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En la medida en que se conozcan estos instrumentos y mecanismos, aumentará la posibilidad de que las personas, comunidades, organizaciones sociales acudan a las instancias respectivas, y utilicen los mecanismos contenciosos y/o administrativos para reclamar al Estado (en concreto a la instancia involucrada: ministerio, gobernación, alcaldía, poder judicial) el reconocimiento, respeto o satisfacción de un derecho, es decir hacerlo justiciable.

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