ACERCA DEL AUTOR:
Keymer Avila
Abogado (UCV) Máster en Criminología y Sociología Jurídico Penal, UB (Barna). Investigador del @cpenalesucv y Profesor de @criminologial en Pre y Postgrado UCV
Keymer Ávila | Las lamentables muertes de los detenidos en los calabozos de la Policía del Estado Carabobo colocó nuevamente sobre el tapete del debate público la situación de las personas privadas de libertad en Venezuela. Un problema estructural de vieja data que se instrumentaliza coyunturalmente, pero que no es atendido más allá de algunos pronunciamientos mediáticos que intentan salir del paso a escándalos temporales. Hace unas semanas conversamos sobre este tema con la destacada periodista Vanessa Davies para su programa “Por dónde vamos”, este intercambio servirá de guía para presentar una breve panorámica sobre este fenómeno:
VD: ¿Quién es el responsable? Porque ahora hemos escuchado distintos pronunciamientos de funcionarios que dicen que no es su responsabilidad, entonces ¿quién es el responsable de lo que pasó en la comandancia policial de Policarabobo?
KA: El responsable es el Estado, habría que conocer los resultados que arrojarían las investigaciones concretas del caso para adjudicar las responsabilidades de manera más específica. Pero esto es una crisis estructural que no es nueva y que siempre que ocurre una tragedia todo el mundo empieza a discutir. Sin embargo, no se va más allá, el tema de la crisis de los centros penitenciarios lleva décadas. Por ejemplo, cuando vemos las cifras de la situación en las penitenciarías, a las que uno tiene acceso, que son las que provienen de organizaciones de la sociedad civil -porque no hay documentos oficiales de los cuales se pueda extraer alguna información actualizada-, hay al menos unas 54.730 personas privadas de libertad en las cárceles venezolanas, allí está la juventud del país; que tienen edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, donde el 95% son hombres y de éstos más del 60% son apenas procesados; es decir, no se trata de condenados, son personas que técnicamente son inocentes y que padecen un hacinamiento general del 54%. Las cárceles venezolanas, tienen una capacidad para 35.000 personas pero allí están depositadas casi 55.000. Los registros del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) estiman que entre 1.999 y 2016 han muerto por distintas causas unos 6.754 detenidos.
Pero este contexto que he descrito es de las cárceles, es decir, de gente que ya ha sido procesada formalmente por los tribunales de la República.
VD: Es decir ¿Éste es el principal problema en su opinión, el hacinamiento?
KA: El hacinamiento es un síntoma, así como lo que pasó en el calabozo de Policarabobo, estos son apenas síntomas de crisis estructurales muchos más profundas que tienen que ver tanto con las reformas legislativas en materia penal (tanto sustantiva como adjetiva), como con la concepción de la privación de libertad como solución a los diversos problemas sociales que tenemos. Con la creación del Ministerio de Asuntos Penitenciaros, paradójicamente, se agudizó una crisis de la que se habla muy poco, la de los calabozos policiales.
VD: Claro, como lo que ocurrió lamentablemente en Carabobo
KA: En los calabozos policiales, según el defensor del pueblo, para 2016 unas 33.000 personas se encontraban depositadas en los distintos retenes policiales. El año pasado la ONG “Una Ventana a la Libertad” contabilizó, en al menos unos 500 centros de detención policial, a unas 45.000 personas privadas de libertad. Según el OVP en estos calabozos el hacinamiento es de un 450%. En estos recintos proliferan enfermedades dermatológicas, respiratorias, entre las que destaca la tuberculosis; así como casos de intoxicación por mala alimentación y hasta de desnutrición severa. Durante los 2 últimos años fallecieron al menos unas 18 personas por esta causa.
VD: ¿Ahora, estos calabozos policiales son responsabilidad de quién?
KA: Inicialmente la responsabilidad es del gobernador o del alcalde. Si el calabozo es de una policía estadal, el responsable directo es el gobernador porque es el jefe de policía del Estado. Si el calabozo está en una policía municipal, el responsable es el alcalde.
Pero no hay que perder de vista que esto es una responsabilidad compartida, porque el hacinamiento en los calabozos y retenes policiales, en primer lugar se debe a que no están aceptando detenidos en los centros penitenciarios y esta es una responsabilidad directa del gobierno central. La consecuencia es que los calabozos policiales colapsan con detenidos que no deben estar en esas instalaciones, que están destinadas sólo para períodos de detención muy breves, transitorios, mientras la persona es presentada por primera vez ante los tribunales. En segundo lugar, esto se debe, principalmente, a una hiperactividad de la policía y a una política criminal, tanto nacional como regional, de persecución de los jóvenes pobres por cualquier tipo de conducta, en especial por delitos de bagatela, lo que trae como consecuencia que el sistema colapse de manera innecesaria, lo que lo vuelve no solo ineficiente, peor aún, lo hace contraproducente. En este marco es oportuno recordar que el Estado Carabobo es uno de los principales centros de operativos como el “Carro de Drácula”, la imposición de las bragas naranjas y de la tolerancia cero contra los más humildes (“al pueblo hay que darle palo” es uno de los slogans). Carabobo también fue campeón en cantidad de fallecidos como consecuencia de las OLP (Ávila, 2017:82).
VD: Es decir, tenemos -por lo que plantea- un problema y es que se está encarcelando un poco a la ligera, sin necesidad.
KA: ¡Claro! No podemos solventar todos los problemas sociales, políticos, económicos con el recurso penal, esa política es justamente la que ha venido disparando la tasa de personas privadas de libertad durante los últimos años, de una manera vertiginosa, con consecuencias negativas para todos.
VD: Ahora, Profesor Ávila, en este momento en el cual el Fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, está planteando la emergencia carcelaria y actuar de emergencia… ¿Usted avala esto? ¿De qué manera destacar esto? pensando en las comandancias policiales.
KA: No he visto las declaraciones, porque además si uno se pone a hacer seguimiento de todo lo que dicen los actores políticos puedes terminar con insania mental. Lamentablemente estos actores terminan haciendo sólo política mediática. Si la gente se pone a evaluar los múltiples discursos, se puede perder fácilmente, lo que no existe son acciones institucionales. Esta emergencia tiene décadas y nadie la atiende.
VD: ¿Qué haría usted profesor Ávila, en las comandancias policiales en los calabozos y los cuerpos policiales?
KA: Hay que revisar primero todas esas causas, porque si en los centros penitenciarios tienen un 60% de procesados, si la mayoría, de esa gente es técnicamente inocente, hay que acelerar esos procesos, el sistema penal no se puede utilizar para todo, la mayoría de la gente privada de libertad, está detenida por delitos de bagatela, inclusos por faltas. Cuando se realizó uno de los pocos censos penitenciarios en el año 2011, la mayoría de la población reclusa estaba por delitos de bagatela. Más del 20% estaban por delitos de menudeo de drogas, otro tanto por violencia intrafamiliar, hay que buscar fórmulas alternativas, más eficaces.
VD: Y esta política represiva que usted llama a revisar, es decir, evaluarlas y tratar de buscar pena sustitutivas entendemos.
KA: Hay que hacer una caracterización del por qué la gente está siendo detenida. Es falso que las prisiones estén llenas de homicidas o de violadores; es falso que el sistema penal persiga los delitos más graves; es falso que el ritmo de detenciones que se lleva en el país ha contribuido a disminuir la violencia. Por el contrario, hemos evaluado cómo en la medida que ha aumentado la tasa de encarcelamiento, también se han disparado los homicidios. De alguna manera la violencia institucional y las detenciones masivas terminan por contribuir al incremento de la violencia social y delictiva.
VD: Profesor Ávila, para finalizar, le preguntamos ¿quién le pone el cascabel al gato? porque usted está planteando hacer una revisión completa que comience desde la política, es decir, lo que nos ha llevado a tratar de resolver todo encarcelando a las personas, que podrían ser sancionadas de otra manera, de otra forma.
KA: Como ya lo hemos comentado otras veces, no hay soluciones mágicas, cuando vean que alguien sale con una receta mágica, con la “solución final”, salgan corriendo, porque el que tenía la solución final era Hitler, y ya vimos cómo terminó esa historia. Hay que abordar las cosas desde la complejidad y lo principal aquí es tener voluntad política y voluntad institucional, ambas parece que también se han borrado desde hace tiempo en el país. No es un problema sólo de seguridad ciudadana o del sistema penitenciario, es una crisis sistémica generalizada. ¿Quién tiene la solución mágica para la economía? ¿Quién tiene la solución mágica para el abastecimiento? ¿Quién tiene la solución mágica para los distintos problemas que padecemos? Entonces, lo primero que tiene que haber es institucionalidad, porque las crisis que hay en las cárceles y en los calabozos es un enorme negocio; que no funcionen esos espacios o que funcionen de esta manera distópica es funcional para muchos, porque es una fuente inagotable de recursos, de apropiación de rentas ilícitas. Entonces a los propios operadores del sistema, que son los primeros beneficiados de la actual situación, les interesa que no funcione, porque cobran para que se pueda comer, cobran para que se pueda dormir, cobran para que se puedan asear, cobran para que puedan conservar la vida.
En síntesis, el actual estado del sistema penitenciario se constituye en una fuente enorme de recursos para sus operadores.
VD: Profesor Ávila, muchísimas gracias por acompañarnos… conversábamos con el criminólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela, Keymer Ávila y bueno… pone el dedo en la llaga ¿Donde empezó esta política de encarcelar por penas que en su opinión podrían resolverse de otra manera? pues queda la pregunta en el aire.
PD: Agradezco a Eleyni Guerrero y José Pumarejo por el apoyo con la transcripción de la entrevista original.
Publicado originalmente en: Contrapunto.
Los presuntos homicidas según el citado censo llegan apenas a un 20% del total de la población reclusa, los presuntos violadores no llegan ni al 2%.
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Keymer Avila
Abogado (UCV) Máster en Criminología y Sociología Jurídico Penal, UB (Barna). Investigador del @cpenalesucv y Profesor de @criminologial en Pre y Postgrado UCV
