chávez, en la cual, entre otros puntos, se hizo énfasis en la necesidad del Estado de sopesar con rigor los argumentos de los familiares de fallecidos en operativos policiales y los de los funcionarios policiales actuantes.
Creemos necesario y conveniente que se adelanten en el país procesos de revisión, fortalecimiento, investigación y reforma de los procedimientos, métodos y actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado. Si la gobernación del estado Carabobo y el Cuerpo de Policía del Estado Carabobo impulsan en lo sucesivo iniciativas para la promoción, educación,
fortalecimiento y protección de los derechos humanos en la región, nuestras organizaciones podrían colaborar constructivamente en esos esfuerzos, en lo que consideramos sería asentar un precedente y un hito en materia de derechos humanos en el país, y en materia de cooperación entre las instituciones del Estado y las organizaciones no gubernamentales.
6.- En momentos en los cuales un amplio sector de la población aspira que en el país se pueda avanzar a través del diálogo constructivo, en función de contribuir a la solución de los problemas que enfrenta nuestro pueblo, consideramos fundamental dar ejemplo de soluciones dialogadas que -sin comprometer las opiniones y posiciones legítimas de las partes- logren dar los mejores resultados.
Firmado: Marino Alvarado y Alfredo Infante por PROVEA-GUMILLA
