ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Las poblaciones de frontera han sido históricamente abandonadas. Cada nuevo gobierno durante décadas, promete resultados de corto, mediano y largo plazo que no se concretan. El tiempo pasa, pero el hambre, la miseria y el abandono institucional se mantiene. El estado fronterizo de Apure es uno de los más desasistidos.
Esos gobiernos de la misma manera han reconocido las repercusiones negativas que producen actores armados al margen de la ley en Colombia, quienes usan el territorio venezolano para resguardarse. Su presencia además de generar mayor inseguridad en la población, en ocasiones, produce enfrentamientos con los cuerpos armados del Estado venezolano.
La presencia de guerrilla y paramilitares genera delitos como la extorsión y secuestro de medianos y grandes productores, el asesinato de personas por “ajuste de cuentas”, hurto de bienes de los campesinos y de parte de las autoridades venezolanas, graves violaciones a los derechos humanos incluyendo asesinatos. La masacre de El Amparo en 1988 -donde militares y policías asesinaron a 14 pescadores- es uno de los casos más emblemáticos.
En 1987, la Unidad de Programación Especial para el Desarrollo del Suroeste de Venezuela (Upesuroeste), ente estatal dependiente del para entonces Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, realizó un diagnóstico, con el objetivo de adelantar un “Plan Operativo de Desarrollo para el Distrito Páez”. En ese diagnóstico se señaló diversos elementos que permitieron caracterizar las necesidades de esta zona fronteriza: “… uno de los problemas más críticos es el referente a la carencia de electrificación … …una adecuada infraestructura que facilite y estimule la actividad productiva …La Educación en la zona se caracteriza por presentar un elevado déficit de instalaciones, elevado porcentaje de personal docente no graduado e inadecuados programas y pensum de estudio que no se corresponden a la realidad socio-económica y cultural de la población. Se estima que el déficit de vivienda en todo el Distrito esté por el orden de las 5000 unidades, de las cuales más del 70%, aproximadamente, corresponden a los municipios de Guasdualito y El Amparo”.
Más de tres décadas después la situación no ha variado. En la Ley Orgánica de Fronteras de 2015 se establece que el Ejecutivo Nacional formulará la política integral en los espacios fronterizos, entre otros fines para “elevar la calidad de vida de los ciudadanos en la búsqueda de la suprema felicidad”. Seis años después el resultado es menos felicidad, más miseria, menos seguridad y la migración forzada de miles de pobladores de frontera buscando mejor calidad de vida en otros países.
En 1998 organizaciones de derechos humanos de Colombia y Venezuela se reunieron en la población de Arauca y en un pronunciamiento expresaron que condenaban las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, cometidos por los actores armados, situación que se agrava con la degradación del conflicto colombiano, con amplias repercusiones en la zona fronteriza.
Condenaron las acciones de los grupos armados irregulares colombianos en territorio venezolano y las respuestas estatales venezolanas, que afectan las garantías constitucionales de los ciudadanos venezolanos en la zona fronteriza.
Una declaración que tiene plena vigencia 23 años después. Los acontecimientos conocidos en los últimos días ocurridos en la población de la Victoria, estado Apure, son consecuencia tanto de la actuación de grupos armados presuntamente de la guerrilla colombiana y la acción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En ese contexto, como hace décadas atrás, los pobladores han expresado temor ante los abusos que puedan cometer los actores en conflicto y han denunciado también detenciones arbitrarias y maltratos por parte de funcionarios.
Un cambio importante y lamentable sí se ha producido. Generalmente, la situación que se presentaba en la frontera era el ingreso de miles de personas a territorio venezolano huyendo de la violencia en Colombia. En junio de 1999 en dos lugares distintos de la frontera venezolana ingresaron más de 3500 personas en un lapso de 25 días, quienes se ubicaron en las poblaciones de Casigua El Cubo y La Vaquera, a orillas del Río de Oro, municipio José María Semprún, las dos poblaciones del estado Zulia. Tal fenómeno y situación humanitaria motivó a que se promulgara la Ley de Asilo y Refugio.
Hoy lamentablemente la situación es, al contrario. Son miles de venezolanos, aproximadamente 3000, quienes cruzaron en los últimos siete días la frontera para ubicarse en la población colombiana de Arauquita buscando refugio. No son venezolanos huyendo del hambre como venía ocurriendo, en esta oportunidad, huyen para evitar ser víctimas de la violencia o los abusos a los derechos humanos.
Si estos acontecimientos se analizan por parte de las autoridades como un asunto solo de seguridad y no se asume una visión integral que atienda los graves problemas sociales que afectan a las poblaciones de frontera, los problemas estructurales persistirán. Se requieren políticas para el desarrollo económico y social; acompañadas de un control estricto para que la actuación de la fuerza pública se produzca con pleno respeto a los derechos humanos y se adelante labores de inteligencia y operativas para contrarrestar a los actores delictivos, llámense guerrillas o paramilitares o cualquier otro grupo armado, preservando la integridad de la población civil.
La deuda con todas las poblaciones de frontera se mantiene. Se requieren menos discursos y promesas y más políticas y medidas concretas. Menos normas y más realizaciones.
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
