ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
La reciente detención arbitraria y orden de encarcelamiento contra los defensores de derechos humanos Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García de la organización Fundaredes es la continuidad de un ataque generalizado y sistemático contra la población venezolana y represión selectiva contra defensores de derechos humanos.
No es un suceso aislado. Es la continuidad de una política de Estado que, al menos desde 2014, se ha ejecutado de manera planificada con la participación de altos funcionarios del Estado.
Es la misma política con la cual se ha perseguido a diputados, líderes sindicales, estudiantiles, forzando su exilio o encarcelándolos.
La gravedad de las violaciones a los derechos humanos es de tal magnitud que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional estableció en su Informe de diciembre de 2020 que, de la información disponible en la etapa del Examen Preliminar, existe un fundamento razonable para considerar al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional.
Esos crímenes se siguen cometiendo y con ello se acrecienta el expediente mediante los cuales los responsables de su perpetración pueden empezar a ser investigados en un futuro inmediato para que rindan cuentas.
La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet lo volvió a señalar en su más reciente informe: “Las restricciones al espacio cívico siguen siendo motivo de preocupación. Resalto, en particular, la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes, sobre todo hacia la sociedad civil, los medios de comunicación y los miembros de la oposición”.
En el caso de la detención y encarcelamiento de los tres defensores de derechos humanos de Fundaredes es importante destacar son procesados un tribunal de control con competencia en delitos de terrorismo. Las imputaciones las realiza un fiscal del Ministerio Público. Es decir, el Sistema de Justicia activado como instrumento para la persecución política.
Se les impuso un defensor público con lo cual se atentó contra su derecho a la defensa el cual incluye la posibilidad de designar un defensor de su confianza. Tan evidente fue esta violación que la Alta Comisionada se pronunció en su informe al referirse a las restricciones del espacio cívico: “El arresto de tres miembros de Fundaredes hace solo tres días es un ejemplo preocupante. Aprovecho esta intervención para solicitar el acceso urgente de abogado defensores de su elección.
Por otra parte, previo al encarcelamiento de Javier Tarazona el gobierno lanzó una intensa campaña de estigmatización y criminalización con la participación directa en esa campaña de altos funcionarios del gobierno y el uso de los medios públicos. Se repite el patrón represivo en el cual las campañas de desprestigio forman parte de la estrategia del Estado venezolano para perseguir y detener.
Toda la campaña contra el director de Fundaredes y los otros dos integrantes de esa organización, así como la detención arbitraria, se realizó con el absoluto silencio del Defensor del Pueblo. Así, continúa también sumando a su expediente por la complicidad para que se produzcan graves violaciones las cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
Desde el gobierno se ha venido manifestando que, como consecuencia de las opiniones e informaciones difundidas por redes sociales, avanza el proceso en la Corte Penal Internacional con la posibilidad pronto continúe hacia la fase de investigación y a partir de casos concretos, se establezcan unos presuntos responsables.
No, no es el ejercicio de la libertad de expresión, lo que permite avanzar. Son las violaciones graves, sistemáticas y generalizadas a los derechos de la población, es la constancia de las víctimas exigiendo justicia, así como la documentación seria e integral de organizaciones de la sociedad civil, lo que permite a la Corte cumplir de manera independiente sus funciones y trabajar para que no haya impunidad.
La persecución, la arbitrariedad, las detenciones arbitrarias, las desaparición forzada y violaciones al debido proceso, la política de Estado contra disidentes, es lo que refuerza el expediente en la Corte Penal Internacional contra los presuntos responsables de los crímenes que han ocurrido y continúan sucediendo en Venezuela.
En la Corte Penal Internacional no se desarrolla un proceso contra el Estado venezolano. Es contra individuos. Aquellos que han participado de manera directa en los crímenes y forman parte de las cadenas de mando ya sea desde posiciones en el gobierno o en las estructuras policiales y militares. Son personas con nombre y apellido, quienes pudieran ser procesados. Por lo tanto, las afirmaciones de funcionarios que se trata de una acción contra la República, es totalmente falsa.
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
