Carlos Patiño |

“El humor sirve para hacer habitable la realidad”.

Antonio Ortuño

“Me acusaron de burlarme del presunto atentado contra Nicolás Maduro y me desalojaron de mi casa…” Así comienza su relato Limbania Ramírez, víctima de la dictadura quien el pasado 06 de agosto fue desalojada arbitrariamente, junto a su familia, del apartamento que le adjudicara la “Misión Vivienda” en el complejo habitacional Ciudad Tiuna, en Caracas.

Por si fuera poco, le incautaron sus enseres y fue despedida el 09 de agosto del ente público donde laboraba, la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica. Su delito: la acusan de haberse “reído” por un grupo de Whatsapp del presunto atentado contra Nicolás Maduro. Ella lo niega.

Esa noche del lunes, dos días después del presunto intento de magnicidio del 04 de agosto, un grupo de civiles armados (colectivos), liderados por la funcionaria Carolina Cestari, jefa de gobierno del Distrito Capital, y por la ciudadana Llanfrancis Colina, conductora del programa de televisión “Zurda Conducta”, la obligaron a salir de su vivienda acusándola de “traidora de la revolución” mientras literalmente la echaban a la calle.

“A mi esposo lo golpearon varias veces por la espalda y lo obligaron a entregarles las llaves. Nos sacaron a patadas. Todo frente al hijo adolescente de mi pareja. Hemos recibido amenazas de muerte. Cuando volvimos al apartamento para buscar las cosas que nos no nos hurtaron, llegó un funcionario del Ministerio de Vivienda y Habitat, y nos advirtió que nos fuéramos, que no se harían responsables de nuestra integridad personal.”

Las organizaciones Provea y Proiuris presentaron el día 10 de octubre una acción de amparo constitucional exigiendo le sea restablecida la situación jurídica infringida, garantizándole su derecho a la vivienda, como primer paso de una serie de acciones que no descartan las instancias internacionales de protección de los derechos humanos.

“Me dejaron sin empleo, sin casa, vulnerable. Tuve que irme al interior del país a casa de unos familiares. Todo esto es injusto ¿qué hice para merecerlo? Ni siquiera soy culpable de lo que se me acusa”.

Para la dictadura de Nicolás Maduro, reírse es un delito. Peor aún: la presunción de una burla. Por supuesto, siempre y cuando se apunte a los impresentables líderes de la revolución bolivariana, pues caso contrario y desde los tiempos de Hugo Chávez, la descalificación personal, las burlas y carcajadas acompañan los chistes malos de los altos funcionarios y “presentadores” de televisión oficial, cuyos dardos envenenados van dirigidos contra todo aquél que se oponga al régimen.

Para desgracia de los operadores de la revolución, la protesta creativa, la resiliencia y el espíritu de lucha seguirán multiplicándose frente a un gobierno cada vez más acorralado por su propia trama de corrupción y violación de derechos humanos. Reírnos del poder es un acto de rebeldía. Las dictaduras no gozan de buen humor.

 

ACERCA DEL AUTOR:

Abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea.