Rafael Venegas Sin sorpresa pero con indignación, leemos en twitter que en días recientes el gobierno usurpador depositó un bono, llamado “hallaquero”, a los docentes al servicio del Ministerio de Educación por un monto de Bs 1,75. Si alguien pensaba que la ofensa a los trabajadores era suficiente con un salario mínimo de Bs 7, pensiones y bono de alimentación de igual monto, con prestaciones sociales de Bs 180 por 25 años y más de servicios prestados, esta nueva afrenta evidencia que la capacidad del régimen para agredir a los educadores y al pueblo no tiene límites.

Se trata de una nueva humillación para la enorme legión de compatriotas que tiene la noble y elevada misión de formar a nuestros hijos e hijas desde la educación inicial hasta el bachillerato. Estos han sufrido en los últimos años la pulverización de sus sueldos y prestaciones sociales, han sido desprovistos prácticamente de toda seguridad social y sus contrataciones colectivas han sido suplantadas por unas tablas salariales que desconocen importantes conquistas económicas, sociales y sindicales alcanzadas en heroicas luchas del magisterio venezolano a largo del tiempo. Huelga decir que la suerte del profesorado universitario y demás trabajadores del subsector no es distinta y añadir, para mayor encono, que dicho bono fue hecho extensivo a todos los empleados públicos.

            La noticia nos llega mientras revisábamos los datos del más reciente informe de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) sobre el caso Venezuela con miras a la redacción de este artículo. En él se asienta que el 27,4% de nuestra población se encuentra en situación de subalimentación, lo que equivale a 7,8 millones de personas. Esta cifra es la segunda más alta de América Latina después de Haití, que registra un total de 46,8%. Asimismo, la desnutrición aguda entre niñas y niños menores de 5 años creció 4,1% y la prevalencia de bajo peso al nacer aumentó en 6%. De acuerdo con la FAO, en 2015 Venezuela alcanzó la cota más alta en este renglón al ubicarse en 9,1% y desde entonces ha seguido creciendo sostenidamente. Según datos aportados por Susana Raffalli, esta franja se ubicaba en poco más del 13% para el año 2020.

            Sin mayores tecnicismos, hablamos del enseñoramiento del hambre y la desnutrición entre nuestra gente, con sus secuelas perniciosas e irreversibles sobre las generaciones presentes y futuras. La ENCOVI sitúa la pobreza de ingreso en 90%; el 58% de la mano de obra activa oscila entre el desempleo, el subempleo y el trabajo precario e inestable; la deserción escolar alcanza al 30%, mientras una cantidad significativa de nuestros educadores ha abandonado el sistema en busca de nuevas alternativas de ingreso para subsistir y más de 6 millones de compatriotas han emigrado huyendo del empobrecimiento, la inseguridad y la incertidumbre frente al devenir.

            Este cuadro, al cual podríamos seguir agregando datos, configura una dramática crisis humanitaria sin precedentes en el país. La misma es consecuencia de la hiperinflación que ha hecho añicos la moneda nacional, el salario y el ingreso familiar; de la destrucción del aparato productivo que acumula una caída del 76% del PIB en los últimos 8 años; de la ruina de la industria petrolera nacional que ha provocado la escasez y el encarecimiento de la gasolina y demás derivados petroleros y nos ha convertido en país importador de estos productos; de la desinversión y falta de mantenimiento de la infraestructura de servicios que han conducido al colapso del sistema eléctrico, de la red hospitalaria y médico-asistencial, de la planta física educativa, del sistema de transporte público, del agua, el gas y un largo etcétera.

            Hemos dicho, sin embargo, las consecuencias porque las causas se ubican en un poder usurpador devenido dictadura cuyo proyecto societario, fracasado e inviable, se reduce hoy al propósito de sostenerse en el poder a toda costa, con base en la represión y el cercenamiento de las libertades democráticas, en la concertación cómplice de todos los poderes públicos dirigidos desde Miraflores, en la demagogia y la mentira convertidas en políticas de Estado y en un sistema de control social de inspiración totalitaria orientado a sembrar la resignación y la desesperanza. Su complemento es una dirección política opositora incapaz de interpretar, encarnar y canalizar las angustias, el descontento y las aspiraciones de cambio de la inmensa mayoría nacional.

            Esta síntesis apretada de nuestra crisis –a la que habría que agregar la violación masiva de los derechos humanos y la comisión de delitos de lesa humanidad, así como también la corrupción e ineptitud que han esfumado cientos de miles de millones de dólares– debería ocupar el centro de nuestras preocupaciones, de nuestra reflexión y accionar práctico por encima de intereses subalternos, parcialidades partidistas y aspiraciones grupales o personales. El sectarismo, las ambiciones y mezquindades que impiden al liderazgo opositor ver más allá de la punta de su nariz deben ser derrotados. Debe florecer un nuevo movimiento de hondo contenido nacional, popular y democrático que emerja de las entrañas mismas del pueblo, que articule sus organizaciones y sus luchas, que diseñe una política capaz de señalar caminos ciertos para la superación de esta tragedia.

Imbuidos del espíritu de reflexión, esperanza y comunión de propósitos, propio de las festividades navideñas y de fin de año, renovamos nuestro compromiso de mancomunar esfuerzos en la dirección señalada y extendemos nuestro abrazo fraternal y solidario al pueblo venezolano, en la confianza de que juntos habremos de encontrar una salida a este atolladero histórico y de que una nación soberana, justa y solidaria, democrática y próspera habrá de nacer de los estertores de la dictadura.

ACERCA DEL AUTOR:

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Profesor en la escuela de letras de la Universidad Central de Venezuela
Rafael Venegas

Profesor universitario. Dirigente político. Secretario General de Vanguardia Popular.