El pasado 16 de junio una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó a la activista social Milagro Sala, recluída en el penal Alto Comedero, ubicado en Jujuy Argentina, para constatar su situación. La misión de alto nivel estuvo conformada por el presidente de la CIDH y también relator para Argentina, Uruguay y Venezuela, Francisco José Eguiguren, y la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño.

Milagro Sala, según denunció Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) de Argentina, fue detenida de manera arbitraria el 16 de enero de 2016 por haber participado en un campamento de protesta frente a la casa de gobierno de la provincia de Jujuy. El 28 de diciembre fue condenada a 3 años de prisión y tareas comunitarias, en un juicio donde hubo irregularidades y violación al debido proceso. Un día después vuelve a ser condenada a 3 años y 3 meses de inhabilitación, el pago de una multa y la clausura por 3 meses de su organización, llamada Tupac Amaru. El Grupo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas señalaron que los procesos contra Sala ocurrieron en un contexto de vulneración de la independencia judicial, por lo que solicitaron que fuera liberada inmediatamente. Esta solicitud fue respaldada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el secretario general de la Organización de Estados Americanos. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD).

Los sectores opositores al actual gobierno argentino califican a Milagro Sala como la “primera presa política” del presidente Mauricio Macri. El pasado 08 de marzo de 2017 Nicolás Maduro le otorgó la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela, en su segunda clase, a Sala. En esa oportunidad Maduro expresó: “El suplicio, la tortura de la oligarquía rapaz argentina va a acrecentar la fuerza revolucionaria del pueblo argentino. ¡Que viva Milagros Sala !”.

Las visitas de la CIDH

El Estado argentino, a petición del organismo en derechos humanos, invitó a la CIDH para que realizara una visita a Milagro Sala en la Unidad Número 3 de Mujeres del Servicio Penitenciario de la provincia de Jujuy, conocido como el “Penal del Alto Comedero”, en Argentina. El anuncio de la visita fue divulgado el pasado 27 de mayo, lo que serviría a la CIDH para obtener mayor información sobre la solicitud de medida cautelar a Sala. La visita duró hora y media, tras lo cual la CIDH señaló que “las condiciones de detención son humanitariamente razonables”. Antes de realizar la visita a Sala, la CIDH sostuvo reuniones con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el Fiscal del Estado argentino Mariano Miranda. La dirigente social recibió la visita en compañía de sus abogados, la cual se realizó en la propia celda en donde se encuentra privada de libertad.

Eguiguren declaró tras la visita a Milagro Sala: “Es una persona que se encuentra agobiada y abatida, por lo que significa su reclusión, que ella considera injusta, se siente afectada por estar privada de su libertad y por algunos incidentes por procesos disciplinarios dentro del establecimiento penal”, señaló. “No hay aparentemente una relación de conflicto más allá de un caso concreto con otras internas. No vemos riesgo para su seguridad. Está muy agobiada también por la cantidad de procesos judiciales que tiene y la incertidumbre sobre eso”. Eguiguren confirmó que no se reunirían con las víctimas de Milagro Sala y que la CIDH no tiene la responsabilidad de juzgar la inocencia o no de Sala. También aseveró que no consultaron sobre una supuesta celda de aislamiento porque Sala les dijo que nunca fue recluída en ese lugar, confirmando que la visita no era para evaluar el centro penitenciario en general sino las condiciones de detención de Sala. Después de procesar los datos recopilados en Jujuy, la CIDH se expresará en julio sobre su situación de privación de libertad.

La realización de las visitas a los países, para constatar las denuncias sobre violación de derechos humanos, forma parte de los mecanismos de la CIDH para velar por su cumplimiento por parte de los Estados de la región. En el caso venezolano el Estado venezolano se ha negado sistemáticamente a permitir la visita de cualquier organismos internacional de protección a los derechos humanos, tanto de la OEA (como es el caso de la CIDH), como de la propia Naciones Unidas.