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Los días 8 y 9 de enero de 2021 los cuerpos policiales tomaron la parroquia La Vega de Caracas con la excusa de la presencia de bandas de delincuentes, durante esos días 23 personas fueron asesinadas, la mayoría ejecutadas extrajudicialmente, por las autoridades, a un año de esos hechos la impunidad prevalece, asegura el sacerdote Alfredo Infante


“Los familiares no han recibido ninguna respuesta”, no hay, después de un año, ninguna declaración oficial sobre lo ocurrido en La Vega a principios de enero de 2021, lo que le indica que “estos jóvenes asesinados están excluidos, no son tomados en cuenta” y la actuación del fiscal Tarek Willian Saab y del defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, ambos nombrados por la ilegal Constituyente es vergonzosa. Son las conclusiones a las que llega el padre jesuita Alfredo Infante sobre la masacre de La Vega.

Le parece arriesgado, de buenas a primeras, calificar la muerte de estas 23 personas como crimen de lesa humanidad, pero agrega que hay todos los méritos para plantearlo, pues no se está ante hechos aislados, sino que “son un patrón de política pública del Estado, tanto por lo sistemático como por lo masivo”, señala el sacerdote, quien es párroco de La Vega y un vecino más de la comunidad.

El padre Infante participó en una investigación sobre lo ocurrido en La Vega que se denomina Lupa por la Vida, un proyecto conjunto del Centro Gumilla y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) que tiene como propósito “contribuir a construir memoria y avanzar hacia la verdad de lo ocurrido, evitar que quede en el olvido y seguir acompañando a los familiares de las víctimas para que los responsables rindan cuentas cualquiera haya sido su responsabilidad por acción u omisión”, según se lee en el informe publicado a principios de este año con el resultado de la investigación realizada.

Padre Alfredo Infante señala uno de los lugares donde actuó la fuerza pública

“En La Vega los días 8 y 9 de enero de 2021 se desarrolló un operativo policial y militar con algunas características a los realizados durante los operativos de Liberación del Pueblo (OLP): alta letalidad, ocupación militar y policial del barrio, allanamientos indiscriminados, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, amenazas a familiares y vecinos, robo de bienes en las casas allanadas, alteración de las escenas de los crímenes perpetrados”, refiere la citada investigación. 

Esta actuación de los cuerpos de los cuerpos policiales y militares arrojó el asesinato de 23 personas, una buena parte de ellas ejecutadas por los funcionarios, otros murieron al estar en la línea de fuego y otros, los menos, al enfrentarse a las fuerzas del Estado. A un año de lo ocurrido la impunidad prevalece. 

 Más temor e inseguridad

-¿Es La Vega más segura hoy que hace un año?

-Los ciclos de violencia en los barrios tienen sus picos y sus declives. La masacre de La Vega, cómo hito, más que seguridad generó temor e inseguridad en la población, especialmente en las madres de adolescentes, pues sus hijos están en alta vulnerabilidad ante la actuación de la fuerza pública quienes los consideran delincuentes por el solo hecho de ser jóvenes de barrio, como por las bandas que buscan reclutarlos e involucrarlos. No se puede hablar de seguridad si lo que se vive es temor y zozobra. Si hay desamparo por la impunidad estructural que se vive, no se puede hablar de seguridad.

-¿Cuál fue la justificación que dio la policía al operativo de hace un año que produjo la muerte de 23 personas en La Vega?

-Desde el último trimestre de 2020 la banda del Coqui venía penetrando territorio de la parte alta de La Vega. Los vecinos de los sectores de la calle Zulia, barrio el Carmen, se encontraban intranquilos por la actuación de sujetos armados que imponían su ley en esos sectores. Algunos familiares de policías habitantes de las zonas, fueron amenazados y tuvieron que desplazarse del sector. En la vecindad había mucha tensión ante la presencia de estos actores armados.

Por las redes algunos vecinos pedían la actuación policial, aunque al mismo tiempo se temía que fuese contraproducente. No sé sabe que es peor si el remedio o la enfermedad. Las sensibilidades de la gente estaban divididas, en contradicción. Porque la experiencia es que la policía cuando entra actúa indiscriminadamente y terminan violando los derechos humanos y llevándose por delante al que encuentren. El justificativo fue pues, poner orden y garantizar la seguridad del sector y controlar así la expansión de las bandas criminales. El resultado fue lamentable. No hubo ningún líder de la banda preso, ni herido, ni procesado. Sólo personas, que según la versión de los familiares, no estaban vinculados a las bandas y, mucho menos, participando en la confrontación, cómo mostró la versión oficial.

En La Vega se venían produciendo movilizaciones en reclamo al mal funcionamiento de los servicios públicos, ¿el operativo policial de enero 2020 tuvo algo que ver con estas movilizaciones? ¿Se redujeron después de ese operativo?

-El 2020 fue un año crítico en cuanto a la prestación de los servicios públicos, especialmente agua, gas, recolección de desechos y calidad de internet. Se organizaron varias protestas en los distintos sectores de la Vega, baja, media y alta. Varias protestas fueron de tomas espontáneas de avenidas ante el desespero; otras, cómo las de la parte alta de La Vega se hicieron de manera alternativa, sin trancar vías, con u mensaje claro en derechos humanos. El principio de 2021 comenzó con protestas fuertes por la falta de servicio de gas y agua, y lo costosísimo de las cisternas. Ambas cosas se dieron en paralelo, la penetración de las bandas y las huelgas. Una no tiene que ver con la otra. Sin embargo, la masacre sirvió para mostrar los colmillos por parte del Gobierno y así amedrentar la lucha por los derechos humanos. Fue claro que después de la masacre hubo miedo, y, quienes se reactivaron para seguir con la reivindicación de los servicios públicos como derechos humanos, fueron sorprendidos y amedrentados por la detención del líder social Jairo Pérez, el 24 de marzo.

Fue su primera detención… Aunque para el momento se le vinculó con los sucesos delictivos, se le detuvo «preventivamente» como advertencia. Se le soltó el mismo día y su detención estuvo vinculada a las protestas por los servicios públicos.

Pero, las protestas continuaron, y, en el contexto del conflicto vivido en julio, entre la fuerza pública y la banda del Coqui, que afectó a nueve parroquias del suroeste del municipio Libertador, en este contexto, nuevamente el 15 de julio se detiene a Jairo Pérez, con señalamientos graves, criminalizando la protesta social.

Queda claro que aunque en la práctica no hubo vinculación entre protestas sociales y las bandas, desde el Estado se aprovechó la coyuntura para relacionarlas y así, amedrentar a la comunidad que protesta por sus derechos. Desde el poder se creó una narrativa para vincular ambas cosas y criminalizar las protestas y desmovilizar socialmente a las comunidades.

La discriminación es previa a la “revolución”

-Este gobierno, esta revolución, dice nacer del pueblo, pero ser joven y pobre parece ser un crimen, ¿no es una contradicción?

-En realidad el prejuicio que discrimina y criminaliza al joven del barrio es anterior a esta revolución. Todos los que hemos sido en este país jóvenes, morenos y habitantes de barrio sabemos que este no es un asunto nuevo. Es un esquema que está arraigado en las políticas de seguridad del Estado. Sin embargo, sí resulta muy paradójico que en un gobierno que se autoproclama del pueblo, y defensor del pobre, suceda la «masacre de La Vega» y que hasta la fecha no se conozca investigación. Esto lo que dice es que este Gobierno no respeta a la gente de los barrios, que la utiliza para sus fines, y que cuando quiere exponer números para mostrar su combate contra la delincuencia, se altera las escenas de crimen y se construyen falsos positivos que se presentan como golpes a la criminalidad, dejando enlutado y herido el corazón de muchas familias.

-En Venezuela todos los años mueren miles de personas en supuestos enfrentamientos con la policía, pero la mayoría de la población cree que hace falta mano dura contra la delincuencia, ¿qué le dice usted a esos venezolanos?

-Lo primero es reconocer que en Venezuela estamos ante un crecimiento exponencial de la delincuencia en los últimos 29 años. Que el control territorial y poblacional por parte de las bandas es un problema de Estado, y que la población vive en un secuestro colectivo y territorial por parte de estos grupos. Por tanto, reconozco la desesperación. Pero, debo decirle que la represión indiscriminada, y mucho menos los montajes, los falsos positivos, que dejan como saldo ejecuciones extrajudiciales no son la solución, sino que por el contrario agravan más el asunto.

La mano dura nunca es solución. Que hay que apostar por políticas preventivas, integrales, dónde la investigación y la inteligencia, respetando los derechos humanos, son la vía. También les diría que se coloquen en los zapatos de las madres y abuelas a quienes les han asesinado a sus hijos… Creo que desde ahí, desde la propia experiencia, se desmontan los pretextos que justifican este tipo de acciones, lamentablemente.

-Usted ha visto la evolución de la delincuencia en Caracas, ¿cuáles son sus nuevas características?

-El fenómeno de la delincuencia organizada es un fenómeno global, que ha ido creciendo aprovechando las plataformas virtuales… En México, Brasil, Colombia y Centroamérica el fenómeno es de más vieja data…En Venezuela la erosión del Estado y su institucionalidad, expresado en la impunidad sistémica y estructural, es caldo de cultivo para este fenómeno… Yo he venido insistiendo con preocupación que los componentes básicos de una nación como son población, territorio y Estado están colapsados y esto es muy grave para la salud del país…

Este hecho ha facilitado que las dinámicas delincuenciales crezcan y se extiendan, e inclusive, penetren las instituciones policiales, que, por sus actuaciones al margen de la Constitución y las leyes, actúan violando los derechos humanos…

En las zonas populares, la experiencia de la gente es encontrarse en medio de dos violencias, la delincuencial y la policial. Es importante una reforma policial, retomar la propuesta de la Conarepol, que en nunca se ha implementado. Es urgente desmilitarizar las policías y, también despartidizar políticamente las mismas. Cualquier proceso de reinstitucionalización pasa por ahí. 

 Silencio oficial e impunidad

-Sigue sin haber información oficial sobre lo ocurrido. El fiscal y el defensor del Pueblo alardean haber sido defensores de los DDHH, ¿su actuación en este caso se compagina con la trayectoria que tuvieron? 

-Si, el que después de un año, la única información por parte de instituciones de Estado sea vía Twitter y por parte del jefe de la policía, es algo, que raya en la exclusión. «estos jóvenes asesinados, están excluidos, no son tomados en cuenta… Es lamentable que la defensoría del Pueblo cuyo mandato es acompañar a las víctimas y apoyarlas, no se ha pronunciado. Esto significa que vivimos en una impunidad estructural que pone a las víctimas y sociedad en total desamparo.

 Y realmente es vergonzoso que el Fiscal Tarek William Saab, no tenga voluntad que se haga justicia. Y, Alfredo Ruiz…triste…

-¿Qué respuesta han recibido los familiares de las víctimas por la muerte de sus familiares?

-Que yo sepa, la Fiscalía no ha hecho ninguna investigación. la defensoría ha descuidado el acompañamiento de las familias, para exigir dicha investigación. Los familiares no han recibido ninguna respuesta, los hechos están en absoluta impunidad. Hay una revictimización.

Le parece arriesgado, de buenas a primeras, calificar la muerte de estas 23 personas como crimen de lesa humanidad, pero agrega que hay todos los méritos para plantearlo, pues no se está ante hechos aislados, sino que “son un patrón de política pública del Estado, tanto por lo sistemático como por lo masivo”, señala el sacerdote, quien párroco de la parroquia eclesiástica San Alberto Hurtado y José Gregorio Hernández, que comprende la parte alta de La Vega y un vecino más de la comunidad. Es también, coordinador de derechos humanos del Centro Gumilla.

Alianza Provea-TalCual