En julio de 2022, en medio de un incremento de las protestas por las graves condiciones laborales que enfrentan los trabajadores venezolanos, fueron detenidos en diferentes zonas del país Néstor Astudillo, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Alcides Bracho, Gabriel Blanco y Reynaldo Cortés. Pese a las múltiples expresiones de condena de las organizaciones de la sociedad civil venezolana y del sistema internacional de protección de los derechos humanos, estos seis luchadores sociales han pasado más de un año detenidos. El pasado martes primero de agosto se conoció la sentencia del juicio, en la que se les condena a 16 años de prisión. Ante esta sentencia carente de bases jurídicas, múltiples organizaciones han mostrado su repudio, así como el apoyo a los dirigentes detenidos y sus familiares.

Provea conversó con Yorbelis Oropeza, esposa de Alcides Bracho y vocera del comité de familiares de trabajadores detenidos, para conocer cuáles han sido las condiciones en las que han estado detenidos, el impacto de esta nueva injusticia sobre las familias y cuáles son las nuevas acciones que ha propuesto el comité.

¿Cómo ocurrió la detención de tu esposo?

La detención de mi esposo fue realizada el día 4 de julio de 2022 cuando se encontraba aquí en mi casa en el kilómetro 4 del Junquito y estaba cuidando a mis hijos y a sus sobrinos que quedaron huérfanos de padre y madre; una nueva carga familiar que nos llegó en virtud de que la hermana de mi esposo murió en agosto de 2020 y el papá de los niños había muerto un año antes. Bueno, mi esposo se encontraba aquí porque habían empezado las vacaciones escolares y decidimos dividirnos el cuidado de los niños: yo trabajaba de lunes a viernes y mi esposo de jueves a domingo y mi mamá nos ayudaba un poco al cuidado de los niños. Ese día a eso de las nueve de la mañana, un grupo de hombres armados con armas largas tocó la puerta y cuando mi esposo se asoma golpean la puerta y entran a la casa. Inmediatamente ocuparon todos los espacios. No traían fiscal sino a un vecino y rodearon a mi esposo y a mi hija que en ese momento tenía 15 años. Ella es la que los enfrenta y solicita la orden, les dice entrégueme la orden, que para que usted haga esto y ellos no mostraron ninguna orden. Cuando ellos le preguntan a mi hija, si tiene teléfono, ella les dijo que no y la amenazaron con un arma .

Luego empezaron a revisar toda la casa, movieron los colchones y, obviamente no encontraron nada que tenga valor criminalístico o valor en una cuestión judicial. Se llevaron a mi esposo, lo montaron en un Jeep y le dicen que tiene que colaborar porque aquí ya sus hijos están solos. Es una forma de amenazarlo. Ese día no solamente entraron a revisar, también fuimos objetos de robo: se robaron papeles, se llevaron dinero en efectivo que teníamos en una gaveta (cerca de unos 400 500 dólares). Los funcionarios no se identificaron, y aunque no dijeron cuál era la causa de detención, a mi esposo lo trasladaron para La Quebradita.

En un lapso de tres días no supe de Alcides. Luego me enteré por las personas que estaban con él que estuvo esposado en una celda durante 48 horas sin permitirle acceder al baño, ni bañarse, ni hacer sus necesidades en un espacio digno.

¿A qué se dedicaba tu esposo antes de que fuera detenido?

Antes de dejar el trabajo formal él se trabajó en varios liceos de Caracas, privados y públicos. Trabajó en el Promesas Patrias, en el Santiago León de Caracas en La Floresta, donde estuvo por muchos años. En el año 2017 se retira del liceo público en virtud de que el sueldo de un docente para ese momento no llegaba a cinco dólares mensuales. Con una carga familiar de una esposa que también es docente y que tenía el mismo sueldo, mi esposo decide renunciar a la escuela pública donde tenías apenas dos años y se dedica entonces a hacer diferentes trabajos. Entre los que el que más le reportaban ingresos estaba intervenir cuadros y realizar pintura en óleo o en acrílico, restaurar fotografías. Bueno, hizo de todo realmente, hasta decorar fiestas.

Nos llama mucho la atención cuando el fiscal dice que no trabajaba. Claro, no tenía un trabajo formal porque el trabajo formal aquí en Venezuela ha sido totalmente desvirtuado, ningún trabajador público gana un sueldo decente y mi esposo decidió trabajar por su cuenta. También daba clases particulares porque es profesor de química. En fin, hacía cualquier cantidad de trabajos para poder mantener a la familia.

¿Dónde ha estado detenido el último año y cuáles han sido las condiciones de su reclusión?

Después que mi esposo fue presentado en Tribunales, una madrugada a eso de la una de la mañana fue trasladado a La Yaguara y duró allí apenas 24 horas, máximo 48 horas. Luego fue trasladado al centro de detención en Boleíta, zona siete. Ahí el día que llegó lo colocaron en una celda que la llaman “El tigrito”, donde las condiciones son bárbaras: duermen parados, hay que turnarse para agacharse. Yo ni siquiera me enteré del traslado porque lo hicieron en horas de la madrugada. El domingo cuando lo fui a visitar es cuando me entero que mi esposo está en Boleíta, que es un centro donde ha habido importantes denuncias de violencia en los años 2017 y 2018. Por supuesto, nos aterró que lo tuvieran allí.

Luego de unos días en esa celda, logramos pasarlo a la celda 6, una celda donde afortunadamente una vez que mi esposo se recupera del shock inicial de estar preso, empiezan a respetarlo por su condición de preso político. Los detenidos allí le dan apoyo y mi esposo empieza a adaptarse. Sin embargo, en esa celda hay un alto nivel de hacinamiento, las necesidades básicas las hacen en bolsas plásticas, no tienen acceso a alimentos o medicinas. Todo lo tiene que proveer el familiar: hay que llevarle los alimentos crudos para que los puedan cocinar. Pero las condiciones son insalubres, hay plagas que le generan alergias y picaduras constantes que se le infectaban.

Debido a estas condiciones, mi esposo sufrió en varias oportunidades crisis respiratorias, no vamos a decir que neumonía porque no pudimos hacer ningún descarte ni con placas ni con exámenes que pudieran determinar qué tipo de afección tenía, simplemente fue tratado a distancia con antibióticos recetados sin hacer la auscultación necesaria para para saber cuál era el grado el grado de infección que tenía. En otra oportunidad lo picó un animal en la pierna y tuvo una úlcera bastante importante y también tuvo que ser recetado a distancia y colocarse los antibióticos inyectados por él mismo, porque allí no tienen acceso a un médico, ni a los protocolos mínimos para revisar cuáles son las condiciones reales de un enfermo.

Ahí en Boleíta estuvo recluido casi un año y lo volvieron a trasladar y actualmente continúa en las mismas condiciones. Mi esposo ha perdido masa muscular, tiene debilidad en una pierna, le tiembla una mano ya que él sufre de hernias discales y tiene un daño ligero en uno de los nervios de la mano. Eso le produce los temblores. Si a eso le agregamos que el Estado nos les provee absolutamente nada, ni comida, todo lo debemos llevar a los familiares. En Boleíta ellos podían cocinar, pero en La Yaguara hay que llevarle alimento y agua todos los días para poder garantizar la alimentación diaria de los detenidos.

¿Cómo se constituyó el comité con los familiares de otros luchadores sociales detenidos?

Mi esposo pertenece a Bandera Roja. En esos momentos en que estaba consternada y no sabía qué hacer, decidimos conversar con miembros del partido. En conjunto con algunas organizaciones se decidió formar el Comité con familiares de los presos y miembros del partido y de organizaciones no gubernamentales que protegen los derechos humanos tuvimos varias reuniones, organizamos varias actividades. Entre Diannet, esposa de Gabriel Blanco, y yo nos convertimos en las voceras de ese comité porque somos las que estamos en Caracas y podemos dar las declaraciones a la prensa y hacer el llamado a la liberación. El comité no ha tenido continuidad en las reuniones; sin embargo, seguimos actuando, yendo a diferentes espacios en forma individual como familiares de los presos políticos. Y en cada espacio que hemos ido, hacemos la denuncia respectiva para para visibilizar el caso.

¿Cuál va a ser la respuesta del comité ante la sentencia del tribunal?

En primer lugar, rechazamos esta condena infame a la que a la que fueron este sentenciados: 16 años por no tener nada o 16 años incluso por decir que iban a pegar una pancarta. Supuestamente iban a hacer un saboteo que no se llegó a materializar, como está en una de las actas. El expediente tampoco dice qué era lo que iban a materializar. No tienen nada. Entonces, obviamente, los familiares rechazamos esa sentencia.

El Comité se propone seguir visibilizando el caso para que la sociedad en general sepa lo que ocurre en Venezuela con este en este tipo de casos, porque un es una violación constante y sistemática de los derechos humanos. O sea, no es un hecho aislado. De todos los casos que llegan bajos cargos de terrorismo, un alto número son sentenciados sin pruebas, entonces eso lo vamos a denunciar por todos los medios.

El lunes 7 tenemos una concentración en el PNUD para seguir haciendo acciones de calle, para poner en la vista de la sociedad esta forma bestial de callar a los venezolanos, de violentar el derecho a la protesta y a exigir de una manera pacífica las reivindicaciones laborales salariales, de salud, educación etcétera. También tenemos pensado próximamente dirigirnos a algunas embajadas para exponer los casos, estamos otra vez reorganizando el comité para unir a otros grupos de personas que han sido víctimas de detenciones arbitrarias, de condenas desproporcionadas, de procesos no ajustados a derecho.

¿Cómo ha reaccionado la familia ante la sentencia?

Lo más difícil de esta sentencia es, aparte de la profunda tristeza que a uno lo embarga y más allá de que vamos a seguir luchando, es cómo hablar de esto con los hijos. Mi esposo fue sentenciado el martes y hasta el jueves fue cuando pude decirle a mis hijos. Mi hijo Manuel, que durante todo este proceso se ha mantenido fuerte, con esta noticia ya no aguanto más y se puso a llorar. Mi hija María no lloró porque ella estaba convencida que su papá iba a ser sentenciado. Sí estaba afectada anímicamente, por supuesto, ante esto.

Lo más difícil de enfrentar es que los hijos empiezan a proyectar y sentir que no saben cómo lidiar con esa esa sensación de pena y de incertidumbre, no tener a su papá para compartirle tantas cosas. Porque mis hijos realmente son muy pegados a su papá. Realmente mi esposo era muy dedicado con los niños, era de esos padres que hacen de todo: que los lleva al cine, que los lleva a comer, que los enseña a pintar, que los enseña a sembrar. En fin, un padre presente y no solamente porque vive conmigo, sino porque es el padre que hace, que los lleva al médico, que les habla, que los aconseja. Un papá en toda la extensión de la palabra. Por supuesto mis hijos extrañan eso.

Lo más duro que hemos tenido que vivir desde el punto de vista emocional con lo de la sentencia de 16 años, es que la única esperanza que tenemos, la única, es que los organismos internacionales puedan conseguir alguna medida para la liberación. Porque obviamente con las declaraciones del fiscal no creemos que vayamos a tener algún resultado positivo durante la apelación.