El representante en Europa de Provea, Calixto Ávila, aseguró que el recurso jurisdiccional interpuesto ante la Sala de Acciones Preliminares de la CPI lo que hace es permitir que la administración de Nicolás Maduro siga aparentando que está accionando contra las graves violaciones a los DDHH que han ocurrido en Venezuela
La fiscal saliente de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, había anunciado en diciembre de 2020 que antes de la culminación de su gestión, prevista para el 15 de junio de 2021, presentaría las conclusiones del examen preliminar sobre el caso Venezuela ante la Corte Penal Internacional, con lo que se decidiría si el organismo iniciaría una investigación formal. En esa oportunidad aseguró que hasta el momento se habían encontrado fundamentos razonables de que autoridades civiles y militares podrían estar incursos en crímenes de encarcelación, tortura, persecución contra grupos con identidad propia y violación y otras formas de violencia sexual.
Pero llegó el 15 de junio y Bensouda no se pronunció definitivamente sobre el caso y Karim Kahn es ahora el nuevo titular de la Fiscalía, todo en razón de un recurso jurisdiccional interpuesto por el fiscal designado por la asamblea constituyente venezolana, Tarek William Saab, ante la Sala de Asuntos Preliminares de la CPI.
Para el abogado especialista en DDHH y representante en Europa del Programa de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Calixto Ávila, el recurso no cambiará el curso que ha tenido el examen preliminar, por lo que prevé que la CPI, una vez presentado el informe final abrirá la investigación, con lo que el gobierno venezolano solo habrá ganado tiempo.
Calixto Ávila explicó que recurso interpuesto por Venezuela tomará más tiempo
“El objetivo final del recurso era dilatar la posibilidad de que la fiscal pudiera pronunciarse antes del vencimiento de su mandato. Fue introducido de manera confidencial por lo que el recurso va a tomar mucho más tiempo porque la introducción afecta todo el proceso, que también es confidencial. El gobierno tuvo éxito en términos que la fiscal no pudo pronunciarse y no dijo cuál sería su decisión final, pero la fiscal Bensouda sí dijo que había logrado decisión final”, detalló Calixto Ávila.
El abogado, que cuenta con magíster en Derecho Público Internacional de la Universidad Libre de Bruselas, negó que la falta de un pronunciamiento se debe a que Bensouda no cumplió con su palabra. En este sentido recordó que ella, en 2018 inició por sí misma la investigación del caso Venezuela 1, que abarca crímenes cometidos por lo menos a partir abril de 2017.
“La fiscal Bensouda llevó todas las investigaciones dentro del examen preliminar, llevándolo a la fase III, tal como lo presentó en diciembre del año pasado ante la Asamblea de Estados partes de la Corte, cuando anunció que su oficina encontró fundamentos razonables por lo menos desde abril 2017 de que autoridades civiles, miembros de la FAN e individuos han cometido los siguientes crímenes: encarcelación, tortura, violación y otras formas de violencia sexual y persecución grupos con identidad propia. Si no pudo cumplir su palabra fue porque no podía pronunciarse hasta que la Sala no decidiera sobre el recurso intentado por el fiscal Saab”, detalló Calixto Ávila.
Recurso no pone en cuestión fondo de la investigación, indicó Calixto Ávila
El Estado venezolano, a través del recurso interpuesto por Saab se queja de la conducción del caso por parte de la fiscal Bensouda. ¿El fallo de la Sala de Asuntos Preliminares podría afectar la decisión que ya había tomado la fiscal?
El recurso tiene que ver con que la relación del trato de la Fiscalía con el Estado venezolano es (supuestamente) discriminatoria y que se aleja de los estándares de relación de la Fiscalía con otros países. Tendríamos que esperar que la Sala decida, pero no se ha puesto en cuestión el fondo mismo de la investigación que ha hecho la fiscal.
¿Qué expectativas tiene sobre el nuevo fiscal? ¿Conoce alguna declaración que haya hecho sobre el caso de Venezuela?
Es un experto en derecho penal internacional, una persona que ha investigado crímenes internacionales y cuenta con amplia trayectoria. A diferencia de la fiscal Bensouda no viene de dentro de la CPI, ya que ha sido una fiscal de carrera. El señor Karim es un investigador y tiene amplio conocimiento del tema del derecho internacional y de la CPI y fue electo por eso.
“Que yo conozca no ha tenido pronunciamiento sobre la situación de Venezuela; tal vez lo haya hecho en términos académicos, de haberlo hecho tendría que asumir un fiscal adjunto la investigación. ¿Qué podemos esperar? La continuidad del trabajo de la Fiscalía, una institución que tiene un esquipo de fiscales asignado a varias investigaciones, hay uno asignado al caso Venezuela 1 y el nuevo fiscal tendrá una necesidad de conocimiento del dossier, ya que sería extraño que hiciera un pronunciamiento sin tener antes un conocimiento profundo”, indicó Calixto Ávila.
Pronunciamiento podría demorar hasta diciembre
¿Hasta cuándo podría extenderse la decisión sobre el caso de Venezuela?
El recurso ha tenido un efecto dilatorio. Una vez que la Sala de Cuestiones Preliminares decida sobre el mismo, el fiscal podrá anunciar su decisión. Tiene tres posibilidades, que cierre y archive el examen preliminar, que es el escenario menos posible porque el expediente está muy nutrido con mucha información, ha sido bien llevado por la Fiscalía y creemos que la fiscal Bensouda estaba decidida a abrir una investigación; mantener el examen preliminar abierto hasta que tenga elementos para tomar una decisión, y dar por finalizado el examen y abrir la investigación, con lo que pasaría ya a la Corte Penal Internacional y la Fiscalía continuaría ejerciendo acciones de acusación.
Añadió Ávila que, una vez que la Sala de Asuntos Preliminares decida sobre el recurso, el Fiscal estaría en posibilidad de anunciarlo en cualquier momento, pero que el lapso máximo para pronunciarse sería hasta el mes de diciembre, que es cuando tiene lugar la Asamblea de Estados partes del Estatuto de Roma y el Fiscal presenta el resumen o informe de gestión, aunque esto no impide que el pronunciamiento pueda presentarse antes del mes de diciembre.
Buscan mejorar su imagen
El gobierno de Nicolás Maduro ha hecho algunas acciones, como reestructurar cuerpos policiales y poner a disposición del Ministerio Público a privados de libertad por motivos políticos ¿Cree que esto pueda lavarle la cara al Estado venezolano?
Ese tipo de actividades están destinadas a mejorar su imagen no solo ante la fiscalía de la CPI si no ante el sistema de Naciones Unidas. Lo que investiga la Corte son crímenes de lesa humanidad que se han cometido por miembros de cuerpos de seguridad o individuos a favor del gobierno, como se refería la fiscal en su informe de diciembre. Ese tipo de acciones que ha intentado el gobierno lo que hace es mostrar que hace algún tipo de acciones, pero no que lleva a la justicia a los responsables de los crímenes de competencia de la CPI, la cual se activa cuando los estados no quieren o no pueden administrar justicia ante crímenes de la competencia de la Corte, que puede ser activada en el caso de Venezuela. Estas modificaciones indican que hay una voluntad de cambiar una serie de cosas, pero no llevar a los responsables ante la justicia.
La Fiscalía de Venezuela también cambió los procedimientos abiertos correspondientes a los casos del capitán Acosta Arévalo, el estudiante Juan Pablo Pernalete y el concejal Fernando Albán
-Ésas son acciones que sí podrían tener incidencia, pero esas acciones se refieren a un número muy reducido de casos que figuran en el examen preliminar y en segundo lugar se refieren a actores materiales inmediatos, pero no a las cadenas de mando ni a los más altos responsables de esos crímenes. La Corte se enfoca en las cadenas de mando y los más altos responsables que son los que han sido objeto de órdenes de captura y de sentencias condenatorias.
Escenario posible
¿Qué podemos esperar una vez que la Sala de Asuntos Preliminares se pronuncie?
Que el Fiscal entrante concluya el examen preliminar y abra una investigación y el examen preliminar se convierta en una situación ante la CPI. En esa etapa queda abierta la investigación, y podrían participar las víctimas dentro del proceso ante la Sala de Cuestiones Preliminares que es la que conoce sobre el recurso de Tarek William Saab.
“Es muy importante –continuó-, porque la Fiscalía podría solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares la emisión de órdenes de comparecencia u órdenes de captura de presuntos responsables de los crímenes que ha investigado la Fiscalía y se podría solicitar abrir una investigación contra particulares. Hasta el momento, en el examen preliminar no hay actividad de controversia probatoria. Ya en la investigación se iniciaría ese proceso, con la discusión y evaluación de pruebas, pero también de delitos específicos, con víctimas con nombre propio y perpetradores con nombre propio y se abriría posibilidad de que se emitan órdenes de captura.
¿Cómo evalúa la situación actual de los derechos humanos en Venezuela?
La situación de los derechos humanos en Venezuela sigue siendo crítica. Las Naciones Unidas tienen claro que hay una situación crítica de DDHH, está en la agenda del Consejo de la ONU que se discute en cada período de sesiones Consejo de DDHH y en cada una se discute la situación de Venezuela, lo que demuestra que es de mucho interés para el sistema de Naciones Unidas.
“La ONU tiene una misión de determinación de hechos establecida por Consejo de DDHH que tuvo extensión de mandato por dos años y presentará un informe en septiembre y no hay que olvidar tampoco que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) envió al territorio venezolano una comisión de encuesta en 2019 y el gobierno dijo que no aceptaba las recomendaciones, lo que ha llevado a que la OIT haya anunciado el caso Venezuela será tratado en el mes de noviembre. Todo esto indica que la situación sigue agravándose”, advirtió Ávila.
Expresó que, en el caso ante la CPI, el elemento más importante es que la situación de impunidad sigue siendo estructural y esto abre las puertas a que la CIPI conozca el caso.
“En Venezuela está claro no existe independencia del sistema de justicia, la mayoría de los jueces son provisorios y pueden ser removidos en cualquier momento, cuando los magistrados deben tener cargos estables, para que no puedan ser objeto de presiones políticas. Además, el Fiscal Saab, que fue vocero por parte del Estado ante la CPI fue nombrado por la asamblea constituyente de manera contraria a la Constitución, como también el Defensor del Pueblo, con quien viajó a La Haya para reunirse con la Fiscal Bensouda. Esos dos funcionarios son una muestra de las graves irregularidades en Venezuela en términos de independencia poder judicial”, puntualizó Calixo Ávila.
Para la Alianza Provea-Tal Cual
