ACERCA DEL AUTOR:
Inti Rodriguez
Activista de Derechos Humanos
Se cumplió otro primero de mayo y los trabajadores venezolanos fueron nuevamente defraudados por la administración de Nicolás Maduro.
Desde marzo de 2022, fecha en la que Maduro anunció el último incremento del salario mínimo, este permanece anclado en 130,00 Bs. ello, pese a los incesantes reclamos de miles de trabajadores, que han colmado las calles del país reclamando derechos desde hace al menos tres años.
Después de dos años de estancamiento deliberado del salario mínimo nacional, el ingreso y el ahorro de las familias ha sido demolido y en su lugar se ha abierto el camino a una agresiva bonificación del ingreso, amparada en la construcción de una narrativa oficial que intenta sustituir conceptos para justificar el despojo de conquistas.
Para el gobierno el salario ha dejado de existir, en la práctica y en el discurso. El ingreso mínimo vital es el término empleado para adelantar la acelerada flexibilización de las relaciones de trabajo y satisfacer los intereses de un modelo económico opaco que procura la acumulación de capital a costa de la precarización extrema del empleo decente y el uso de una mano de obra barata y semi-esclava en pleno siglo XXI.
Tal como se destaca en el capítulo sobre Derechos Laborales del Informe Anual de Provea 2023: “El impacto negativo de la política salarial del gobierno, basada en el pago de bonificaciones extras mientras deja congelado el salario mínimo, también afecta la base del cálculo para las prestaciones sociales y las tablas salariales de la administración pública. Según académicos y trabajadores, esta política afecta las pensiones, las jubilaciones y la indemnización por cesantía y pone en riesgo la existencia del sistema de protección social en el país”.
En paralelo a la destrucción del salario, la administración Maduro ha desmantelado la institucionalidad de la negociación colectiva, un derecho amparado en el Convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del que Venezuela es parte.
Desde 2016 Provea ha registrado un pronunciando descenso en el número de convenciones colectivas homologadas, año a año, por el Ministerio del Trabajo.
Entre 2004 y 2015, el promedio de convenciones colectivas homologadas –en el sector público y privado-, fue de 455. En 2016, la cifra descendió a un promedio de 184 convenciones al año. A ello debe sumarse la negativa oficial de discutir y negociar convenciones colectivas con sindicatos y gremios que no le sean afines y medidas más recientes como el Memorándum 2792, adoptado por el Ministerio del Trabajo en el que se instruyó a todos los entes de la administración pública y a empresas del Estado a desconocer los contratos colectivos del sector público, o el Instructivo de la ONAPRE, que eliminó las inter-escalas salariales.
“Un presidente obrero”
Pero un modelo económico opaco, divorciado de los intereses de las grandes mayorías y negador de los derechos de los trabajadores debió contar -para imponerse-, con un aparato represivo que, como describió la MDH está orientado a “promover, tolerar y encubrir la comisión de abusos contra las garantías ciudadanas mediante prácticas encaminadas a causar terror en la población”.
Al asumir la presidencia en 2013, Maduro encontró la materia prima perfecta para avanzar en la progresiva anulación de derechos.
Un marco jurídico restrictivo para el ejercicio de los derechos a la asociación pacífica y a la huelga, fue remozado con nuevas leyes anti-sociedad luego de los ciclos de conflictividad de 2014, 2017, 2018 y 2019. También, nuevas figuras militarizadas como las BEGV (actual GOES) o las milicias obreras, hicieron su primera aparición en tiempos de Maduro.
Los resultados saltan a la vista.
Más de 120 dirigentes sindicales detenidos y procesados en 10 años de gestión de Nicolás Maduro y 3.479 casos de amenazas u hostigamiento a líderes del movimiento laboral, un promedio de 12,9 denuncias por cada 100 protestas laborales registradas.
Como afirmó Provea en su informe “Maduro: una década oscura para los Derechos Humanos”, el mandatario sofocó los derechos a la libertad personal, a la vida y a la integridad personal, con ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias, e impone velozmente un modelo económico que genera más exclusión y empobrecimiento, desconociendo sus obligaciones respecto a la garantía de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la población.
Maduro está en las antípodas del obrerismo.
ACERCA DEL AUTOR:
Inti Rodriguez
Activista de Derechos Humanos
