Marino Alvarado | En diciembre de 2012 durante la gestión del ex presidente Hugo Chávez mediante el Decreto 9.308 publicado en la Gaceta oficial Nro.40.066 el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) pasó a ser un órgano desconcentrado adscrito a la Vicepresidencia de la República. Históricamente este organismo de inteligencia a quien siempre se le ha dado funciones de policía política, había dependiendo del Ministerio del Interior. Sin embargo, para garantizar que la represión política tuviera una dirección más cerca al Ejecutivo Nacional se transfirió a la Vicepresidencia.

Es decir, hoy el máximo jefe del Sebin es el Vicepresidente Aristóbulo Iztúriz. El destino colocó a un hombre de amplia trayectoria en la lucha social desde el campo de la izquierda y que en sus tiempos de líder sindical fue muy crítico de la represión política y solidario con los presos políticos, a ser uno de los jefes de la represión política en el país.

Pues hoy ese organismo policial que está bajo su responsabilidad tiene un amplio prontuario de graves violaciones a los derechos humanos, principalmente desde que su jefatura operativa está a cargo del General Gustavo González López. Reposan en la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y organizaciones de derechos humanos cientos de denuncias por práctica de la tortura, malos tratos, presuntas ejecuciones policiales y desaparición forzada. El Sebin de hoy tiene poco que envidiarle a la temible Digipol de tiempos de los ex presidentes Rómulo Betancourt y Raúl Leoni.

Más aún, bajo la dirección de González López cuando ocupaba el cargo de ministro del interior y simultáneamente director del Sebin, más de 300 familias pobres sufrieron la demolición de sus viviendas y más de 1000 familias humildes fueron lanzadas a la calle de urbanismos de la Misión Vivienda. Tiene eso algo de patriótico y revolucionario? pues según la Visión del Sebin así debe actuar dicho organismo.

En los documentos fundacionales del Sebin se afirma que la Misión de este organismo policial es contribuir con la seguridad y defensa actuando con apego a las garantías y respeto a los derechos humanos. Bien lejos está de cumplir esa Misión.

Sabe el Vicepresidente de los reiterados obstáculos y negativas para que ingresen en las sedes de dicho organismo los funcionarios de la Defensoría del Pueblo. ¿A qué le teme?

Conoce el Vicepresidente que son presuntos funcionarios de ese organismo policial los responsables de la desaparición forzada del activista revolucionario Alcedo Mora, desaparecido desde febrero de 2015

Está al tanto de las denuncias de presuntas ejecuciones policiales realizadas por ese organismo policial en el marco de los mal llamados Operativos para la Protección y Liberación del Pueblo que como bien ha señalado el periodista y político José Vicente Rangel solo han servido para imponer miedo y terror en los barrios de nuestro país. Los comandos especializados del Sebin y del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas fueron transformados, en esos operativos, en escuadrones de la muerte. La Fiscal General de la República ha expresado su preocupación por las graves violaciones de derechos humanos que esos organismos vienen perpetrando.

Debe saber el Vicepresidente que sobre él recaen responsabilidades intelectuales de las graves violaciones de derechos humanos que perpetra el Sebin. En su época de líder sindical, cuando denunciaba la represión sabía y con justa razón, que detrás de los responsables materiales de aquellos funcionarios que actuaban en los operativos estaban las responsabilidades intelectuales, de quienes tenían la obligación de mando político y control institucional. Por ello hoy, cuando se investiga la masacre de Cantaura, El Caracazo, Yumare y El Amparo o la desaparición forzada de Noel Rodríguez, no solo se investiga a los autores materiales de esas masacres sino también a quienes tenían responsabilidades políticas sobre organismos policiales y militares.

Debe empeñarse el Vicepresidente a que se cumpla realmente con la Misión y con la Visión del Sebin que tal como lo dice el documento de creación debe realizar su labor en el marco de la Constitución y la ley con pleno respeto a la dignidad humana. Tiene el gobierno no solo el derecho sino la obligación de tener un organismo de inteligencia que le permita atender situaciones de seguridad de Estado, pero ese organismo no puede ser un órgano policial sin control, que actúe atropellando a las personas y por encima del ordenamiento jurídico.

ACERCA DEL AUTOR:

Abogado, Coordinador de Investigación, Monitoreo y Difusión de Provea.