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De Zair Mundaraín se podrán decir muchas cosas, menos que es un improvisado. En 1998, cuando Hugo Chávez llega por primera vez al poder, ya poseía 23 años de experiencia en la administración de justicia, ingresando por concurso al Ministerio Público en el año 2000 como Fiscal Auxiliar. Abogado de la Universidad Central de Venezuela, Especialista en Criminalística y en Derecho Penal de la Universidad Santa María. Como consecuencia de la actuación del Ministerio Público (MP), durante la rebelión popular del año 2017, tuvo que salir de Venezuela a raíz del proceso de persecución gubernamental por las denuncias realizadas por la Fiscalía sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas durante aquellos días. Nos encontramos con él en la ciudad de Bogotá para recordar la rebelión popular del año 2017 y situaciones más recientes, como el caso de concejal Fernando Albán y el examen preliminar a Venezuela en la Corte Penal Internacional.


– En el momento de las protestas ¿Cuál era tu rol dentro del Ministerio Público (MP)?

La Dirección General de Actuación Procesal, bajo mi responsabilidad, tenía a su cargo cuatro direcciones: Dirección de Delitos comunes, encargada de delitos ordinarios, Dirección contra la Corrupción, encargada de delitos contra el patrimonio público y algunos vinculados con lavado de activos, la Dirección de Derechos Fundamentales encargada de la investigación y procesamiento de funcionarios públicos vinculados con la violación de derechos humanos y la Dirección de Protección al Ambiente. Estas áreas son la médula de la política penal en el país y allí se toman las decisiones en la dirección de los recursos en cuanto a la persecución penal, cómo el Estado delinea su política pública.

– ¿Por qué salen de Venezuela?

Lo primero que hay que entender es que estamos en el estadio superior de los que es un Estado autoritario. Para mí desde que Chávez tomó el gobierno se destruyó el Estado y esto pasa por no tener contrapesos institucionales. Si se analiza el periodo que va de 2014 a 2017, el único contrapeso institucional que tenía el gobierno era el Ministerio Público (MP), era el único que hacía señalamientos sobre la violación de derechos humanos, sobre el robo del dinero público. Existen políticas públicas que no pueden ser promovidas como lo del Arco Minero; la creación de Fiscalías Indígenas por la desatención del Ministerio de Asuntos Indígenas; la negativa a la Resolución 8610 que permitía la militarización en materia de orden público; los señalamientos directos a autores de violaciones de derechos humanos, como los miembros del SEBIN; imputaciones a miembros de la Guardia Nacional. Todo esto llevó, al final, a la persecución, por parte del gobierno: allanar las sedes del MP, colocación de “colectivos” y grupos armados a perseguir a los fiscales, el SEBIN comenzó a interceptar llamadas telefónicas, persecución a directores y fiscales, es decir, todo un estado de terror que hacía imposible el ejercicio de nuestras funciones como fiscales.

Si se analiza, y esto es importante que todo el mundo lo vea, la única decisión importante tomada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ha sido la remoción de la Fiscal Luisa Ortega Díaz y la sustitución del resto de las autoridades del MP. De resto no ha hecho más nada.  A partir de ese momento comenzó la persecución por parte de del SEBIN y de la DGCIM, comenzando con los allanamientos a las viviendas, especialmente a los fiscales que llevaban el caso Odebrecht y PDVSA, a los que llevaban los casos por las muertes durante las protestas del 2017 y algunos de los expertos. Pretendían detenernos sin una orden, sin una causa, sin que mediara fórmula procesal alguna y eso los obligó a salir del país en preservación de su integridad y, también, esto es muy importante, los expedientes de las investigaciones, los cuales digitalizamos y sacamos del país. Estos han servido a la Organización de Estado Americanos, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH y el examen preliminar que está en la Corte Penal Internacional, en donde hemos actuado de manera directa.

 – En tu caso también fue anulado el pasaporte…

Eso ya había ocurrido. A la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, le habían dictado una orden de prohibición de salida del país y se producía en Argentina una reunión de Fiscales generales del Mercosur para dar apoyo a la autonomía fiscal. El ejercicio de la autonomía en Venezuela es un peligro, mucho más una institución que estaba comprometida en ese momento con el cumplimiento de la constitucionalidad. Vista esa situación me tocó, por orden de jerarquía dentro de la institución, asistir a ese acto donde se iba a analizar la grave situación de vulneración de la autonomía del MP. Y fue en ese momento cuando, por órdenes del SEBIN, ocurre la anulación y retención de mi pasaporte, en un acto arbitrario carente de toda legalidad.

Las protestas y los crímenes de odio

– Uno de los detonantes de la rebelión popular de 2017 fueron las afirmaciones de la Fiscal General sobre la ruptura del hilo constitucional ¿Cuál fue el impacto de esas declaraciones a lo interno del Ministerio Público?

A lo interno, quienes estábamos vinculados con el análisis de las decisiones, todos coincidimos en que se había producido algo grave. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) generó un golpe de Estado, en colusión con el Ejecutivo, restándole poderes al resto de las instituciones, especialmente a la Asamblea Nacional. No existe democracia sin parlamento y esa decisión es un símbolo distintivo del autoritarismo, y más cuando se le trasladan las facultades legislativas al Ejecutivo. En ese momento no había otra cosa que hacer, no había como mediar, porque en otras ocasiones habíamos logrado mediar con las autoridades: a veces retrocedían o a veces avanzaban, pero ante una situación como esta no había mediación posible, había que intentar las acciones. Ante eso, y sabiendo las consecuencias, fue una grata sorpresa ver que la gran mayoría del personal y de los fiscales expresaron un gran orgullo frente al pronunciamiento, sintiéndose identificados y reconociendo que eso era lo correcto. Las maniobras del Ejecutivo llamando al Consejo de Estado sólo sirvieron para maquillar las sentencias del TSJ. Sólo quitaron algunos puntos relativos a las facultades legislativas del presidente, pero la esencia que era la facultad del Ejecutivo de disponer del patrimonio público sin control parlamentario quedó incólume. Eso es lo que, esencialmente, le ha permitido a Maduro apoderarse de los dineros públicos, disponer del territorio, sobre todo a través de contratos en materia petrolera o el Arco Minero que son 112 mil kilómetros cuadrados, constituyendo un delito que pone en peligro la integridad del territorio.

– A un año de las protestas el Ministerio de Comunicación e Información publicó un informe denominado “Venezuela: crímenes de odio, violencia incendiaria 2017”, realizado por Lenin Brea, que comienza con esta afirmación: “Más de una treintena –de personas- fueron víctimas de violencia por ser o parecer chavistas”. ¿Cuál es tu opinión?

Conozco el informe, de hecho lo desmentí hace algún tiempo. Puedo decir que eso es incierto, no ocurrió en esos términos, es una manipulación criminal que trata de restarle valor a una verdadera rebelión civil que fue lo que se produjo en el 2017. La ciudadanía tomó la bandera de la libertad y la recuperación del estado de derecho, siendo reprimida brutalmente con algunas técnicas, que logramos determinar en las investigaciones, que nos permiten hablar de violaciones sistemáticas y generalizadas, tipificadas en el Estatuto de Roma, no producto de algunos funcionarios sino provenientes de una orden superior que muestra el hilo conductor de las violaciones de los DDHH en ese año. En Venezuela generó conmoción la muerte del joven Orlando Figuera, que fue quemado, del cual el MP realizó una investigación minuciosa y no tiene ninguna vinculación con temas políticos.

Afortunadamente el MP le tomó una prueba anticipada, frente a un juez, con presencia de Defensa Pública y un fiscal del MP, para que relatara los hechos que ocurrieron en ese momento. Figuera tenía rencillas con un grupo de individuos de los Valles del Tuy, donde residía, y estos individuos estaban vinculados a las protestas. Uno de estos individuos, con el cual tenía una rencilla personal, se encontró con Orlando Figuera y en ese momento, ambos estaban armados con un arma blanca y se agredieron mutuamente. Este individuo lo roció con gasolina y otro individuo lo prendió. Se logró identificar por apodos, la familia sabía que era así. Luego el gobierno los captó, les ofrecieron una vivienda y con ese chantaje les dijeron que afirmaran que había sido quemado por ser chavista.

– La fiscal Ortega denunció que hubo negligencia médica en su tratamiento médico

Lo hubo. El MP colocó un fiscal, quien estuvo permanentemente en el caso, y este presentó varios escritos a la junta médica indicando que se estaban infectando sus heridas, hecho además corroborado por nuestros médicos forenses, y que requería un tratamiento antibiótico más riguroso, además de terapia intensiva. Nada de eso se le colocó. No se puede afirmar tajantemente, pero pareció que resultaba muy conveniente que muriera ya que la declaración hecha al MP no resultaba provechosa desde el punto de vista político. Ese fue el único caso de una persona quemada bajo esas circunstancias. Luego ocurrió otro caso en Anzoátegui, en circunstancias poco claras, donde la persona murió y posteriormente quemaron el cadáver. A este individuo se le acusó de haber irrumpido en un acto y de haber hecho exaltar los ánimos de los asistentes. Unas personas le dispararon y apuñalaron, luego de muerto quemaron el cadáver. Otro caso utilizado por el gobierno como propaganda fue el de la señora que, en una marcha, le lanzaron un cubo de agua congelada. Nosotros hicimos la investigación y logramos identificar a los autores y no hay ningún vínculo con un crimen de odio. Es más: la señora no estaba participando en ninguna de las actividades políticas que se estaban desarrollando, era una transeúnte.

El gobierno siempre afirmó que cómo había pasado una marcha chavista por ese sector, esa era la motivación de la agresión. Hubo sí personas arrolladas, las cuales estaban participando en trancas o cortes de calle, y personas afectas o identificadas con el chavismo les pasaron carros por encima. Eso sí ocurrió y fue determinado en las investigaciones. Hubo también casos, ya no de cuerpos de seguridad sino de grupos armados, como el crimen de San Bernardino. Un grupo armado que bajó desde la zona de Sarría y abrió fuego contra las personas que estaban organizando una marcha en la Plaza La Estrella, eso sí es un crimen de odio. De eso no se habla, pero nosotros publicamos estadísticas y las motivaciones de esos crímenes. De hecho, una de las primeras acciones de quien usurpa hoy el cargo de fiscal fue borrar toda la data que se encontraba en el MP.

– De los casos abiertos hace un año en el marco de las protestas ¿Hay alguno hoy que presente avances o resultados en la investigación de responsables como resultado de la Fiscalía designada por la ilegal Constituyente?

Muchos quedaron totalmente investigados y con órdenes de captura solicitadas. De esos casos, realizados por nosotros, ninguno avanzó. Hace pocos días 20 familiares de asesinados durante las protestas acaban de enviar una comunicación a la Alta Comisionada, Michel Bachelet, exponiendo todo el hilo procesal y demuestran que una vez sustituido el legítimo MP hubo una contraorden para que los casos no avanzaran. En ese escrito están la madre de Pernalete, Castillo, de muchos jóvenes cuyas investigaciones ya están completas. Una cosa que el gobierno le temía mucho era la capacidad técnica de nuestra unidad de investigación los cuales podían levantar las evidencias en el lugar de los hechos sin el concurso de otra autoridad. Eso fue desmantelado. Muchos expertos fueron llamados para que cambiaran el resultado de sus experticias, como el caso de Pernalete que fue icónico ya que el gobierno creó una versión paralela de los hechos y lo difundió por todos los medios públicos para distorsionar la verdad, pero sabían que nosotros teníamos los videos, las trayectorias, las experticias clínicas que nos permite sostener que fue la Guardia Nacional quien lo asesinó. Ese caso, además, está en la Corte Penal Internacional.

– Esto permitió demostrar que esa muerte no ocurrió por el impacto de una pistola de pernos sino de una bomba lacrimógena, lo que se convirtió en un patrón de actuación de la Guardia Nacional Bolivariana.

Patrón que venía de antes. Nosotros pudimos acreditar que a muchas personas les disparaban a corta distancia el proyectil de gas lacrimógeno y que además, dependiendo donde fuera el impacto, podía ser mortal. Hicimos unas pruebas en la Guardia Nacional y se los demostramos a los guardias, se lo informamos a Benavides Torres y le dijimos “esto va a matar a alguien, debe detener esa práctica, debe ordenar a todos los comandos de la Guardia Nacional que no disparen estos proyectiles a corta distancia”. Incluso a 35 metros pudiera ser mortal. Los estándares internacionales dicen que deben dispararse a más de 50 metros y con trayectoria elíptica hacia el aire. Benavides Torres nunca dio la orden de impedir esa práctica. También le solicitamos que le hicieran requisas a los efectivos antes de salir a controlar manifestaciones porque tenían esferas metálicas y metras que las colocaban en los cañones, modificando el contenido de los cartuchos plásticos, eso se lo demostramos. Muchos jóvenes murieron producto de cartuchos modificados de esta forma.

– ¿Eso lo hacen para impedir la identificación del autor del disparo?

Creen ellos que no puede ser identificado. No revelo cómo puede ser identificado, porque eso puede hacer que modifiquen sus prácticas. En el caso de César Castillo en Puerto La Cruz, nosotros identificamos quien fue el funcionario que colocó las metras dentro del cañón y le disparó en la ingle asesinándolo. Al ministro de la época, Reverol, le indiqué que había unos patrones de disparos y había heridos, luego fallecidos, con esferas metálicas de rodamientos, que tenían como factor común la pólvora. Esa pólvora se comparó con los cartuchos plásticos utilizados en el control de las manifestaciones, siendo del mismo tipo.

El caso Fernando Albán

– Hay diferentes versiones sobre el caso del concejal Fernando Albán ¿Qué crees que ocurrió?

Lo primero que hay que decir es que Fernando Albán nunca debió estar detenido sin que hubiera una orden judicial, sin que mediara proceso en su contra, lo que lo convierte en principio en una desaparición forzada. Luego fue trasladado a un tribunal para darle visos de legalidad. La información que manejamos es que, efectivamente, murió asfixiado en medio de torturas para que involucrara a otras personas en el supuesto magnicidio contra Nicolás Maduro, que da para todo.

– ¿Y esas declaraciones iban a ser filmadas?

Por supuesto, algo que además es absolutamente inconstitucional. El artículo 495 de la Constitución dice que nada de lo que digas contra ti mismo o contra otro, sin asistencia jurídica, sin la presencia de un juez, bajo un estado de coacción, tiene validez. Eso lo hicieron el General González López y el mismo Jorge Rodríguez creyendo que tiene algún efecto jurídico, tratando de generar un efecto político. Incluso la exhibición pública del detenido está tipificado en el Código Procesal Penal como una falta gravísima por parte de un funcionario, ya que es una violación de derechos fundamentales y a la presunción de inocencia. Esa práctica fue asumida por el gobierno como un estándar. Precisamente en el caso de Albán eso fue lo que ocurrió: necesitaban ese testimonio. La información que manejamos es que se les muere asfixiado y luego duran, aproximadamente, una hora viendo qué hacer con el cuerpo, optando finalmente por lanzarlo por la ventana del edificio, tratando de enmascarar el hecho anterior.

Esto es un despropósito pues en cualquier investigación rigurosa sale de inmediato. Las lesiones post-mortem tienen características muy claras: Lo que tú hagas con un cadáver no genera reacción vital en partes blandas ni en ninguna parte del aparato óseo. Eso cualquier anatomo-patólogo lo puede ver, es muy sencillo. Debieron haberse hecho unos cortes histológicos para guardarlos y que fueran auditables. La autopsia de Albán no es auditable porque no se hicieron cortes y porque no fue hecha por un anatomo-patólogo, sino por un médico integral comunitario que no tiene ninguna capacidad para hacer autopsias microscópicas. Este tipo de autopsias tienen características, cuando la causa de muerte no está clara o cuando se quiere profundizar sobre la causa de muerte deben hacerse cortes de órganos, de tejido y de parte ósea, para ver en ella reacción vital. Y esta reacción es la que nos dice si estaba vivo en el momento en que ocurrieron esas lesiones o estaba muerto.

Cuando ocurrió el hecho de forma inmediata quitaron las cámaras y los DVR. Por eso el usurpador del MP sale diciendo que no hay cámaras. Yo he estado muchísimas veces en ese edificio siendo el más monitoreado por cámaras que tiene el país. La movilidad de las personas está monitoreada de forma permanente. Allí no hay nada que se haga que no quede grabado. Entonces nos dicen que no hubo acceso a ninguna de las grabaciones, ¿por qué? Porque el mismo MP les dio el margen. El abordaje al sitio del suceso se realiza dos días después, dando tiempo de borrar todo tipo de evidencia.

Por otro lado, se hizo icónico que lo habían lanzado del piso 10 ¿Por qué? ¿Porque lo dijeron los funcionarios? ¿Qué prueba científica existe al respecto? Pudo haber sido del 1, del 2 o del 3, pudo haber sido de la azotea. Nosotros tenemos informaciones que no fue del 10, pero cualquiera puede decir lo que le dé la gana porque no hubo un abordaje piso por piso. Un procedimiento de este tipo hubiera permitido levantar rastros dactilares de las ventanas, hacer barrido microscópico que permite detectar fibras de la ropa. Nada se hizo. Se “investigó” para que no se supiera nunca que fue lo que pasó. Sin embargo, sea como sea lo que hay que recalcar es que Albán estaba en manos del Estado, y muere en manos del Estado. Por eso el Estado es el responsable.

– Recientemente los abogados de la familia Albán revelaron que en el propio expediente se hablaba de un homicidio y no de un suicidio…

Ocurren cosas que el erróneo abordaje, o cuando se intentan tapar por contrario se generan nuevas pistas de que es la tesis contraria. Afortunadamente dentro de los abogados de la familia Albán hay gente con mucha pericia en el manejo de la prueba. Al ver el expediente, la unidad criminalística realizó las inspecciones dos días después. Y cuando te percatas que te arrancan cámaras, que te modifican el sitio, te das cuenta que ocurre algo que se llama “sitio de coartada”, que es cuando se colocan las cosas para que coincidan con la versión que a ti te da la gana que sea. Porque criminalísticamente no ocurre que tu consigas esos elementos así. Los buenos criminalistas, así como los buenos investigadores, pueden percatarse que eso es simulado. El fiscal de la causa, cuando dio inicio a la investigación, lo colocó como homicidio. No colocó “averiguación muerte”, porque de los elementos iniciales que obtuvo le pareció que se estaba ante la muerte por la acción de otro y no por la acción propia. Estas son cosas que son difíciles de ocultar. A futuro el cuerpo de Fernando Albán va a hablar. Uno lo va a poder exhumar, y a pesar de los procesos de descomposición, vamos a poder ver todas las lesiones post-mortem, que son el enmascaramiento cuando tu lanzas un cuerpo para intentar tapar lo previo. Así como a nosotros nos ha llegado la información de muchos funcionarios que están dentro, muchos a futuro terminarán declarando cómo ocurrió. Y estoy absolutamente convencido que parte de la ruptura que ocurre ahora en el Sebin está vinculado a esto. Era un momento delicado para el gobierno, donde tenían la visita de un senador estadounidense en el país, cuya presencia fue la que obligó a entregar el cuerpo a los familiares.

Lo que uno sabe ya lo vieron los abogados en el expediente. Hay que decir claramente que Tarek William Saab no tiene ninguna experiencia en investigación penal, jamás en su vida ha investigado nada que no sea hacer ruido por la prensa, pero ir a un laboratorio y saber lo que pasa allí, de eso no sabe nada. Es tan evidente que a los pocos minutos de ocurrido el hecho sale para dar una versión. Eso no puede ocurrir. Ningún investigador puede hacer eso. Aunque tengas un sesgo político la mínima prudencia te dice que lo que debes decir es “estamos iniciando una investigación y vamos a esperar los resultados, a ver que ocurrió”. Luego sale el ministro y entran en contradicciones. En el Sebin no hay movilización de detenidos sin custodia, menos en el edificio de Plaza Venezuela. Allí funciona la contrainteligencia, donde reposan los expedientes y siembran evidencias. Donde existe una pequeña ala de investigación, además de los calabozos de La Tumba donde ocurren toda clase de barbaries. Fueron tan burdos en el intento de manipular la escena del hecho que, tengo la información, arrancaron las cámaras y dejaron los cables expuestos. Por eso es que el usurpador del Ministerio Público dice “allí no hay cámaras”. ¿Qué cámara va a haber si el MP dio el tiempo suficiente para que las quitaran? Allí hay 4 cámaras que son periféricas de la edificación, que ven hacia arriba y hacia abajo, son esféricas con visión 360. Tu puedes ver si un objeto viene o si un objeto va, si viene de arriba o si cae. Y resulta que Tarek William Saab dice que de allí no se sacó nada, siendo ese un edificio de altísima seguridad. Yo he estado allí. Nadie me puede echar cuentos porque yo lo he visto.

El futuro venezolano

– Hablemos del papel de los funcionarios del Ministerio Público ante los organismos internacionales de DDHH ¿Tienen expectativas concretas de que se abran casos contra funcionarios venezolanos en la Corte Penal Internacional?

Estamos en la fase de examen preliminar, no sabemos por cuanto tiempo ya que el Estatuto de Roma tiene falencias normativas en ese aspecto. Pero creo que el cúmulo de pruebas que posee le va a obligar a actuar. De hecho afirmo que la legitimidad de la Corte, como institución, está en juego con el caso venezolano. La corte ha juzgado y procesado casos antiguos y que han cesado, pero en el caso venezolano estamos en presencia de casos de violencia continuada y sería una gran lección que una institución de esa magnitud sea la que le ponga freno al crimen. Es decir que no espere que cesen los crímenes para iniciar la investigación. La Corte debió iniciar la investigación porque así se lo solicitó la Comisión Europea en marzo de este año, además tiene los dos informes previos del Alto Comisionado y está el informe de la OEA, informes que están sustentados en investigaciones ya realizadas por el MP. Sólo de los casos de 2017 hay 1600 expedientes, sin contar, además, que posee los 505 casos, con nombres y apellidos, de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP). Por cierto, esto último una de las causas de mayor enfrentamiento entre el MP y el gobierno de Maduro, ya que llevamos a todos los espacios de debate que la OLP era un mecanismo de exterminio, que no tenía ningún sustento técnico para decir que podría servir para el combate de la criminalidad. Por el contrario más bien era una carrera de violencia y de armamentismo, cosa que demostramos cuando las organizaciones criminales compraron más armas para enfrentar a la OLP y esto causó que, desde su implementación, los homicidios fueron en alza y en nada contribuyó a la seguridad pública.

– El 10 de enero luego de elecciones fraudulentas, Maduro se juramenta para un segundo período presidencial ¿Qué vislumbras como futuro para Venezuela?

El futuro es incierto, pienso que es poco responsable aquellos que ofrecen salidas mágicas. El papel de los que estamos fuera luchando todos los días para que se genere un cambio, y va a ser muy importante lo que ocurra adentro. Creo que están ocurriendo grandes cosas, por ejemplo los movimientos sindicales, estudiantiles. Se está viendo nuevamente una movilización que es importante apuntalar y darles fuerza. Es muy importante lo que pueda hacer la comunidad internacional, creo que va a ser definitorio, porque como he dicho en otras ocasiones, Venezuela es un modelo de estado mafioso, un estado delincuencial. Toda la estructura del Estado trabaja en el enriquecimiento de grupos de delincuencia organizada que lo controlan y eso, necesariamente, requiere de la toma de decisiones que van más allá de las fórmulas ordinarias de la diplomacia. Creo que el 10 de enero va a ser un ícono, aunque estoy convencido que Maduro no es presidente por temas de desempeño, por estar involucrado en todos los delitos y crímenes que están demostrados está involucrado. Porque la misma Asamblea Nacional acordó el abandono del cargo y, jurídicamente, eso tiene cierto sustento. Y además fue juzgado por los temas de odio.

Sería un despropósito no tomar en cuenta que tiene una condena firme por ese hecho. Pero quien dude de todos estos elementos jurídicos previos, se tiene esa fecha como un momento definitorio en el cual gran parte de la comunidad internacional, claramente, al ver que lo que ocurrió en mayo fue un fraude y que Maduro al asumir otro periodo lo hace en una situación de ilegalidad va a reaccionar ante eso. Sería una ingenuidad pensar que el gobierno no tiene una coartada ante ese hecho, así que nos puede madrugar en cualquier momento antes del 10 de enero con alguna de sus patrañas para tratar que esa fecha no sea un ícono, sino que sea antes o generar algún acto de la supuesta constituyente a través de algún acto administrativo que le dé forma a eso.  Creo que los meses por venir son decisivos porque la visión internacional ha cambiado, la mayoría de los países entiende que existe un vínculo entre crimen y Estado, que pareciera indisoluble. Los procesos llevados a cabo en Estados Unidos por crimen organizado y lavado van a ser definitorios porque están coartando esa unidad que tiene a lo interno, que es una unidad de mafia y se va quebrando cuando van cayendo y delatan al resto. Le causa más daño las acciones penales a las individualidades que las acciones globales y eso está generando un quiebre por una lucha de poder. Para mí, el primer trimestre del 2019 va a ser definitorio para la recuperación de la libertad.


Prensa Provea