Luego de más de 24 años de tensiones y confrontación, el conflicto venezolano no pareciera tener una resolución a corto plazo.
Cuando escribimos este texto, la Emergencia Humanitaria Compleja, que emergió en el país a partir del año 2014, se agravó como consecuencia de la pandemia Covid-19, teniendo como resultado que para el año 2021 Venezuela presentará, según la Encuesta de Condiciones de Vida, el Coeficiente de Gini más alto de la región, con un 56.7.
La desigualdad ha pasado a instalarse como uno de los graves problemas del país, acelerada por la falta de contrapesos en los poderes, mecanismos de contraloría y sanción a la corrupción.
La imposibilidad de obtener ingresos suficientes continúa empujando a una cantidad importante de venezolanos a la migración forzada, incluso en condiciones precarias, protagonizando el fenómeno de los “caminantes”.
El incremento de la pobreza tiene como contraparte la erosión de la institucionalidad democrática.
Desde el año 2016, luego de haberse transformado en una minoría social y electoral, la gestión de Nicolás Maduro decidió transformarse en un modelo no democrático de gobierno.
La ausencia de mecanismos formales para canalizar y resolver el conflicto, de manera pacífica, constitucional y democrática, motivaron 3 ciclos de protesta, entre los años 2014 a 2019.
El liderazgo político opositor construyó una estrategia para dividir la coalición dominante, especialmente a las Fuerzas Armadas, y lograr una transición política por colapso del gobierno.
Luego de elecciones presidenciales fraudulentas, en mayo de 2018, la Asamblea Nacional de mayoría opositora decidió enfrentar la usurpación del poder ejecutivo asumiendo sus competencias, en un contexto internacional de desconocimiento mayoritario sobre la majestad presidencial de Nicolás Maduro.
Una suma de factores logró su derrota. Y cuando los sectores sociales del país intentaban discutir como continuar la lucha por la democracia, las restricciones sanitarias de cuarentena lograron lo que la represión no había podido: la desmovilización generalizada de los partidos políticos, gremios y movimientos sociales del país, en medio de una profunda crisis de representación y liderazgo. Este es el contexto en el que aparece esta investigación.
“Florecer en el abismo. Respuesta del movimiento de derechos humanos venezolano frente a la erosión de la institucionalidad democrática (1999-2019)” pretende hacer una sistematización de las estrategias de las organizaciones, defensores y defensoras de derechos humanos del país durante 20 años, con el objetivo de aportar elementos para el debate en curso, dentro de estas iniciativas, sobre cómo seguir promoviendo la dignidad humana en un escenario económico, social y político que, si bien tiene continuidades también está experimentando importantes transformaciones.
Extraer las lecciones aprendidas sobre las fortalezas, pero también sobre las debilidades y limitaciones, no sólo será de interés para los miembros de ONG venezolanas en derechos humanos, sino también para otros activistas que en sus realidades estén experimentando reducciones del espacio cívico y retrocesos en las libertades democráticas.
Y si bien pudiera ser leído por cualquier persona interesada en estos temas, el público que pretende alcanzar es, en primer término, a los defensores y defensoras de derechos humanos, así como a otros activistas y promotores de movimientos sociales y populares. Más que interés académico, el presente documento tiene un objetivo estratégico y movimientista.
Antes de continuar quisiéramos aclarar algunos términos sobre el marco conceptual utilizado en la presente investigación.
Si bien compartimos el termino amplio sobre lo que es un defensor o defensora de derechos humanos, promovido por el Alto Comisionado de Naciones Unidas (“Se usa la expresión “defensor de los derechos humanos” para describir a la persona que, individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos derechos”), por razones de delimitación del objeto de estudio en este documento se ha usado el concepto restrictivo de lo que es un defensor o defensora de derechos humanos: Una persona que defiende los derechos humanos y que forma parte de una organización cuyo mandato y objetivos es la defensa de los derechos humanos de otros.
Sobre el término “democracia” hay un debate académico y político inacabado sobre la significación, alcances y límites del concepto.
En nuestro caso nos basamos en la resolución del año 2002 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas “Nuevas medidas para promover y consolidar la democracia” donde establece 10 elementos esenciales que caracterizan a la democracia: el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; la libertad de asociación; la libertad de expresión y de opinión; el acceso al poder y su ejercicio de conformidad con el estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas libres e imparciales por sufragio universal y mediante voto secreto como expresión de la voluntad de la población; un sistema pluralista de organizaciones y partidos políticos; la separación de poderes; la independencia del poder judicial; la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública y unos medios de comunicación libres, independientes y pluralistas.
Entonces, cuando hablamos de la erosión de la institucionalidad democrática nos estamos refiriendo al deterioro progresivo de los 10 elementos anteriores.
Para que las conclusiones del presente informe sean de mayor utilidad para una conversación global, hemos decidido sortear el debate ideologizante por el cual se tiende a comprender el conflicto venezolano: Un gobierno autoritario de signo izquierdista enfrentado al modelo democrático liberal.
En cambio entendemos al proyecto bolivariano como un fenómeno “populista”, lo que nos permite establecer con mayor claridad las comparaciones con gobiernos que hoy debilitan las libertades democráticas y constriñen el espacio cívico, incluyendo el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos.
Al superar la dicotomía “izquierda” y “derecha”, compartimos la corriente de opinión evidenciada por el trabajo de César Rodríguez y Krizna Gomez califican como el “desafío populista” a los derechos humanos, cuyos desafíos son enfrentados en la actualidad por activistas de Estados Unidos (el legado de Donald Trump), Turquía, Hungría, Rusia, Filipinas, El Salvador y Nicaragua entre otros.
“Lo que se necesita, por tanto, es un nuevo manual de estrategias de derechos humanos que actualice el diagnóstico de, y las respuestas a, las medidas severas contra la sociedad civil en general y contra las organizaciones de derechos humanos en particular”
Según estos autores las principales características del populismo contemporáneo son el “antielitismo” y el “antipluralismo”. En la primera dimensión “la élite” es una categoría central del discurso populista, un híbrido de realidad empírica y construcción simbólica. Por tanto, el éxito populista depende de su habilidad para aumentar simbólicamente el significado de qué es la elite y quienes son parte de ella, incluyendo a una variedad de grupos contra los cuales “el pueblo” debe movilizarse. En la segunda dimensión, el populismo sólo reconoce como sujetos de derechos a aquellos iguales a si mismos –“Chávez es el pueblo”-, promoviendo la lógica moral del “nosotros” contra “ellos”, en el cual la alteridad y la diferencia es percibida y enfrentada como una amenaza.
Estos autores sostienen que en nombre de la voluntad del pueblo y en nombre de la democracia, los populistas socavan los derechos humanos, y así promueven un sistema de “democracia sin derechos”. Como veremos a continuación la receta populista contra los defensores y defensoras de derechos humanos se cumple en Venezuela, de la misma manera que en otros países bajo gobiernos populistas: Las restricciones a la financiación extranjera, las campañas de desprestigio, las restricciones de derechos fundamentales, cargas severas cobre las capacidades operativas de ONG y actores de la sociedad civil, y la cooptación y estatización de sectores de la sociedad civil.
La gran pregunta que nos hemos hecho, en el transcurso de la investigación, es cuáles son las estrategias más eficaces, qué debemos reforzar, para enfrentarla. Ojalá hayamos encontrado algunas claves para empezar a responderla satisfactoriamente.
Finalmente, entendemos por “espacio cívico” la explicación dada por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: El contexto que propicia que la sociedad civil desempeñe una función en la vida política, económica y social de las sociedades. En particular, el espacio cívico permite que las personas y los grupos contribuyan a la elaboración de políticas que afectan a sus vidas, al facilitarles, entre otros: Acceder a la información, participar en el diálogo, manifestar disidencia o desacuerdo, y unirse para expresar sus opiniones. “Un espacio cívico abierto y pluralista que garantice la libertad de expresión y opinión, así como la libertad de reunión y asociación, es un requisito indispensable para que el desarrollo y la paz sean sostenibles”.
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