En 2020 aumentó el número de personas asesinadas como consecuencia del uso deliberado de fuerza letal en el accionar de policías y militares principalmente en operativos denominados de seguridad en zonas de familias pobres.
Se pudo conocer las circunstancias en las que fueron asesinadas 3.034 personas. Esta cifra representa un incremento de 44,33% en el número de ejecuciones respecto al año 2019, cuando se registraron 2.102 casos.
La gran mayoría de estas muertes se produjeron en operativos de seguridad ciudadana y, como ya es costumbre, fueron reportadas oficialmente como muertes ocurridas en enfrentamientos y por resistencia a la autoridad. Las presuntas ejecuciones realizadas por las fuerzas de seguridad -calificadas por las autoridades como enfrentamientos o resistencia a la autoridad-, llevan implícita una supuesta actuación legítima de los cuerpos armados del Estado y, por tal motivo, pasan a formar parte de la creciente lista de casos en los cuales no se investiga, ni a los autores materiales, ni a las cadenas de mando. La intención de calificar, la casi totalidad de los asesinatos cometidos por la fuerza pública como “resistencia a la autoridad”, tiene el propósito de generar impunidad y constituye un aliento a los funcionarios para que sigan actuando sin mayor respeto por el derecho a la vida, confiados en que su acción y conducta no generará ningún tipo de sanción.
En el contexto de manifestaciones fueron asesinadas 7 personas por la fuerza pública un decrecimiento de 82,92% respecto al año 2019 cuando se registraron 41 asesinatos de manifestantes; mientras otras cuatro fallecieron a consecuencia de torturas, un descenso de 82,6% respecto a las 23 víctimas registradas en el período anterior.
De los cuerpos policiales de adscripción nacional, el Cuerpo de investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) desplazó a la Policía Nacional Bolivariana (CICPC) en cuanto a la responsabilidad en presuntas ejecuciones extrajudiciales. El CICPC fue responsable de 735 asesinatos (24,23%) mientras la PNB ocupó el segundo lugar con 724 asesinatos (23,86%).
La disminución en la intensidad de los operativos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB en el último trimestre del año 2020, propició que el CICPC desplazara a este cuerpo policial en la lista de violaciones al derecho a la vida. Esta disminución de los operativos de las FAES, pudo obedecer en gran medida a la publicación –durante el mes de septiembre-, del informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos (MDH) para la República Bolivariana de Venezuela (creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas), en el que se señaló a miembros de este organismo policial como presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) fue responsable de 380 presuntas ejecuciones (12,52%). La participación de militares en casos de ejecuciones extrajudiciales aumentó significativamente entre 2019 y 2020. Mientras en 2019, fueron identificados en 100 casos de esta modalidad de violación al derecho a la vida, para 2020 elevaron su participación en 26,32%. La mayoría de los casos de ejecuciones que involucraron a militares, tuvo como protagonista a la Guardia Nacional Bolivariana con 308 asesinatos (81,05%), 10 de ellos atribuibles a su cuerpo élite CONAS. El creciente proceso de militarización de las labores de seguridad ciudadana conlleva a que la FANB aparezca cada vez más involucrada en la masacre por goteo que se realiza en el territorio nacional.
Mientras, los cuerpos policiales de adscripción estatal, fueron responsables del asesinato de 841 personas (27,72%). Entre las policías que actuaron con mayor letalidad durante 2020 destacan la Policía del estado Zulia, Policía del estado Aragua, Policía del estado Carabobo, Policía del estado Bolívar y la Policía del estado Lara.
Las policías municipales fueron responsables de 188 asesinatos. Estas policías, que están definidas como policías principalmente de carácter preventivo, participan con mayor frecuencia en operativos donde el resultado es dar muerte a presuntos delincuentes. Las policías municipales que actuaron con mayor letalidad fueron: Policía del municipio Maracaibo (Zulia), Policía del municipio Iribarren (Lara) y la Policía del municipio Libertador (Distrito Capital).
En enero de 2020, policías y militares asesinaron a 462 personas; en febrero a 301 y durante el mes de marzo a 340 personas, para un total de 1.103 asesinatos en el primer trimestre del año. Mientras, en octubre fueron asesinadas 54 personas; otras 69 en noviembre y 59 durante el mes de diciembre, para un total de 182 personas asesinadas en el último trimestre de 2020. El mes del año con mayor cantidad de presuntas ejecuciones fue mayo con 495 asesinatos.
Del total de víctimas identificadas en las cuales se pudo conocer la edad, el 35,06% corresponde a jóvenes entre los 18 y 30 años, lo que indica un patrón de discriminación que pone en riesgo la vida de los jóvenes.
Las ejecuciones extrajudiciales han pasado a constituir una política de Estado en la que están involucrados altos funcionarios del Ejecutivo Nacional, y los mandos de los organismos policiales y militares. A ello hay que agregar el silencio cómplice de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público, ya que la ausencia de investigación a los responsables de estos crímenes, contribuye a consolidar la impunidad estructural que sigue erosionando las garantías para los derechos humanos en el país.
La MDH alertó en su informe: “La Misión tiene motivos razonables para creer que el Presidente y el Ministro del Interior tenían conocimiento de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el contexto de las operaciones de seguridad y contribuyeron a su comisión, como se documenta en el presente informe. En el periodo que se examina, los Ministros del Interior han sido Miguel Rodríguez Torres (abril de 2013 a octubre de 2014); Carmen Teresa Meléndez Rivas (octubre de 2014 a marzo de 2015); Gustavo González López (marzo de 2015 a agosto de 2016); y Nestor Reverol Torres (agosto de 2016 hasta la fecha). La Misión tiene motivos razonables para creer que los directores de la PNB y del CICPC, así como el Director Nacional de la FAES, tenía conocimiento de esos mismos crímenes y contribuyeron a su comisión”.
Las conclusiones de la MDH ratificaron lo que hemos venido afirmando en cuanto a que las ejecuciones extrajudiciales en el país no son consecuencia de actuaciones aisladas de funcionarios, sino que responden a esta política de Estado, frente a la cual no existe voluntad para castigar a los responsables por los abusos, y menos aún para implementar las recomendaciones de los organismos internacionales de protección de derechos humanos.
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