A propósito de celebrarse el pasado 29 de mayo el Día Nacional del Adulto Mayor en Venezuela, y considerando la reciente aprobación de la “Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista”, la creación del Ministerio para los Adultos Mayores y el Congreso de los Adultos Mayores, Provea conversó con Edgar Silva, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados, Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad, sobre las pensiones y otros asuntos relativos a la seguridad social.
Antes de entrar en materia, el experto repasó los incumplimientos que el Ejecutivo Nacional ha tenido al respecto: en el año 2014, en un acto con adultos mayores en el Palacio de Miraflores, se prometió un bono de salud y alimentación; en mayo de 2022, se ofreció un Bono Único Compensatorio a jubilados de 10 000 Bs; y se comprometió a restablecer el pago a pensionados y jubilados residenciados en el exterior, quienes llevan 8 años y 5 meses con pensiones suspendidas. Desde 2005, no se ha discutido ni aprobado de manera definitiva el Sistema de Seguridad Social, quedando vigentes solo la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y otras leyes especiales, como la Ley de Servicios Sociales.
La situación de los adultos mayores en Venezuela es una de las más agudas en América Latina y se ha agravado en los últimos años de gestión de Nicolás Maduro. No existe un sistema de seguridad social que los ampare mediante un régimen prestacional destinado al adulto mayor y otras categorías de personas, y no hay políticas efectivas de protección social con enfoque en derechos humanos. Por el contrario, se han implementado medidas asistencialistas a discreción que no benefician a esta población.
A juicio de Silva, la situación de pensionados y jubilados se ha recrudecido debido a la falta de reactivación del Fondo de Pensiones del Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS). “Una manera de hacerlo es con el aporte de un capital semilla y ajustando, mediante una reforma a la Ley del Seguro Social, los porcentajes de cotización de los empleadores, trabajadores y el Ejecutivo. Con esta idea, en 2015, nuestra organización propuso al Ejecutivo Nacional un proyecto llamado ‘Una gota de petróleo para las pensiones’ para reactivar el Fondo de Pensiones del IVSS, ya que sabíamos que esta crisis de financiamiento de las pensiones se iba a presentar de nuevo, como en 1991. Pero no hubo nunca respuesta”, explicó Silva.
Además de la aprobación de la “Ley de Pensiones”, está la creación de la Misión de Abuelas y Abuelos de la Patria, que, en opinión de Silva, sirve como una estrategia de campaña electoral para las próximas elecciones del 28 de julio. “No es casual que, después de 24 años de gobierno, habiendo tenido los recursos suficientes para la creación del sistema de seguridad social o la reactivación del Fondo de Pensiones del IVSS, sea en este momento que al Presidente de la República se le ocurra referirse a la situación precaria en que viven nuestros adultos mayores y realizar, de manera apresurada e improvisada, estas propuestas dirigidas al universo nacional de adultos mayores, más de 5 millones de votantes, a quienes ha mantenido en pobreza extrema, en estado de exterminio, especialmente desde el año 2013 en adelante”, afirmó Silva.
“El gobierno pretende ganarse la simpatía de este grupo etario tan vulnerable y golpeado con operativos de salud, bolsas insuficientes de alimentos, condenados a un ingreso de 3.5$ al mes, y no sabemos si contarán con el bono de guerra económica”, añadió Silva.
Innecesaria Ley de Pensiones
En relación con la aprobación de esta ley, Silva comentó que, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, desde 2017 el trabajo formal asalariado comenzó a perder importancia para los venezolanos debido a la crisis económica. La mayoría de la población ocupada trabaja por cuenta propia, y según la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios de Venezuela, en 2023, más de 7 millones de venezolanos laboraban en el comercio informal. “La migración también afectó la nómina del sector privado. Toda esta situación ha hecho que caigan los aportes a la seguridad social y así seguirá ocurriendo con el nuevo Fondo de Pensiones, si llegara a constituirse. Si los empresarios quisieran defenderse de esta obligación que les impone la ley, podrían hacerlo por esta vía, ya que las leyes orgánicas son de rango superior a las leyes especiales u ordinarias, como lo es la ley en cuestión”, explicó Silva.
En relación a la afectación del empleo formal, Silva señaló que la voracidad fiscal de los gobiernos locales, regionales y nacional ha obligado a muchas empresas a cerrar sus puertas, echando a la calle a cientos de trabajadores que prestaban sus servicios en la economía formal, quienes han tenido que refugiarse en la economía informal o formar parte de la oleada de migrantes que han salido de Venezuela hacia otros países.
“La aplicación de este nuevo impuesto traerá como consecuencia la reducción de la base formal de trabajadores para los aportes a la seguridad social, ya disminuidos por los bajos salarios que desde el año 2013 se han venido pagando a los trabajadores, así como también por los despidos y cierre de empresas, producto de las numerosas medidas impositivas aplicadas y de otros factores de la economía nacional”, advirtió Silva.
Bajo esta consideración, Silva recordó que los más de 7 millones de venezolanos que han emigrado hacia otros países, buscando mejores condiciones de vida para sus familias, en su mayoría son parte del llamado Bono Demográfico, que es la base formal de trabajadores en edad de producir y aportar al sistema de seguridad social y así garantizar las pensiones a quienes cumplan los requisitos para solicitarlas en caso de vejez, incapacidad parcial, invalidez o sobrevivencia, en un sistema de reparto como el del Seguro Social.
Importancia de un Sistema de Seguridad Social Efectivo
Con base en lo anterior, Silva subrayó que las leyes del Seguro Social y del Sistema de Seguridad Social fueron discutidas y analizadas por los sectores involucrados y especialistas, y sometidas a consulta popular para su aprobación. La idea de una aprobación apresurada e improvisada, sin las respectivas consultas y análisis, es impensable. “El derecho a la seguridad social va más allá de un instituto de seguros sociales y de pensiones; es un sistema de protección de la población en determinadas situaciones, y su concreción requiere voluntad política y la ejecución de legislaciones y políticas acordes”, concluyó Silva.
Prensa Provea.
