ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Las Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó la semana pasada lo que organizaciones de la sociedad civil y académicos han venido advirtiendo sobre el crecimiento del número de personas que padecen hambre en Venezuela. Una verdad que el gobierno se ha empeñado en ocultar, pero se le agotó el repertorio de mentiras.
En el informe Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional 2022 se señala que, en América del Sur, la República Bolivariana de Venezuela tuvo la mayor prevalencia de desnutrición (22,9 por ciento), que en números absolutos equivale a 6,5 millones de personas, seguido por Ecuador con 15,4 por ciento (2,7 millones), y la República Plurinacional Estado de Bolivia con 13,9 por ciento (1,6 millones). En cuanto a Venezuela indica que el hambre aumentó, en 18,4 puntos porcentuales, o 5 millones de personas más hambrientas entre los períodos 2013-2015 y 2019-2021. Y en esos períodos el hambre aumentó en 6,7 puntos.
Nótese que antes de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidas ya se había producido un aumento considerable del hambre en los hogares venezolanos. El gobierno acostumbrado al comodín de responsabilizar a dichas medidas como la causa de muchos de los padecimientos de la población venezolano, queda desenmascarado.
La Federación Internacional de Derechos Humanos y su organización miembro en Venezuela, el Programa Venezolano Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) presentaron en marzo del año pasado el Informe “Con la comida no se juega: Graves Violaciones al Derecho Humano a la Alimentación en Venezuela”. Se expresa que en los últimos seis años, el producto interno bruto (PIB) de Venezuela se ha contraído en más del 80%, representando una de las contracciones económicas más violentas que haya conocido el hemisferio fuera de contextos de enfrentamiento armado. A esto se suma un cuadro hiperinflacionario superior a los tres años, agravando la inseguridad alimentaria.
El resultado de estas condiciones económicas ha sido el desarrollo de una emergencia humanitaria compleja caracterizada además de las abrumadoras cifras de pobreza por la inseguridad alimentaria, la desnutrición infantil y una extensa ola migratoria que ha expulsado a casi seis millones de personas. Se ha estimado que, para 2020, al menos 30% de los niños y niñas padece de alguna forma de desnutrición, entre quienes más de la mitad sufriría aguda o severa.
Además de la pobreza, Venezuela también ha ido perdiendo desempeño en materia de igualdad. Este incremento de la desigualdad se explica por la creciente distancia entre la población que recibe ingresos en dólares y puede, por tanto, acceder a los bienes y servicios que han empezado a aparecer a partir de la liberalización parcial de los controles que se ha registrado a partir de 2019 y la población que solo recibe bolívares y que ve cómo su capacidad de consumo continúa disminuyendo.
El legado del gobierno es más hambre y desigualdad mientras busca engañar presentándose como un gobierno popular y progresista.
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
