Raquel Figueroa, dirigente sindical de la Federación Colegio de Profesores de Venezuela y coordinadora nacional de la Unidad Democrática del Sector Educativo, considera que el sector educación atraviesa una crisis muy severa que es necesaria atender para garantizar su calidad


Tras 18 meses de clases a distancia por la pandemia del coronavirus, el Ejecutivo Nacional anunció el regreso a la modalidad presencial bajo el esquema 7+7 para el próximo mes de octubre: una semana de asistencia a las escuelas y otra de clases en línea. 

El aviso del regreso a clases presenciales tomó por sorpresa a padres, representantes y maestros; pero hay opiniones encontradas: están quienes consideran que es necesario volver a los colegios, pero otros que sienten temor ante la covid-19 porque insisten en que las condiciones no están dadas para retomar las aulas.

En esta oportunidad, Raquel Figueroa, dirigente sindical de la Federación Colegio de Profesores de Venezuela y coordinadora nacional de la Unidad Democrática del Sector Educativo conversó con la alianza Provea-TalCual para abordar el tema de las incertidumbres, las condiciones y qué es lo que se estima necesario para que el alumnado retorne a las escuelas.

—¿Están dadas las condiciones para el regreso presencial a clases?

Lo primero que hay que recalcar acá es que no se está hablando de cualquier llamado a clases y, sobre todo, presencial por dos razones: la primera es que desde 2018 comenzó a profundizarse la crisis de la educación, la estructura del sistema educativo y la pandemia también es un elemento; de tal manera que estamos ante una crisis muy profunda en un tiempo de pandemia.

En esa condición en la que se encuentra la educación en Venezuela, llamar a clases no es sencillamente centrarse en el programa «Una gota de amor», sino que el Estado siendo responsable de la educación como derecho humano debe implementar de inmediato una planificación estratégica con la posibilidad de que genere políticas educativas que vayan progresivamente resolviendo los graves problemas de la educación para que se pueda reactivar la educación tal como lo ha expresado hace un año la Unesco, que dio nueve consideraciones, nueve orientaciones para que la educación en el mundo, en pandemia, fuese un servicio como derecho humano.

Ante esa situación, la cosa es muy compleja y se pone más compleja porque el proceso escolar va a ser presencial o semipresencial, utilizando la fórmula de 7+7.

—¿Es viable retornar a clases con el esquema 7+7 y es aplicable en todas las instituciones del país?

De acuerdo a los resultados del año escolar pasado, si hacemos una evaluación de cómo quedó el año escolar pasado, que se desarrolló en función del programa «Cada familia una escuela», a partir de allí, eso ha generado una desigualdad social y una desigualdad en el derecho porque porque hay un gran porcentaje de niños, inclusive los propios profesionales de la docencia, que no tenían las condiciones tecnológicas ni el dinero suficiente para que se pudiese dar el desarrollo de una educación a distancia; eso no se dio.

Entonces, llamar a unos días presenciales y otros días no presenciales, pero en casa, eso se pone más complejo, ¿por qué? Porque se necesita resolver los graves problemas, que aún siguen siendo vulnerados en este momento, que el Estado no resolvió en el proceso de «Cada familia una escuela», como por ejemplo el sistema de Internet, como por ejemplo qué metodología y herramientas va a utilizar el docente para que se mantenga la relación directa entre el docente y estudiantes en esos días que va a estar en el hogar; eso no se resuelve con tareismo, con llenarle el cuaderno al niño; eso se resuelve con métodos tecnológicos, con métodos pedagógicos, con herramientas didácticas y la educación en este momento no está preparada para eso; no lo estuvo el año pasado con el desarrollo y la implementación del programa «Cada familia una escuela», que se convirtió en un tareismo; es decir, la educación se centró en un cuaderno donde el estudiante cortaba y pegaba, y eso no es educación, no se dio un hecho educativo, un proceso educativo.

La cosa es demasiada compleja porque el gobierno nacional y el Ministerio de Educación quieren resolver iniciando el año escolar con un programa de «Una gota de amor para la escuela».

—¿Están todas las escuelas en las mismas condiciones para reabrir sus puertas al alumnado y cómo está la infraestructura de la mayoría?

Esa «gota de amor para la escuela» quedará nada más como un barniz. Están llegando a las escuelas y están es pintando y el 95% de los planteles está deteriorado para iniciar un año escolar.

En el año escolar que no se cumplió presencial, el Estado no le brindó el mantenimiento correspondiente; por lo que los problemas que se venían arrastrando de la infraestructura de los planteles desde el 2018 se fueron profundizando porque no hubo un financiamiento de parte del Estado para el mantenimiento de los planteles.

El mantenimiento de los planteles no es una pintura, el mantenimiento de los planteles es laboratorio, el mantenimiento de los planteles es el comedor, el mantenimiento de los planteles es el agua, es la electricidad, el mantenimiento de los planteles es también el proceso de desinfección que no lo hay. ¿Cuál es el programa consecutivo que va a tener el Estado para que se mantenga una desinfección del plantel?, porque eso no es llegar ahorita, desinfectarlo y después se olvida y no vuelve a tenerse ese proceso porque es un protocolo que ha colocado la propia Unesco.

Atender la educación o la estructura del plantel también es atenderlo desde el punto de vista de los materiales pedagógicos, de los materiales didácticos del docente y te puedo decir que ni siquiera hay una tiza en los planteles nacionales. Entonces, cómo se va a arrancar un año escolar donde en el último proceso presencial los docentes tuvieron que comprar con sus representantes resmas de papel, pedir un bolígrafo, marcador, papel bond para poder hacer los materiales.

En resumen, la educación está en crisis y, ante una educación en crisis, no se puede resolver con darle un barniz; se tiene que resolver con planificación estratégica que busque resolver las situaciones vulnerables.

—¿Económicamente, para los docentes es rentable tener que volver a dar clases presenciales o es mejor mantenerse a distancia por el tema de los gastos?

Este aspecto es muy fundamental porque uno de los elementos que conllevaron a la crisis educativa fue precisamente la no atención al profesional de la docencia y específicamente el salario.

En el año escolar 2018-2019 empezó a darse un fenómeno de migración forzada de los docentes, pero comenzando el año escolar 2019-2020 se dio otra migración de 30%, o sea, 20% en el 18-19 y 30% en el 19-20 y estamos sumando 50% de especialistas en la pedagogía que dejaron sus cargos, precisamente por el déficit o por la pulverización o la desaparición del salario; pero también hay otro fenómeno que es que muchos docentes renunciaron y se quedaron en el país, pero sin un estímulo no volverán a las aulas.

El Estado está resolviendo con el plan «Chamba juvenil»; es decir, no son profesionales de la docencia, son unos muchachos o algunos adultos que rápidamente reciben, en menos de tres meses, unos cursos y se les asignan materias como matemáticas, así se está haciendo.

Es muy lamentable y por eso es que te digo que estamos ante una crisis y uno de los elementos que se debe atender es cómo se rescatan los profesionales de la docencia y el Ministerio de Educación no ha dicho absolutamente nada, solo se han centrado en la infraestructura, que es importante, pero puedes tener la mejor infraestructura, a lo mejor acondicionas un gran porcentaje de planteles o los planteles pilotos en cada estado, pero si no resuelves el pilar fundamental del que lleva la formación docente, indudablemente, seguimos en crisis.

—¿Cuánto ganan los maestros y cuánto deberían ganar?

De acuerdo al Acta Convenio, que se firmó hace meses, se logró un ajuste salarial y rescatar ciertos beneficios que estaban violentados por Onapre (Oficina Nacional de Presupuesto), porque secuestraron la tabulación salarial de nuestra segunda convención colectiva. Esta Acta Convenio reconquistó algunas cosas de eso; pero aún así con los acuerdos que se dieron que hubo algún ajuste salarial, un docente seis, que es la máxima categoría, no llega a 60 dólares mensuales.

Entonces, lo que nosotros estamos exigiendo para que realmente haya justicia y haya realmente un proceso de enseñanza y de calidad en la educación es un salario como está ajustado en el artículo 91 de la Constitución; o sea, un salario que esté ajustado a las necesidades del docente y de su familia.

—¿Qué porcentaje de docentes a nivel nacional está vacunado contra la covid-19 con ambas dosis? ¿Cree que se puedan alcanzar el 100% de los trabajadores del sector educativo vacunados de aquí a octubre?

Nosotros hicimos una crítica desde el primer momento que se desarrolló la primera fase de vacunación en Venezuela porque no estaban contemplados los docentes. Fue precisamente el magisterio en todo el país que hizo protestas y exigencias para que fuesen vacunados y después Maduro anunció que los docentes serían vacunados.

De acuerdo al estudio que nosotros hicimos, estaba siendo utilizada una metodología totalmente incorrecta donde, por ejemplo, en la parroquia El Junquito, del Distrito Capital, son siete planteles nacionales y de esos siete planteles nacionales colocaban uno, dos o tres (maestros) por cada plantel, sabiendo que cada plantel tiene entre 80 y 90 dependiendo la matrícula estudiantil. En esa época no se llegó a cubrir ni 1% de la población nacional de docentes; es más, hubo estados donde no se vacunó ni un docente.

Pero en esta segunda fase tampoco hubo una planificación definida para la población docente; los docentes por voluntad propia tomaron la decisión y se metían en las colas como cualquier ciudadano.

En esta tercera fase que convocaron a través de un cronograma con cuatro estados más Distrito Capital, te podemos decir, de manera responsable: el Ministerio de Educación no ha querido dar el porcentaje (de vacunados); por lo que no tenemos de verdad, la objetividad de si realmente los docentes activos están vacunados; porque los jubilados no aparecen en esa programación que presentó el Ministerio y también son docentes y tienen una función, de acuerdo con nuestra Convención Colectiva son un patrimonio social y están contemplados en la política de la Unesco.

—¿Las autoridades nacionales les garantizan a los maestros equipos de protección personal como guantes, tapabocas, caretas, alcohol y gel antibacterial en las instituciones o corre por cuenta de cada uno?

Para iniciar este año escolar presencial esa es la exigencia al Ministerio de Educación: vacunas para todos los docentes, activos y jubilados, también para padres y representantes porque van a llevar a sus niños y los docentes van a tener las relaciones allí.

En segundo lugar estamos pidiendo el cumplimiento del protocolo y para que se pueda cumplir el protocolo en los planteles se necesitan tapabocas, gel, agua, un plan mensual de desinfección o un plan de desinfección permanente o progresivo; y no sabemos si eso va a ser de esa manera, por eso es que lo estamos exigiendo.

—¿Cuál es su opinión con respecto al anuncio de vacunación para los niños desde los 3 y hasta los 18 años de edad, cuando no se ha informado con qué vacuna se hará el procedimiento?

Un Estado responsable debe decirle a la ciudadanía cuál es la vacuna que se le va a poner a los niños, más cuando tenemos unas orientaciones de la Academia de Ciencias, que establece que el Estado debe ser responsable ante las vacunas que se le van a poner a los niños.

Nosotros no sabemos cuál es; lo que hay son diversos rumores. La Academia de Ciencia no tiene ninguna información al respecto y las organizaciones de las ciencias, de la medicina, que tienen esa responsabilidad desconocen cuál será la vacuna; lo que conocemos es el anuncio hecho por Maduro.

—¿Cómo considera que puede ser el impacto en los estudiantes al volver a clases presenciales después de tanto tiempo? ¿Sabe cómo ha sido en otros países y si ese impacto podría generar deserción escolar?

Ya hay una deserción escolar y se ha convertido en una desigualdad social. Tomando algunos datos de memoria y cuenta de la Universidad Central de Venezuela (UCV), de la Facultad de Educación, ellos señalaron que los dos años escolares anteriores han dejado una deserción estudiantil de 23,7%; estamos hablando más de un millón de niños, niñas y adolescentes y eso es sumamente grave.

El impacto es grande porque no solamente son las condiciones emocionales del niño porque ellos no recibieron ningún instrumento, ninguna metodología pedagogía en los planteles y lo que podían hacer los padres y representantes lo hicieron con un alto esfuerzo, pero eso no ayudó al desarrollo y aprendizaje del niño porque el aprendizaje es integral, porque no solamente es la intelectualidad, la academia, sino que también es su estado psíquico y emocional y ante eso debe haber una metodología en los planteles para atender esos casos.

Hay un gran porcentaje de violencia en los niños, cambios de conducta que se reflejaron en la lectura, en el proceso de enseñanza como la escritura; los que ya sabían leer dicen que no saben leer, los que sabían escribir deformaron su escritura; hay casos como esos, entonces si no tenemos unos especialistas en los planteles que atiendan esa situación se va a convertir en un caos mayor. Te lo digo porque los que van a atender a los niños no son los pedagogos, sino los que están en el plan «Chamba juvenil»

—A su juicio, ¿cómo debería ser este nuevo año escolar?

El año escolar con este grave problema que tenemos estaría contemplando dos cosas fundamentales a mi manera de ver: un Estado responsable que atienda la educación tal como lo expresan los artículos 102, 103 y 104 de la Constitución, que el Estado se haga responsable del alto financiamiento de la educación para poder rescatarla y salvarla.

En segundo lugar, también debe haber una participación protagónica de la sociedad para que, en función de la organización que debe haber en cada plantel, exigir que se cumpla el derecho de la educación como derecho humano. Yo siempre subrayo el derecho de la educación como derecho humano porque eso es lo que está violentado en este momento.

Esos dos aspectos son fundamentales. Este inicio de año escolar no puede ser como un inicio tradicional como otros porque estamos en una emergencia humanitaria compleja y ante esa situación hay que atenderlo como tal.