“El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, y en consecuencia garantizará la seguridad alimentaria de la población. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícolas, pecuaria, pesquera y acuícola” Derecho a la alimentación. Artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela


Durante el 2020 se intensificó la gravedad de la situación alimentaria y nutricional en Venezuela, vulnerándose una vez más el derecho a la alimentación: desnutrición aguda, retrasos de crecimiento en niños, alto costo de alimentos, migración por hambre y más de 9 millones de venezolanos con inseguridad alimentaria. A la emergencia humanitaria compleja se le sumó la emergencia por el COVID-19, el daño se refleja en los grupos más vulnerables de la población. 

El Gobierno de facto de Maduro tuvo pocas iniciativas para atender la inseguridad alimentaria y la desnutrición, las mismas carecieron de fuerza en su formulación, seguimiento y evaluación. Fueron limitadas en cobertura, focalización y muchas sujetas a controles ideológicos o políticos. Sin embargo, hay organizaciones nacionales e internacionales humanitarias que realizaron esfuerzos para atender a la población más afectada y cercana a sus espacios de acción.

La pobreza afectó al 96% de los hogares venezolanos en 2020, siendo el doble de la registrada en 2014. La pobreza extrema tuvo un incremento más drástico, pasando de 20% a 79%. La pandemia por coronavirus afectó gravemente los ingresos de hogares que dependen de la economía informal. La falta de ingresos en los hogares dificultó la compra de alimentos, intensificó el hambre y la vulnerabilidad en la población.

A pesar del gran esfuerzo de las organizaciones humanitarias por salvar vidas y promover la resiliencia en los venezolanos, su trabajo se encontró amenazado en el país debido a la falta de financiamiento externo, limitaciones por la emergencia e incluso hostigamiento por parte del Gobierno. Además, las nuevas medidas impuestas en una providencia que obliga a las ONG a registrarse en la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo de Maduro, podría dificultar los planes vigentes y otras iniciativas futuras.   

Inseguridad alimentaria en ascenso 

En Venezuela la inseguridad alimentaria aumentó entre 2018 y 2019-20, según el reporte de la ENCOVI. Entre 2019 y 2020 un 88% de los hogares venezolanos entrevistados señaló preocupación porque los alimentos se acabaran, entre 76% y 79% presentó deterioro en la diversidad alimentaria y más del 30% tuvo situaciones de hambre, todos los hogares reportaron preocupación por seguridad alimentaria, unos por no contar con alimentos suficientes y otros por situaciones de hambre en las que algún miembro del hogar comió menos (58%), o dejó de comer (30%), se acabaron los alimentos en el hogar (54%). 

“Comer peor, pasar el día sin comer, alguien deja de comer para que otro coma, liquidación de bienes familiares” Datos reportados por Cáritas Venezuela

También la inseguridad alimentaria moderada y severa pasó de 69% entre noviembre 2019-20 a 74% al inicio de COVID-19. Esta situación se presentó en todas las medidas de ingresos, con valores mayores a 89%, de los cuales los tres más precarios presentaron un consumo de calorías inferior al mínimo necesario por día.   

Los niños que monitorea Cáritas Venezuela consumen apenas 5 grupos de alimentos, entre ellos: cereales, granos, lácteos y huevos, frutas y vegetales, pescado y carnes, los cuales también presentan una reducción en la dieta entre diciembre del 2019 y febrero del 2020. 

Durante 2020 los adultos mayores también tuvieron problemas para alimentarse, según la prensa nacional se reportaron evidencias de instituciones que recibieron el impacto de la inseguridad alimentaria por no contar con acceso económico o el apoyo del gobierno. Con casos como: “Abuelitos externos de Fundacian desde hace 10 días no reciben beneficio alimenticio” Quieres permanecen en sus hogares experimentan vivencias como la siguiente: “Los abuelos dependemos de los comedores y muchos salimos a estos operativos para llevarles comida a nuestros nietos que están pasando necesidad”.

La inseguridad alimentaria hizo que de nuevo los hogares implementaran estrategias de sobrevivencia en 2020, cambiando sus hábitos alimentarios con prioridad a alimentos de bajo costo como los cereales, granos, azúcar, grasas y tubérculos. Los alimentos más nutritivos y de mayor costo quedaron excluidos de la dieta, como las carnes, leche, huevos, frutas y vegetales. Según los datos reportados por Cáritas Venezuela, más del 50% de los hogares entrevistados reportó alimentos “rendidores” como principales componentes de su dieta. Lo contrario ocurrió con los alimentos de mayor valor nutricional.

Ante la poca diversidad de los alimentos del CLAP, hay reportes que señalan que  las  personas venden o intercambian productos no perecederos para adquirir otros que diversifiquen su dieta. Otras formas de adquirir los alimentos es a través de préstamos, visitar varios negocios hasta encontrar bajos precios. En muchos casos, se compran en unidades pequeñas, como el caso de los huevos que se compran por unidad, la leche en bolsitas, y las carnes se compran en forma de recortes sobrantes y piezas del pollo como el carapacho, pescuezo y patas. 

Preocupante desnutrición 

Los niños y niñas de Venezuela son los más afectados por la desnutrición ante una situación de inseguridad alimentaria. Este panorama está más presente en las comunidades vulnerables del país. La ENCOVI estimó que 5% de los menores de 5 años presentó desnutrición aguda y 30% desnutrición crónica (retraso del crecimiento), con una vulnerabilidad (déficit + riesgo) de 58%, sólo entre noviembre de 2019 y enero de 2020. 

Las cifras de desnutrición aguda han sido más altas en las comunidades vulnerables monitoreadas por el SAMAN. Desde 2016 la desnutrición aguda ha estado en niveles que indican una situación crítica (entre 10% y 15%) o de emergencia (entre 15% y 20%), según los estándares humanitarios, siendo mayor en algunas zonas como las de Caracas, Barinas y Machiques. 

En los dos primeros trimestres de 2020, los valores de desnutrición aguda se encontraron en 17% en el primero y 14% en el segundo, siendo más alta en los menores de 6 meses (20%) y entre 6 y 23 meses (16%). El comportamiento de la desnutrición crónica es parecido al reportado por ENCOVI a principios de año, con 29% de los niños con retraso de crecimiento y 59% de vulnerabilidad (déficit más riesgo).

Los niños mayores de 5 años también son afectados por la inseguridad alimentaria y la delgadez (o desnutrición), especialmente al inicio de la pubertad. Datos ofrecidos por el Grupo Social Cesap señalaron que 14% de estos presentó delgadez moderada o severa y 29,6% estuvo en el rango de riesgo, es decir que la vulnerabilidad total fue de 43,3%.

En ambos grupos, menores y mayores de 5 años, menos del 50% presentó una talla adecuada para su edad, siendo este aspecto uno de los más importantes en la historia alimentaria y de salud del niño, con implicaciones en su desarrollo cognitivo y rendimiento académico en la etapa temprana de la vida, y a la vez un factor de alto riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas en la etapa adulta. Todo esto, unido a la baja productividad económica de estos individuos, representa un alto costo para el Estado y acarrea grandes retos para la sociedad venezolana.   

Alto costo de alimentos

El incremento del precio de los alimentos fue una constante durante el 2020 y estuvo sujeto a la inflación, variaciones del tipo de cambio, moneda, medio de pago, tipo de alimento, escasez, alto precio de la gasolina, cuarentena, entre otros. En muchos casos el incremento fue diario y varió según el espacio geográfico.

Durante 2020 los ciudadanos terminaron gastando más y comiendo menos, con alimentos de menor calidad nutricional, incluyendo el riesgo de enfermedades transmitidas por los mismos, ante la falta de mantenimiento de la cadena de frío y otras condiciones que se requieren para mantener la inocuidad de los alimentos. 

Las medidas de restricción por COVID-19 limitaron la venta de alimentos por la imposición de horarios para la atención al público, cierre temporal de mercados populares, restricciones para la circulación de las personas en espacios públicos a la vez que redujo el poder adquisitivo de los hogares, especialmente aquellos que dependen de la economía informal. Esto generó malestar en los ciudadanos por los inconvenientes para adquirir los alimentos, entre ellos largas colas y asaltos a quienes tuvieron que caminar en búsqueda de comida por falta de transporte, especialmente en zonas del interior de Venezuela.

El costo de la canasta alimentaria fue de $204,59 al cierre del año, de acuerdo con el monitoreo realizado por el CENDA. La variación intermensual fue más alta en enero (81,1%) y diciembre (65,8%), la acumulada cerró en noviembre con 1496,55% y la anualizada 2.546,55%. En 2021 esta tendencia no ha variado, al menos hasta abril la canasta se ubicó en $217,95 con una variación intermensual de 23,3%.

La alimentación golpeada por la crisis y la pobreza 

En el 2020 se acentuó la crisis política, económica y social en Venezuela. El país fue calificado como una nación con alto riesgo en poder adquisitivo de la población, limitaciones para la producción de alimentos, alteraciones en la distribución y comercialización de alimentos y constantes cambios de precios internos de estos. 

La crisis del sector agroalimentario se intensificó, reduciendo su capacidad técnica para cubrir las necesidades de la población, en parte debido al bajo acceso a insumos, maquinaria, combustible y crédito. 

La importación de rubros básicos compite con el sector agroindustrial del país, en parte debido a los bajos costos generados por exoneración de impuestos de importación de alimentos en los denominados “Bodegones”. Mientras que a la industria alimentaria nacional se le mantiene expuesta a regulación de precios, ventas supervisadas, bloqueo de código del Sistema Integrado de Control Agroalimentario (Sica), confiscaciones en sus sedes y a su producción. 

El precio de los alimentos en el mercado continúa experimentando cambios drásticos y, a pesar de estar disponibles, no son asequibles para la población más vulnerable.

La pobreza afectó al 96% de los hogares venezolanos en 2020, según la ENCOVI, siendo el doble de la registrada en 2014. La pobreza extrema tuvo un incremento más drástico, pasando de 20% a 79%, respectivamente. La pandemia por coronavirus afectó gravemente los ingresos de hogares que dependen de la economía informal. La falta de ingresos en los hogares dificulta la compra de alimentos, intensifica el hambre y la vulnerabilidad en la población.

Sumado a la pobreza y la insuficiente compra de alimentos, la escasez de gasolina se intensificó en 2020 durante el inicio de la cuarentena, con consecuencias en la vida de los ciudadanos, la economía nacional, y en toda la cadena de suministro de alimentos. Desde junio se implementó una medida de control para la distribución de este combustible, con dos modalidades, una racionada y subsidiada en 5.000 bolívares el litro y otra sin racionamiento y con precio internacional en 0,5$ por litro. A pesar de esto, en mayo de 2021 aún se observan largas colas y conflictividad social asociada a esta situación, con intensidad en el interior del país. 

En regiones como el Zulia los habitantes duran hasta a 22 días sin abastecerse con gasolina por escasez en bombas, el ambiente está lleno de largas colas y frustración. A esta problemática se le suma la falta de diésel en el país, que afecta principalmente el transporte de carga.


Puede leer el informe completo o descargarlo y difundirlo AQUÍ

04Alimientacion