El director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Luis Lander, considera que, las irregularidades en la designación de CNE y la intervención a partidos políticos distorsionan el proceso electoral

La Constitución establece que el período de la actual Asamblea Nacional culmina el cinco de enero de 2021, por lo que las elecciones de diputados deberían hacerse este año, con lo que, desde la instalación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral hasta el 15 de diciembre hay seis meses, así que la convocatoria no debe demorar mucho si se espera hacer los comicios este año, además de que los nuevos rectores deben actuar bajo una fuerte presión si quieren realizar un proceso que garantice la transparencia, todo ello en medio de un vendaval político en el que el máximo tribunal del país ha intervenido los partidos de la oposición y los actores de la misma que fueron ampliamente votados en los comicios de 2015 están prácticamente desplazados del tablero de juego.

El director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Luis Lander considera que aún hay tiempo para poder realizar un proceso transparente, sin embargo; defiende que con un lapso más amplio se pueden otorgar mayores garantías; advierte además que el panorama está sufriendo distorsiones por la decisión del TSJ de nombrar las autoridades por omisión legislativa y conferirles algunas facultades que no les son propias, lo que a su juicio atenta contra la idoneidad del proceso que se avecina.

“En condiciones normales sería posible realizar un buen proceso electoral en seis meses, pero corriendo mucho. Estamos prácticamente sobre la marcha. Si revisamos los cronogramas que el CNE ha elaborado para elecciones anteriores, de 2015 para atrás, desde que se hizo la convocatoria hasta el día de la elección, el tiempo estaba alrededor de ese lapso, seis meses aproximadamente. En la Ley Orgánica del Sufragio (derogada) había un artículo que decía que las elecciones no podían ser convocadas con menos de seis meses de antelación; eso ahora no existe, es algo malo en la vigente Ley Orgánica de Procesos Electorales, que deja a discrecionalidad absoluta del CNE el fijar la fecha. Producto de eso han sido las muy malas elecciones que hemos tenido después de 2015, hechas con extremada premura, donde ninguna tuvo más de tres meses entre convocatoria y la realización de las elecciones y, si mi memoria no me falla, la de alcaldes de 2018 contó con menos de dos meses”, expresó Luis Lander en entrevista para la alianza Provea-TalCual.

Se debe resolver lo de las máquinas de votación rápidamente

Recalcó que cuando el tiempo es muy corto, no se hace la actualización del Registro Electoral (RE), no se hacen buenas auditorías de la plataforma tecnológica del sistema electoral; no hay tiempo suficiente para que los partidos armen su maqueta de candidatos y los períodos de postulaciones son atropellados. En este sentido, recordó que en una de esas elecciones recientes se hizo público el cronograma un día y se decía que el período de postulaciones era la misma semana del anuncio, algo que califica de descabellado por afectar la posibilidad de una participación libre, transparente y democrática.

“Las elecciones requieren tiempo administrativo, técnico para organizarla y tiempo político para que los distintos actores puedan participar efectivamente y se puedan desarrollar las campañas electorales” –explica Lander-. “El tiempo no es un capricho y no es una cosa como se dice por ahí de lado y lado que en tres meses se resuelve eso. En tres meses se resuelve mal. Hace falta tiempo”.

-¿Pero, en su opinión, en definitiva se pueden hacer en seis meses?

Estas cosas no las evalúo en blanco y negro. Mientras más tiempo, hay cosas que se pueden mejorar. Es posible hacerlas en seis meses, pero habría que ver en la práctica cómo se da el proceso. Hay dos cosas que no son regulares en los procesos electorales y afectan notablemente, uno es el incendio en Fila de Mariches; el proceso de reconstruir eso (la pérdida de buen número de máquinas de votación), aunque alguna gente dice, que está más o menos avanzado, pero es un rumor, es una tarea que tiene que resolver el CNE pronto y hacerlo conocer, y el otro, la segunda cosa que afecta es lo de la pandemia por el coronavirus.

CNE tenía pecado de origen

-¿Cuál es su opinión sobre la designación del nuevo directorio? Al contrario que en otras oportunidades en que el TSJ designó a los rectores, ahora lo hizo cuando no se había cumplido el período de ninguno de los rectores.

Claramente, el CNE que estaba hasta la semana pasada tenía pecado de origen; no había sido designado como manda la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Electoral y desde al año pasado ha venido expresándose una presión tanto interna como internacional de la necesidad de lograr un árbitro electoral que sea reconocido más ampliamente. El CNE, producto de todas las elecciones que se hicieron después de las parlamentarias de 2015, venía en un proceso de pérdida de legitimidad y confianza que lo hacía prácticamente inaceptable para la inmensa mayoría.

“En esas decisiones –advirtió- hay unas irregularidades adicionales. Lo primero que hace el TSJ, habiendo declarado la omisión legislativa, es pedirle al Comité de Postulaciones la lista de postulados, y no la había porque ni siquiera esa instancia había definido su reglamento interno y cronograma de trabajo; además, la ley establece plazos, el período en que se hacen las postulaciones no debe ser menos de dos semanas y luego hay un período para impugnar postulados y luego un período para que los impugnados puedan responder a las objeciones. Es un proceso que se lleva de tres semanas a un mes. Uno no sabe si era que no sabían o qué, algo realmente sorprendente, que pida algo de absolutamente imposible cumplimiento”.

Añadió que, además, la Sala Constitucional, cuando hace la designación, repartió los cargos de los rectores. “La LOPE es muy clara cuando establece que son los rectores, una vez designados, de su seno, quienes deciden quién va a estar en la Junta Electoral Nacional, la Comisión de Registro, la de partidos políticos y financiamiento; distribuyen los cargos, y dice cuáles son los rectores suplentes incorporados en esas comisiones. Pero en esta oportunidad, el TSJ le adelantó el trabajo”.

Que el CNE ejecute modificaciones a la ley es irregular

-En la sentencia del TSJ se establece la desaplicación de artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE) con el objetivo de rescatar el principio de la proporcionalidad. ¿Cuál es su opinión sobre ese procedimiento y si es conveniente o no?

-Es otra irregularidad adicional, que el tribunal también le dice al CNE que tiene que adecuar la legislación para restablecer representación proporcional y efectivamente la LOPE no respeta la representación proporcional y viola la Constitución.

“La ley actual, la LOPE –explicó Luis Lander- afecta lo establecido en la Constitución en dos momentos. El artículo ocho habla de un sistema electoral paralelo, unos diputados que se eligen por lista y otros nominalmente, y que los resultados de una elección no influyen para nada en la otra, no tienen vinculación una con la otra (en algunos sistemas, el partido que obtiene un diputado nominal pierde el primer escaño que le corresponde por lista). Los otros artículos, 14 y 15, dicen que en aquellos estados donde se eligen nueve o menos diputados se van a elegir dos por lista y los demás nominalmente, y en los que se eligen 10 o más, se van a elegir tres por lista y los demás nominalmente. Estos tres artículos configuran un sistema electoral que no es de representación proporcional; no es exactamente mayoritario. pero se acerca más a uno de ellos que al proporcional y más allá de las argumentaciones teóricas de ellos basta ver lo que ha ocurrido en las dos últimas elecciones parlamentarias que fueron regidas por esta nueva ley”.

Recordó que en las de 2010, el oficialismo obtuvo mayoría de votos sobre la oposición, “con menos de dos por ciento fue la diferencia. Unas elecciones reñidas, pero obtuvo un número muy superior de diputados que la oposición, no existió el mismo porcentaje. En la de 2015 pasó lo mismo, pero de signo contrario. La oposición sacó 56 % de los votos y se le adjudicaron 66% de los diputados, claramente la LOPE no respeta el principio de la representación proporcional”, detalló Luis Lander.

Agregó el director del OEV que esto podría ser una discusión interminable. “Yo no diría que la representación proporcional es más o menos democrática que los mayoritarias, hay argumentaciones en ambos sentidos; los que prefieren un sistema de representación proporcional, entre los cuales me incluyo, es que permite una mayor apertura del sistema político y que los cuerpos colegiados estén representantes de más sectores políticos, un panorama más plural que en el mayoritario, los que argumentan que éste es preferible es que es un parlamento que contribuye a una mayor estabilidad, pero independientemente de la simpatía hacia un sistema u otro, la Constitución es absolutamente categórica y en el artículo 63 dice que el sistema debe ser de representación proporcional y de personalización del sufragio, las dos cosas, tienes que combinarlas”.

Distorsiones

-¿Pero que el TSJ sea el que diga que se debe desaplicar la ley no lesiona derechos de la población?

-Esa manera de resolver ese problema… tiene que ver con la ley y requiere modificaciones de la ley. En Venezuela, el Estado de derecho indica que a quien corresponde producir esos cambios es a la Asamblea Nacional que es un órgano legislativo. Eso de darle atribuciones legislativas al CNE es una irregularidad adicional.

A juicio de Luis Lander, si se quiere resolver ese problema sobre el cual asegura produce distorsiones, se puede hacer de una manera efectiva dejando que la AN produjera modificaciones a la ley. “Pero ese mecanismo (el de la indicación del TSJ hacia el CNE) es muy malo”, acotó.

-También se prevé que haya cambios en el número de diputados a elegir. Se ha dicho que para atender los cambios en el número de habitantes ¿Es esto necesario y a qué principios debe atenderse para que tales modificaciones sean justas?

-Pareciera que el TSJ está actuando con desconocimiento de causa, porque también en la LOPE y en la Constitución, figura la manera de determinar el número de diputados que van a integrar la AN. El número no se altera porque aumente la población. Se puede producir una duplicación de la población, pero eso no quiere decir que tengamos una AN con el doble de diputados. Tampoco de los circuitos. Lo primero que hay que hacer para determinar el número de diputados, es determinar, sobre la base del último censo y las proyecciones que haga el INE para cada año, cuánto es el uno coma uno por ciento de la población. Si hay 20 millones es una cifra, si hay 40 es el doble, pero siempre el uno coma uno por ciento de la población. Ese factor, uno coma uno por ciento, se saca cuántas veces existe en cada estado.

“Digamos que el uno coma uno es 650 mil electores y un estado tiene millón y medio de electores, es casi dos veces, así que le corresponden dos diputados. Como es proporcional se mantiene más o menos igual, no es exacto, no es verdad que el ajuste, que sí debe hacerlo y le corresponde al CNE, se deba sacar la cuenta por las bases de la población. El Parlamento pide al INE las proyecciones de población y con eso saca la cuenta”, precisó Luis Lander.

Intervenciones afectan a todos los ciudadanos

-Los partidos de la oposición han sido intervenidos y se les ha impuesto unas directivas ad hoc. ¿Esto afecta los derechos electorales de los militantes y simpatizantes de estas organizaciones?

-Afecta los derechos de todos, no solo los de los militantes de Acción Democrática, por ejemplo, sino hasta de los que estén en contra de Acción Democrática porque distorsiona el proceso electoral y eso nos afecta a todos. Nuevamente con esto es importante decir que no es la primera vez que pasa. Pasó en 2015 con PPT, MEP, Podemos, Copei. Han sido varios los partidos en los que supuestas tensiones y luchas internas dentro de ellos se resuelven judicialmente, lo cual es un disparate porque la política no es un asunto a resolver en tribunales. Hay procesos que le permiten a los partidos elegir legítimamente a sus autoridades, algunos con métodos más democráticos que otros”, sostuvo Luis Lander.

Insistió en que se producen más distorsiones porque está la interrogante sobre cuál será la actuación de esos partidos con esas directivas impuestas, algo que está en el centro de la atención sobre todo a raíz de la decisión de la asamblea constituyente, que indicó que para estas organizaciones no es necesario legitimarse a través de la recolección de firmas.

“Todos estos partidos están afectados por una decisión que tomó la constituyente luego de las elecciones de alcaldes de 2018 donde Maduro sugirió que aquellos que no habían participado en esa elección debían validarse y pasar nuevamente por el proceso de legalización recogiendo las firmas y todo eso establecido en la Ley de Partidos Políticos. Ahora dijo que ya no es necesario hacer eso ¿Quiere decir entonces que esta nueva Acción Democrática, dirigida por Bernabé Gutiérrez no tiene que pasar por el proceso para legitimarse? Lo mismo que PJ y seguro ocurrirá con UNT”, apuntó Luis Lander.

Buscar mecanismos de voto a distancia

-No estamos en una situación de normalidad debido a la pandemia. ¿Qué ha ocurrido en otros casos con situaciones parecidas? ¿Es conveniente realizar el proceso en estas condiciones?

-Nuevamente la respuesta no es sí o no. No se trata de decir ‘sí, no importa, le echamos pichón y resolvemos’. Algunos países toman decisiones de ese tipo (cumplir con las actividades) y se produce un rebrote importante del número de infectados. En otros se dicen ‘hay que respetar el derecho al sufragio a la población, pero se establecen mecanismos que reducen los riesgos sanitarios, como incrementar el número de votos que se pueden hacer a distancia, aunque si piensas eso en Venezuela, voto por correo, sería un mal chiste, un joven preguntaría qué es el correo; pero, por ejemplo, el sistema bancario digital funciona razonablemente bien en Venezuela y la gente le tiene confianza. Mecanismos como esos podrían utilizarse con propósitos electorales, pero eso requiere diseñar el sistema, montarlo, hacerlo del conocimiento público y generar confianza en los electorales en su funcionamiento y eso es algo que en 15 días no se hace.

-Pero se afecta la campaña

-La postulación de candidatos también. No es fácil hacerlo cuidando las condiciones sanitarias.

Actualizar el RE

-Hay un conjunto de garantías electorales pactadas en la mesa de diálogo nacional y que forman parte de la sentencia del TSJ para designar a los rectores. ¿Qué se requiere en cuanto a observación nacional e internacional para el cumplimiento de ese pacto?

-Para que haya unas elecciones de razonable buena calidad es necesario meterle el diente al Registro Electoral. Hay que actualizarlo para garantizar que todos los venezolanos con derecho a voto podamos hacerlo. Se complica por el hecho de las migraciones, pero hay que tratar que ese tema se aborde. En cuanto a la observación es importante tanto la nacional como la internacional. Hablo de la nacional porque obviamente es el terreno donde trabajamos, pero en cuestiones de observación son muy importantes las dos, porque la nacional es hecha por personas de aquí y por lo tanto tiene un poco más de conocimiento cotidiano de la situación del país, una capacidad de evaluar lo que está pasando mejor que la internacional; pero ésta, tiene mucho más volumen en sus opiniones que la nacional.

“Yo diría que claramente que en el momento más estelar de la observación en Venezuela fue en las presidenciales de 2006, cuando la Unión Europea (UE), con meses de antelación, mandó un equipo de gente muy bien preparada en asuntos electorales, un equipo relativamente pequeño pero que cubrió el proceso de campaña, las postulaciones, y que para la semana de las elecciones amplió el número de observadores, si mal no recuerdo alrededor de mil y esa observación de la Unión Europea se mantenía en permanente contacto con las organizaciones de observación nacional. Nosotros nos reuníamos dos veces a la semana con ellos. Esa dupla permitió una buena observación y que los resultados fueran reconocidos en Venezuela y el mundo entero”, recordó Luis Lander.

-¿Qué no puede faltar para esta?

-Cosas como esas de la observación de la UE requieren de tiempo. En unas elecciones apresuradas como las hechas después de 2015 simplemente se niega. Le pides a la Unión Europea venga en mes y medio para unas elecciones y dice que no viene. La otra, que ha estado muy beligerante, es la OEA, pero me gusta más la UE porque la OEA claramente no va a ser reconocida por uno de los participantes y tiene que haber equilibrio. La observación de la OEA, para un sector, va a aparecer como demasiado parcializada.

Actuación continuada

-¿Y el mecanismo para el seguimiento?

-Las organizaciones de observación electoral se dedican a eso, pero es una cosa más amplia. Es día a día, uno no puede decir hoy qué puede pasar con los puntos rojos, eso será el día de la votación. Lo que hay que ver sobre la marcha es si se puede incluir en el reglamento del CNE normas que obliguen a disminuir las manifestaciones más excesivas del desequilibrio en las campañas electorales, por ejemplo, que los canales de comunicación del Estado deben estar al servicio de todos y no convertidos como son de hecho ahorita en plataformas de propaganda de un solo sector. Puedes tener de antemano la lista de cosas que tienes que revisar, pero evaluar su cumplimiento lo tienes que ir haciendo en la medida que el proceso vaya avanzando.

-¿Todas esas irregularidades de las que ha hablado pueden incidir en la participación de los electores?

-Por supuesto que las irregularidades, acciones cometidas por el sistema judicial en contra de directivas de partidos políticos tendrá consecuencias en la participación electoral de la población. Esas acciones generan e incrementan la desconfianza en la calidad de un venidero proceso electoral al menoscabar el libre ejercicio de la política, estimulando con ello mayores niveles de abstención.

Desde la perspectiva de Luis Lander, se trata de acciones claramente percibidas por las mayorías como hechas por poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial, con claros propósitos políticos de debilitar fuerzas opositoras. “Pero igualmente hay que afirmar -señaló- que la decisión de participar o abstenerse en las venideras elecciones también dependerá de otros factores. La manera en que fue designado el nuevo Poder Electoral, su comportamiento en las semanas venideras, los niveles de desequilibrio en la venidera campaña, el uso ilegítimo de recursos públicos, el acceso a medios de comunicación, la inhabilitación de potenciales candidatos, etc. Será también importante la respuesta que la oposición política y, particularmente, los partidos afectados den a esta difícil coyuntura”, argumentó Luis Lander.