El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels resaltó que solo en China y Venezuela se ha detenido a médicos por informar y aseguró que la administración de Nicolás Maduro actúa como las dictaduras del cono sur

“Antes no había médicos presos por dar datos de salud, o eran la excepción, ahora son los sujetos normales de la represión, y no solo médicos, también enfermeros e incluso técnicos de laboratorio. Para confirmar que la persecución es política y no porque estas personas violaron normas de hecho común, está el que se les persigue a través de la Ley contra el Odio, el mecanismo represivo por antonomasia que se utiliza para los perseguidos políticos”.

Así lo aseguró el director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, quien detalló que se hace uso del instrumento legal contra el odio, impuesto por la asamblea constituyente convocada por Nicolás Maduro y no por el pueblo, debido a que establece penas hasta de 20 años, mientras el Código Penal, que es el que rige la materia, contempla sanciones menores.

En entrevista para TalCual, Alí Daniels hizo énfasis en que las detenciones arbitrarias ejecutadas por los organismos del Estado a lo largo de estas semanas en que se ha establecido el Estado de Alarma por la llegada del nuevo coronavirus confirma dos cosas: “Primero, que en Venezuela se aplica la política que las dictaduras del Cono Sur llamaron ‘del enemigo interno’, (según la cual) aquellas personas que tuviesen una opinión diferente (a la oficial) se le negaba cualquier tipo de derechos y podía ser sujeto de cualquier tipo actividad por parte de la autoridad porque se trata de “enemigos” y no se le reconoce ningún derecho.

Para Alí Daniels, se ha radicalizado la represión

El director de Acceso a la Justicia sostiene que, en Venezuela, se ha implantado un Estado de hecho dentro del ya existente Estado de hecho. Explicó que, previo a la pandemia, ya no había control normativo alguno, ni la acción del Gobierno se regía por ningún principio de derechos humanos, pero que ahora, dentro de las acciones relacionadas con el coronavirus, se ha establecido una realidad aparte dentro de la anterior, “radicalizando la represión y ampliando el marco de las personas que son sujetas a la misma”.

Aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro responde a esta situación de la pandemia “con la única manera que sabe responder ante cualquier cosa”, como es la militarización del país.

“Por eso llamamos la atención de la comunidad, tanto nacional como internacional, en el sentido de que las medidas que se están tomando aquí no se están aplicando en ningún país democrático. Hay médicos presos solo en Venezuela y en China porque precisamente, se ve al que da una opinión diferente como un enemigo”.

El abogado refirió que en España (desde diversos sectores, incluido el de salud) “se la pasan criticando al gobierno” y no hay ningún médico detenido por eso y por ello destacó que el Ejecutivo chavista, en vez de utilizar la pandemia para unir al país, “lo que se hace otra vez es utilizarla para radicalizarlo y buscar la polarización”. Desde su perspectiva, las herramientas que tiene el Gobierno para enfrentar la propagación de la pandemia en el país son muy pocas, siendo la única la cuarentena, algo difícil porque, como advirtió, “la gente no puede guardar cuarentena con hambre”.

Vacíos

-Hay medidas que han ejecutado algunos alcaldes que también prohíben la circulación

-Como el decreto de Estado de Alarma tiene graves vacíos… Recordemos que cuando hubo el “Caracazo” (febrero de 1989) y el 4F (febrero de 1992), se estableció un toque de queda, de tal hora a tal hora, y lo decía el ministro de la Defensa de la época, y cuando se acabó se acabó. Pero el decreto actual (del Estado de Emergencia) dice “se podrá restringir el tránsito de personas y vehículos”, pero no dice ni qué autoridad puede hacerlo ni cómo, ni el ámbito de las limitaciones. Ante ese vacío, alcaldes, gobernadores y autoridades militares, como en Mérida, que quien dictó el toque de queda fue la ZODI, están aplicando medidas para impedir la circulación, y si los alcaldes y gobernadores no tienen competencia, una autoridad militar muchísimo menos.

“Tenemos un caos normativo porque el Estado de Alarma es (se convierte en) lo que cada uno de esos funcionarios interpreta que debe ser, y con una población donde más de la mitad de la gente no tiene Internet, cómo se entera la gente de lo que dijo un alcalde, gobernador o autoridad militar por Twitter. Hay personas que han sido detenidas por violar el toque de queda que se aplicó de la noche anterior y que ni siquiera conocían”, apuntó Alí Daniels.

Considera que en estas situaciones extremas donde hay una verdadera necesidad pública de que a la gente sea restringidos sus derechos, como es el caso de una pandemia, lo menos que se tiene que hacer es informar con tiempo y con los medios eficaces esas limitaciones. “Es nuestra gran preocupación, porque el ciudadano se encuentra en una gran indefensión, debido a que el Sistema Judicial está cerrado, no hay ante quién introducir un recurso de amparo, y además no tienes la información para saber hasta qué hora se puede circular porque no tiene acceso a redes sociales; entonces la situación puede ser más caótica”.

Discriminación

-Se está deteniendo a personas por supuestamente “propagar” el virus, como ocurrió en Nueva Esparta con la academia de béisbol y antes a los de la reunión de Los Palos Grandes (llamada la coronaparty). ¿Hasta qué punto reunirse puede constituir un delito?

-El tema de la intencionalidad. Un ejemplo es el del HIV, si una persona (conociendo que es portadora) a sabiendas de que el virus se transmite a través de un contacto sexual, tiene un contacto sexual sin protección, puede haber una intencionalidad. En el caso de la covid-19, que la difusión es mucho más incontrolada y que mucha gente está transmitiendo sin tener síntomas, cómo se puede determinar la intencionalidad si la persona no sabe si ella misma lo tiene.

“Una vez más volvemos a la discriminación, solo se aplica la norma de represión cuando se trata de gobiernos opositores porque en el caso del hijo del contralor no se hizo nada. El estado Miranda tiene muchos más casos que Nueva Esparta y nadie ha escuchado nada del Gobierno sobre lo que está ocurriendo en ese estado. Hay dos varas de medir, uno para la oposición y otra para el Gobierno”, indicó Alí Daniels.

Educación cívica

-¿Cómo se garantiza el cumplimiento de las medidas para evitar la propagación del virus? Porque si bien no se debe criminalizar a las personas, deben guardarse las normas para evitar más contagios.

-Las medidas tienen que ser de educación cívica, no de represión. No digo que no haya policías patrullando para ver si la gente cumple o no, pero el hecho de exponer a las personas, como se ha hecho, al escarnio público, grabándoles videos haciendo ejercicios, sentadillas, etc. No es la manera, porque es una manera de burla, no es a través de la educación sino del escarnio. Efectivamente hay que decir que hay que cumplir las normas, pero a través del convencimiento, no a través de la fuerza. Volvemos a lo mismo, es que el Gobierno no sabe responder de otra manera. Pedirle ahorita que haga educación cívica cuando lo que está acostumbrado a hacer es reprimir, está teniendo los resultados que está teniendo.

“Si la gente tiene hambre y los mercados populares son donde los precios (de los productos) se consiguen un poquito mejor ¿cómo evitas la aglomeración de gente en esos sitios? Allí el Gobierno, por más que quiera hacer ver que está controlando los mercados, no hay nada qué hacer. Se trata de una situación límite donde el Gobierno no tiene manera de responder y cuando ha incluido estos bonos, que no tienen ningún respaldo monetario, sino que es emisión de dinero inorgánico, pasa lo que está pasando que es que el dólar se dispara”, argumentó Alí Daniels.

-¿Estos casos que están documentando los van a llevar a alguna instancia internacional?

-Cada uno de estos casos han sido hechos del conocimiento de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas aquí en Venezuela. Las observaciones generales las hemos remitido a la oficina y ya tienen bastante información. También nuestra idea es llevarla (los casos) a los otros mecanismos de Naciones Unidas para que se haga la denuncia correspondiente.

“Se puede (la gente) preguntar ¿para qué sirve eso? Y responder eso no castiga al Gobierno, pero el punto es que las víctimas deben ser escuchadas, que, aunque el sistema Judicial está cerrado, las oficinas de estas instancias no, y ese es el primer paso para obtener justicia”, precisó Alí Daniels.

Concluyó alertando que la verdadera preocupación del gobierno de Nicolás Maduro es la falta de gasolina y que, por ello, ha ejecutado una discriminación que afecta la vida, de las personas, ya que ha observado estaciones de servicio donde se atiende a funcionarios públicos, muchos de los cuales no están laborando, mientras hay personas que padecen por ejemplo, enfermedad renal y que han faltado a las diálisis porque no han podido trasladarse. “Se afecta el derecho a la vida porque si incumplen la diálisis no hay otra consecuencia que la muerte”.

Alianza Tal Cual – Provea