La defensa de los derechos humanos sin concesiones │ PROVEA

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José Gregorio Afonso

Profesor universitario, Presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV)

Gregorio Afonso | Como ocurre en el mundo de la ciencia, en el campo de la defensa de los derechos humanos la verdad no admite concesiones, si ello ocurre se desnaturaliza y se niega a sí misma. Ambas no son prácticas infalibles, pero la disciplina y rigurosidad para alcanzar la objetividad constituyen su método.

Dicho de otro modo, la actuación de las instituciones, organizaciones e individualidades en la defensa de los derechos humanos la determina sus principios esenciales, consagrados en la declaración universal de los derechos humanos y el conjunto de pactos y resoluciones internacionales que han contribuido a construir campos específicos en esa materia, así como, las legislaciones nacionales que establecen las responsabilidades del Estado.

Lo dicho hasta ahora no pretende emular al conocimiento enciclopédico y presentar definiciones como nuevas, cuando en algunos casos la humanidad las conoce desde hace siglos. La finalidad es recordarlas para fundamentar la siguiente afirmación: La actuación de los defensores de los derechos humanos la determina sus principios ontológicos jamás el poder, por muy popular o fuerte que este sea. En fin, la defensa de los derechos humanos no admite subordinación alguna, distinta los principios que protegen a la dignidad humana.

Desde 1988, año en que fue fundado el Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos (PROVEA), el país ha sido testigo de su defensa de por demandas de cambio, protagonizadas por una explosión de los movimientos que reclamaban derechos sociales, económicos, civiles y políticos. En ese contexto, PROVEA se dedicó a promover y defender los derechos humanos en Venezuela, sin hacerle concesiones alguna poder.

Durante la última década del siglo XX, no cesó en su tarea de capacitar defensores de derechos humanos para extender esta práctica en el país, así como, en la misión de documentar y denunciar la violación de derechos individuales y colectivos. PROVEA era un aliado reconocido y muy bien valorado por quienes, entre muchos más, luchaban por el derecho a la vivienda, por los derechos de la mujer, de los Niños y Adolescentes, por presupuesto justo para la educación, por libertad de los presos políticos, por el derecho a la vida, contra la represión política y el abuso policial.

Esta tarea siempre procuró desarrollarla en sinergia con otras organizaciones de derechos humanos, así lo hizo en múltiples situaciones, entre ellas, las derivadas de los sucesos de febrero de 1989 conocidos como el Caracazo o en la recordada masacre del Amparo, protagonizada por el Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), integrado por la Policía Técnica Judicial (PTJ), la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP).

La masacre de El Amparo fue un hecho en el que 14 pescadores fueron masacrados por el CEJAP en el caño La Colorada en el Estado Apure. La versión oficial, como suele ocurrir en estos casos, trató de librar la responsabilidad del Estado y “aseguraba que en el marco de la operación militar se había producido un enfrentamiento con un grupo de irregulares colombianos del Ejército de Liberación Nacional”. El testimonio de dos sobrevivientes y el apoyo decidido de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Provea, logró, de un lado, que el país conociera que la narrativa oficial ocultaba los hechos y de otro, la presentación de lo sucedido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Resulta pertinente reivindicar que la labor de reclamo de justicia y reparación de victimas de PROVEA sobre hechos ocurrido en el siglo XX no se limitó a los sucesos que ocurridos luego de su creación, también han presentado una mirada histórica hacia hechos emblemáticos anteriores a ella, como lo fueron las Masacres de Cantaura (1982) y Yumare (1986).

La labor de PROVEA de defender los derechos humanos en el siglo XX, no ha variado en el siglo XXI. En él ha denunciado, entre muchas otras acciones, las masacres del Internado Judicial de Vista Hermosa en el 2003 y la de Kenedy en el 2005, la de La Paragua y la del Barrio el 70 en el 2007. En todas ellas, fue central la búsqueda de verdad que superara la visión oficial que promovía la impunidad.

En tiempos de la denominada IV República y durante los gobiernos del presidente Chávez, la conducta de PROVEA fue la misma ante la violación de los derechos humanos. La denuncia sólidamente argumentada y el acompañamiento a las víctimas fueron pilares de su actuación.

Lo que sí ha variado PROVEA en los últimos años ha sido el aporte en materia de investigación en derechos humanos, al punto de convertir sus informes temáticos y anuales, una fuente recurrente de consulta de organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, organizaciones sociales y académicos.

Actualmente, al tradicional informe anual de PROVEA, se suman sus informes temáticos, entrevistas a expertos y a los protagonistas de jornadas de defensa derechos humanos, artículos de opinión, un programa de radio, iniciativas de formación y actos con organizaciones sociales. Todas estas actuaciones permiten visibilizar la situación de los derechos humanos en Venezuela y reivindican, con rigurosidad, el derecho a la información negado por el Estado Venezolano, quien realiza un manejo arbitrario de los medios de comunicación y las estadísticas nacionales.

En este tiempo de dictadura de Nicolás Maduro, PROVEA develó, en forma sistemática y pese a las amenazas y el poderío del Estado; la violación de los derechos humanos de uno de los planes bandera del gobierno de facto: la Operación de Liberación del Pueblo (OLP). PROVEA fue a las comunidades en las que se ejecutó tal operación, recogió testimonios y ha acompañado a las víctimas en su reclamo de justicia. Hizo lo propio a través de la denuncia de las arbitrariedades de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). En ambos casos, quienes seguimos el trabajo de PROVEA, apreciamos rigor en la recolección de testimonios y objetividad en la presentación de sus denuncias. Estas verdades, junto a tantas otras, son las causas reales de las amenazas que en varias ocasiones ha recibido de parte del gobierno de facto.

PROVEA ha hecho un notable trabajo en la reconstrucción y análisis de la rebelión ciudadana en el año 2017, como en tantas oportunidades también ha acompañado a las víctimas del Estado Venezolano. En el abordaje de esta experiencia PROVEA ha dejado al desnudo las mentiras oficiales, que buscan ocultar la responsabilidad del Estado en los asesinatos de quienes protagonizan protestas para reclamar sus derechos.

Existen muchos episodios distintos a los señalados, en los cuales PROVEA, no se ha doblegado al poder. Excedería este espacio si quiera enumerarlos. Actuaciones como las de PROVEA, son las que convierten a las organizaciones defensoras de derechos humanos en actores incomodos para las dictaduras, cuyo rasgo definitorio es la negación de derechos a la población para permanecer en el poder. La dictadura venezolana es particularmente hostil, no solo violenta derechos civiles y políticos, sino que también lo hace con los de tipo social, económicos y culturales.

A las prácticas de PROVEA en tiempos de dictadura, hay que añadir que ha continuado su defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la comunidad LGBT; ha impulsado acciones de solidaridad para mitigar el sufrimiento de nuestro pueblo como fue la iniciativa de “Música por Medicinas”; continua generando sinergia entre las organizaciones sociales.

Lo dicho hasta ahora no es una crónica ni un recuento histórico de PROVEA, ella no lo necesita, su historia la cuenta su práctica y un sinfín de documentos y testimonios que la certifican. Estas líneas solo persiguen enunciar, a viva voz, mi solidaridad con una organización que una vez más recibe amenazas del gobierno de facto de Venezuela. En esta ocasión, por pronunciarse en favor de una investigación objetiva de los hechos ocurridos entre el 03 y 04 de mayo del 2020 en las costas del Estado Vargas y Aragua, así como, el respeto al derecho a la vida de los detenidos.

La dictadura de Nicolás Maduro, es conocida y ha sido descubierta en varias oportunidades en su recurrente intención de imponer su narrativa para ocultar la verdad y ha mostrado tratar a los privados de libertad en forma cruel, injusta, apelando a la tortura y en algunos casos provocándoles la muerte.

La conclusión es muy clara: PROVEA desde su fundación no se ha inhibido en la defensa de los derechos, hoy como ayer, actuará sin concesiones al poder. Las amenazas del régimen lo convierten en responsable de cualquier agresión contra sus instalaciones o sus miembros.