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Se cumple un año cuando cinco personas, cuatro de ellas integrantes de una misma familia, fueron asesinados por presuntos funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana.

Las víctimas de esta masacre fueron Luz Dey Remolina; Emilio Ramírez; Ehiner Yafran Anzola Villamizar; Jeferson Uriel Ramírez y Julio Cesar Jiménez.

Las 5 personas fueron detenidas y llevadas con vida del barrio 5 de julio, La Victoria, estado Apure y aparecieron en El Ripial, sin signos vitales. Se trató de un falso positivo en el cual se asesinó a personas inocentes para aparentar eficiencia en el conflicto armado contra grupos irregulares que operan en la extensa frontera colombo-venezolana.

Esta masacre se asemeja a la de El Amparo, registrada el 29 de octubre de 1988 cuando 14 pescadores fueron asesinados por policías y militares con el mismo propósito de aparentar una acción exitosa contra la subversión. 

Al día siguiente de la masacre de El Ripial, el Fiscal General de la República -impuesto por la extinta Asamblea Constituyente- Tarek William Saab, anunció el envío de una Comisión del Ministerio Público para investigar luego de una amplia denuncia realizada por familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos como FundaRedes, Fundación El Amparo y PROVEA. 

En ese momento indicó a través de su cuenta de twitter que “En aras de esclarecer los hechos ocurridos en El Ripial (Apure) hemos enviado este #26Mar una comisión conjunta de la Dir. Gral. de Protección de DDHH y la Unidad Criminalística del @MinpublicoVE a practicar las diligencias y experticias de investigación pertinentes” “Los 12 expertos @MinpublicoVE enviados realizarán inspecciones técnicas en los sitios del suceso, experticias planimétricas, experticias de trayectoria balística, protocolos de autopsia, entre otras necesarias para establecer posibles acciones violatorias a los DDHH” 

A la fecha no hay ninguna información pública sobre el resultado del trabajo de esta dicha comisión. Una promesa para engañar a los familiares y la comunidad que reclama justicia. Un silencio absoluto que genera dudas sobre la voluntad de investigar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Apure y qu pudiesen constituir crímenes de lesa humanidad. 

Ese silencio también lo mantiene el Defensor del Pueblo Alfredo Ruíz.

Un Fiscal tan acostumbrado a declarar y ufanarse de luchar contra la impunidad, no ha informado absolutamente nada.

Cabe la pregunta si ese silencio se debe a que pudiesen estar involucrados altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los mandos de las FAES. Y, se cumpliera una orden desde el Ejecutivo Nacional de garantizar impunidad.

Una de las consecuencias de no tener un Ministerio Público y una Defensoría independiente, sino bajo órdenes de otros poderes públicos, es la impunidad.

Hay una política de Estado de no investigar la responsabilidad que pudiesen tener los mandos en las graves violaciones de derechos humanos y en los crímenes de lesa humanidad. En el caso de la masacre de El Ripial no se ha investigado ni siquiera a los autores materiales.

La conducta tanto de la Fiscalía como de la Defensoría son contrarias al memorando de entendimiento suscrito entre el Estado venezolano y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. La impunidad es todo lo contrario a la justicia.

Tal como ocurrió con la masacre de La Vega donde familiares también señalan a los funcionarios de las Fas, en este caso en Apure, en la responsabilidad de la cadena de mando debe investigarse la posible responsabilidad de los oficiales de la fuerza armada que dirigieron las operaciones militares el día que se asesinó a las cinco personas en El Ripial.

Nos resistimos al olvido y la impunidad. Seguiremos exigiendo justicia.

ACERCA DEL AUTOR:

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Marino Alvarado Betancourt

Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.