ACERCA DEL AUTOR:
Rafael Uzcategui
Sociólogo y editor independiente. Actualmente es Coordinador General de Provea.
Rafael Uzcátegui | El pasado 2 de julio la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, dio a conocer un nuevo informe sobre la situación venezolana. Como se recordará a mediados del 2019 la expresidenta chilena, en su nuevo rol como garante de la dignidad humana en el mundo, publicó un informe similar que tuvo un gran impacto a nivel nacional e internacional. Esta conmoción fue consecuencia no sólo de las afirmaciones que en el documento se hacían, sobre la gravedad, extensión y repetición de las violaciones, sino también porque su vocería era realizada por una figura que hasta meses antes era percibida internacionalmente como una aliada política del socialismo bolivariano.
Luego de aquel informe y de la visita de la propia Bachelet a Venezuela a comienzos de junio de 2019, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) y el gobierno de Nicolás Maduro suscribieron una “Carta de Entendimiento”, en el que acordaron una agenda de trabajo conjunta que, entre otros puntos, aprobaba la presencia de funcionarios del ACNUDH de manera permanente dentro de Venezuela, con miras a establecer en el mediano plazo una oficina formal del ente, uno de los grandes objetivos de la incidencia de Bachelet sobre nuestro país. Al estar dentro del país en el último año, las funcionarias del Alto Comisionado han logrado mantener comunicación constante con víctimas y organizaciones independientes, para monitorear en el sitio la evolución de la situación, lo cual es de mucho valor. Pero también han tenido que dedicar tiempo y esfuerzo a los acuerdos sobre “cooperación técnica” con el Estado, que en una situación de normalidad democrática tuvieran resultados inmediatos en la mejora de la situación, pero que son inciertos en nuestras circunstancias.
La diplomacia cubana ha logrado que 50 años de dictadura en la isla hayan sido “normalizados” por la comunidad internacional. Ese conocimiento está siendo transferido, en este momento, a las autoridades venezolanas. Maduro está aprendiendo a como trabajar con el conjunto de mecanismos de Naciones Unidas, promoviendo iniciativas que le sean favorables, retrasando y obstaculizando las que no sean de su conveniencia. Su relación con el ACNUDH forma parte de esa estrategia y sus primeros resultados visibles, pueden verse en el reciente informe del 2 de julio.
A los defensores y defensoras de derechos humanos, luego del contundente reporte de julio de 2019, el documento divulgado un año después nos ha dejado una sensación agridulce. Suponíamos que la presencia de los funcionarios sobre el terreno tendría como resultado documentos más precisos y exhaustivos sobre el acelerado agravamiento de la situación, tanto de los derechos humanos, como del propio funcionamiento democrático que los hace posibles. Al contrario, el deterioro no queda fielmente reflejado en este informe. Incluso, en partes, se transmite la idea que se habrían iniciado investigaciones de manera “diligente” o que los funcionarios policiales “en la mayoría de los casos” respetaron el derecho a la manifestación pacífica. Intentaremos ser lo más claros posibles en nuestra queja: Es cierto que el informe hace un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país que puede calificarse como “bueno”, con la inclusión de datos y patrones de actuación sobre el abuso de poder reiterado entre nosotros. Pero también es verdad que el gobierno ha logrado la inclusión de su narrativa en el texto, en donde algunos párrafos no tienen ningún dato útil o verificable sino afirmaciones de mera propaganda que logran matizar su responsabilidad. En algunos ítems, como el relativo a la situación de los recintos penitenciarios, el ACNUDH contrasta las consignas con algunos datos, pero este ejercicio de refutación abarca varios párrafos, que en un documento oficial de extensión limitada obliga por ello a la exclusión de otros temas. El resultado general, por tanto, es un texto con un tono diferente al presentado 12 meses antes, que da la impresión que algunas situaciones se están mejorando cuando no es así.
Cuando este texto aparezca ya deben haber aparecido los dos informes temáticos (Situación de la Justicia y Arco Minero) que el ACNUDH prometió para el 15 de julio. Si bien habría que tomarlos en cuenta para cualquier valoración integral de su trabajo en el país, el documento de comienzos de mes ha generado inquietudes sobre cómo pudiera ser su relación con las autoridades. El Alto Comisionado se encuentra en una encrucijada: Hacer su trabajo de la mejor manera posible sin que ello irrite a los funcionarios hasta el punto de expulsarlos del país. Este dilema es común en el trabajo sobre el terreno de las agencias internacionales bajo gobiernos no democráticos. Hay quienes han logrado superar decorosamente este desafío, pero lo que más ha ocurrido es que se baje el tono y ante situaciones escandalosas se mire hacia otro lado, bajo la convicción que se es más útil dentro que fuera.
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Rafael Uzcategui
Sociólogo y editor independiente. Actualmente es Coordinador General de Provea.
