El proyecto de derechos humanos Lupa por la Vida, realizado entre PROVEA y el Centro Gumilla, que monitorea en Venezuela las violaciones al derecho a la vida, focalizadas en las ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, documentó que en el año 2021 se cometieron 1414 presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Los hallazgos de este monitoreo tienen como objetivo la construcción de una base de datos que sirva de memoria y apoyo a las víctimas para la exigencia de verdad, justicia y reparación y la construcción de políticas públicas para la no repetición y el restablecimiento del Estado de derecho.
Si bien se constata que hubo una baja considerable en comparación con el año 2020 cuando Lupa por La Vida registró la cantidad de 3034 víctimas producto de la violencia policial y militar, no es menos cierto que aún se mantiene esta práctica por los cuerpos de seguridad como política de Estado.
Creemos en Lupa por La Vida que cuando se detecta la disminución en el número de víctimas en tan corto periodo de tiempo es porque existe voluntad política por quienes detentan el poder para bajar las cifras de violaciones al derecho a la vida.
Un dato a destacar durante el período en análisis es la reducción de la participación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, (PNB), en operativos, y su repliegue en varios estados y a nivel nacional.
Ello hace presumir, pues no hay información pública, que este componente de la policía recibió órdenes de limitar su presencia en labores de seguridad ciudadana en zonas populares.
Las FAES venían siendo el componente armado del Estado más letal transformado en una maquinaria de terror y muerte contra los más pobres.
CICPC y policías estadales: los más letales
En este periodo de análisis a nivel nacional fue el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, la instancia policial que más poder de letalidad exhibió siendo responsable de 347 presuntas ejecuciones extrajudiciales, lo que representa el 24.54%.
Aunque hay que señalar que en su conjunto las policías estadales fueron responsables de 426 muertes, para un 30%.
A la policía científica le sigue la PNB, con 198 ejecuciones (13.58%), de los cuales las FAES son autores de 111. Y prosigue la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, con 152 casos para un 10.75%.
Por su parte, las policías municipales cuentan con 119 asesinatos (8%) y en operativos de actuación mixta 139 (10%).
Por otro lado, se produjo una reorientación en la actuación de algunas policías estadales como es el caso de la policía del estado Zulia que fue desplazada como la más letal por la del estado Carabobo, con 132 víctimas en 2021, para un 9.34% del total.
Entre las policías municipales que más resaltan están las de San Francisco (Zulia) con 22 casos; Valencia (Carabobo), con 14 muertes; Maracaibo (Zulia) con 11; Anaco (Anzoátegui) con 8 casos y Sucre (Miranda) con 7 presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Los estados en los cuales se registraron más víctimas fueron Zulia (234), Carabobo (221) y Aragua (158).
Los municipios Libertador (Caracas) con 115; Valencia (Carabobo) con 98, Maracaibo (Zulia) con 94, Iribarren (Lara) con 49, y San Francisco (Zulia) con 44, fueron las 5 localidades donde hubo más asesinatos a manos de los cuerpos de seguridad.
Llama la atención en estas estadísticas el auge que tuvieron los municipios Simón Bolívar, con 36, y Anaco, con 13, ambos del estado Anzoátegui.
Silencio institucional
En el año 2021 se registraron la masacre de La Vega en Caracas y El Ripial, en La Victoria, estado Apure, esta última en medio del conflicto armado entre la FANB y grupos irregulares y que por extrañas circunstancias contó con una intervención de las FAES. Este suceso está próximo a cumplir un año en esa zona fronteriza.
En ambos casos ha prevalecido el silencio institucional. Ninguno de los dos casos ha contado con una investigación que sancione a los responsables.
De hecho, un indicador de este comportamiento ha sido la impunidad en las sanciones de estas masacres, acompañada del silencio tanto del Ministerio Público como de la propia Defensoría del Pueblo.
Este último organismo peca de graves omisiones para cuestionar la arbitrariedad y abuso de poder en las labores de seguridad ciudadana del Ejecutivo Nacional y contribuir a la investigación y sanción de los responsables. Por su parte, es destacable la falta de voluntad del Ministerio Público para investigar autores materiales y cadenas de mando. La impunidad sigue prevaleciendo.
Aumentó el número de mujeres víctimas de ejecuciones extrajudiciales
Otra de las novedades que presenta este informe de 2021 de Lupa por La vida es el incremento de mujeres víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Según el monitoreo desplegado en todo el país la estadística es de 14, cuando en el año 2020 apenas fue de 4 víctimas.
Siguen siendo los jóvenes de zonas populares en todo el territorio nacional, en edades entre 18 y 24 años, las principales víctimas de este tipo de operativos de los cuerpos de seguridad.
En Lupa por La Vida seguimos corroborando que mientras se mantenga esta práctica sistemática, justificada institucionalmente para ofrecer niveles de seguridad ciudadana, el derecho a la vida seguirá siendo tremendamente vulnerado.
Indicadores que también reflejarán las respectivas actualizaciones, próximas a presentarse, de la Misión de Determinación de Los Hechos y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Por último, queremos destacar que este informe, debidamente ilustrado para su fácil comprensión, viene acompañado de la publicación del mapa de geolocalización de las ejecuciones extrajudiciales.
Con ello, esperamos aportar una herramienta útil para la identificación de la actuación de los cuerpos policiales y militares y como contribución para la construcción de memoria en materia de derechos humanos.
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