Desigualdad e Impunidad: la pandemia de Venezuela
Caracas, 09.05.2023.- Provea presentó este 09 de mayo, la 34ª edición de su Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela correspondiente al período enero-diciembre de 2022. En este informe se registran los principales avances, retrocesos, obstáculos y amenazas para la realización de 14 derechos humanos en nuestro país.
La Venezuela post-pandemia: más pobre y desigual
La desigualdad y la exclusión son dos condiciones que han agravado la situación de pobreza en Venezuela. En su reporte de país, publicado en enero de 2023, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas reportó que, pese a que algunas mejoras económicas habían ayudado a frenar la hiperinflación, la situación de seguridad alimentaria en Venezuela seguía siendo “inquietante”. Más de cinco millones de personas necesitaban asistencia humanitaria, mientras el país importaba más del 70% de los alimentos procesados que consumía, lo que lo hacía vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales. Como consecuencia, el reporte indica que para agosto de 2022 los precios de los alimentos aumentaron en un 30%. Para la fecha en que se emitió el reporte, Venezuela ocupaba el tercer lugar en el mundo en el rubro de inflación en el precio de los alimentos.
En los últimos ocho años, el país ha sufrido una caída acumulada de 80% de su Producto Interno Bruto (PIB), una de las mayores contracciones registradas en las últimas décadas a nivel mundial y que ha ocasionado un severo daño a la capacidad productiva.
Además, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2022), “Venezuela es el país más desigual de América, con un indicador de 56.7”, de coeficiente GINI, un indicador que mide la desigualdad, basado en la distribución de la riqueza de los países.
El colapso generalizado de los servicios públicos y los altos precios; han creado las condiciones propicias para un aumento exponencial y generalizado de la pobreza en Venezuela.
En diez años al frente de la conducción del país, Nicolás Maduro extinguió el estado de derecho, pulverizando las conquistas sociales y eclipsando los derechos civiles y políticos, bajo la sombra del autoritarismo.
Principales hallazgos
En materia de derechos económicos sociales y culturales, el Informe Anual destaca que la gestión de Nicolás Maduro continuó, durante 2022, su política deliberada de precarización del ingreso de los trabajadores, pensionados y jubilados, al permanecer de espaldas a su obligación de garantizar salarios y pensiones ajustadas al costo de la canasta alimentaria, tal como ordena el artículo 91 de la Constitución Nacional.
Además de ello, con la imposición del Instructivo de la ONAPRE; acabó con las interescalas del tabulador salarial garantizadas en las convenciones colectivas del sector público, lo que atizó la conflictividad en el país, protagonizada fundamentalmente a lo largo del año por trabajadores, jubilados y pensionados.
En respuesta a la ola de protestas, la administración Maduro recurrió a la persecución y a actos de hostigamiento contra dirigentes sindicales. Seis trabajadores permanecen detenidos por reclamar derechos y al menos 344 fueron víctimas de actos de amenazas y hostigamiento por parte de agentes de seguridad y altos funcionarios de empresas e instituciones del Estado. Durante los diez años de gestión de Nicolás Maduro, 87 dirigentes sindicales han sido arrestados y procesados por ejercer derechos y 3.512 trabajadores han sido víctimas de amenazas y hostigamiento.
Un aspecto que demuestra el severo retroceso en materia de derechos sociales, es la definitiva implosión de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). Entre enero y diciembre de 2022, Provea registró, con base en su monitoreo independiente, que el gobierno entregó un total de 3.122 viviendas nuevas, una cifra que contrasta ampliamente con las 500.000 casas que, según el gobierno, habrían sido entregadas en el marco de la GMVV.
De acuerdo a nuestros registros, en diez de gestión Maduro construyó y entregó apenas 130.856 viviendas a través de la otrora política social bandera del proyecto bolivariano, mientras que sus funcionarios insisten en decir que han levantado y otorgado 3.096.257 casas.
En materia de derecho a la salud, en 2022 se cumplió una década del acelerado declive institucional, financiero y operativo del sistema público sanitario y su severo impacto en la calidad de vida de las personas en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja. Producto del continuo desplome, en 2022 se registró un incremento de 34,7% en el número de denuncias por vulneraciones del derecho a la salud. Entre 2013 y 2022, las cifras de denuncias por estas situaciones ascienden a 305.397.
Persiste una estructura bien coordinada para el control social, la exclusión y la represión de la disidencia
En 2022 se mantuvo la práctica estatal –que se ha configurado como sistemática-, de discriminación y exclusión por razones políticas. La Asamblea Nacional –electa en 2020 y con mayoría oficialista- continuó aprobando normas y avalando la actuación del Ejecutivo, actuando de espaldas a la Constitución Nacional.
Dentro del hemiciclo se discute la arquitectura jurídica que le daría sustento legal al llamado Estado comunal, una estructura político-territorial diferente a la expresada en el artículo 16 de la Carta Magna.
Paralelamente a la construcción del Estado Comunal, la Asamblea Nacional consideró otras normativas jurídicas regresivas en materia de derechos humanos.
En mayo de 2022 se conoció que el proyecto de Ley de Cooperación Internacional había sido incluido, de nuevo, en la agenda parlamentaria y, en enero de 2023 otra iniciativa igualmente lesiva para el derecho de libertad de asociación y reunión, el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, fue aprobado en primera discusión.
Al igual que en años anteriores, durante 2022 se registró una elevada cifra de privaciones ilegitimas del derecho a la vida, por parte de funcionarios policiales y militares de Venezuela.
Esas actuaciones, auspiciadas por el aliento institucional y la impunidad estructural, pudieran constituir crímenes de lesa humanidad por asesinato y, en ese sentido, han motivado la investigación que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Venezuela.
En 2022 se registraron 824 presuntas violaciones al derecho a la vida, ocurridas en distintas circunstancias. Aunque esto significa un descenso de acuerdo a los registrado en 2021, este elevado número de muertes refleja la continuidad de una política de Estado que genera violaciones masivas y sistemáticas del derecho a la vida.
Durante 10 años de gestión de Maduro, 9.465 personas han sido asesinadas por policías y militares.
Finalmente, se registró un incremento de 68,6% en el número de violaciones a la integridad personal con un total de 2.203 víctimas, en su mayoría personas privadas de libertad que fueron sometidas a tratos y/o penas crueles, inhumanas y degradantes.
