Ligia Bolívar es una defensora de derechos humanos con una trayectoria muy amplia y reconocida, no solo por su permanente y riguroso trabajo de investigación y documentación, sino también por su aporte a la construcción de un movimiento de derechos humanos sólido, dada su participación tanto en la fundación de Provea como del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
En la actualidad, desde Alerta Venezuela, apoya e impulsa el trabajo de incidencia internacional sobre la situación de derechos humanos en Venezuela y, además, como investigadora asociada al Centro de Derechos Humanos de la UCAB ha hecho un meticuloso trabajo de documentación de las vulneraciones de derechos de la población desplazada de Venezuela por efecto de la emergencia humanitaria compleja.
En una investigación recientemente publicada, titulada Lecciones no aprendidas, Alerta Venezuela analiza las dificultades que enfrentó la respuesta de la Organización de Naciones Unidas ante graves violaciones de derechos humanos, como en la guerra de Sri Lanka o el genocidio de los Rohingya en Myanmar. En ambos casos, distintos mecanismos del sistema de Naciones Unidas se encontraban en el terreno y su presencia no logró prevenir atrocidades y crímenes de lesa humanidad. La tesis es que, pese a que se hayan realizado investigaciones para detectar el origen de estos fallos, el sistema de Naciones Unidas sigue cometiendo estos mismos errores en su presencia en Venezuela. Sobre estos temas conversamos con Ligia Bolívar.
Lo que me interesaría, en el marco del trabajo de investigación que has realizado, ¿cómo evalúas la reciente visita del Alto Comisionado de Volker Turk a Venezuela?
Fue una visita muy breve y además marcada por el secretismo, a lo cual ya nos tienen acostumbrados. Sin embargo, la situación fue muy distinta a la de Colombia, por ejemplo, donde la visita y el programa se conocían con antelación. Creo que la brevedad no tiene solamente que ver con la duración de la visita, sino también con el poco tiempo dedicado al sector no gubernamental: apenas una hora y media para las organizaciones y otro tanto con las víctimas. Con una cantidad tan grande de personas en tan poco tiempo, el encuentro termina siendo más protocolar que sustantivo. Se acusó recibo de manera protocolar sobre los temas que se plantearon, pero no hubo tampoco una respuesta sobre el fondo de los problemas planteados.
Creo que su respuesta no fue la adecuada, no sé si eso es por su estilo burocrático, o si eso pasa en otras partes del mundo, pero no es el tipo de respuesta que uno espera de una persona cuyo mandato, es precisamente, prevenir las graves violaciones de derechos humanos en todo el mundo. Uno podría decir que ese tipo de reacción podría tener que ver con el hecho de que recién se está encargando en el cargo y que sus últimas experiencias de trabajo a lo mejor no son derechos humanos, lo cual de todas maneras de problemático, porque para eso se le nombró.
Por ejemplo, cuando se le mencionó en la rueda de prensa el tema de los naufragios de personas migrantes, volvió con la misma respuesta: eso también pasa en otras partes y ha sido su trabajo en ACNUR durante muchos años. Entonces, uno espera que sobre ese tema pudiera haber dado una respuesta más sustantiva y no escudarse en que eso pasa en todas partes. Podría decir algo semejante si mañana le dicen que aquí se tortura con electricidad. Me parece que son respuestas que no se no se corresponden con su investidura y su mandato.
Por lo demás, volvemos a lo de siempre con la firma de carta de entendimiento secreta, esta vez por dos años, pero sin que se sepa exactamente cuáles van a ser las áreas que trabajarán sus oficiales en Venezuela durante ese tiempo. Luego, por último, en la rueda de prensa, aunque hubo algunas áreas en las que hizo reclamos justos e importantes como el tema persecución política, tortura, desapariciones, ejecuciones, etcétera, lo preocupante es la poca claridad sobre el papel que ha desempeñado su oficina durante todos estos años. Porque si a estas alturas está pidiendo que haya una reforma judicial y ofreciendo asistencia técnica de su oficina para ello, cuando eso fue justamente lo que se supone estaba dentro de la carta de entendimiento anterior, esto quiere decir que durante estos primeros casi cuatro años no hubo logros en ese tema. El trabajo no es solo tomar nota de los compromisos que anuncia el gobierno de Venezuela como que se compromete a luchar contra la Tortura este o recordarle que debería firmar el Protocolo Facultativo
Desde hace más de 15 años el gobierno venezolano ha intentado aprobar leyes que le permitan controlar y criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué retomar este tema en el marco de la visita del Alto Comisionado?
Yo no creo que yo hayan tenido ese cálculo político de proponer esta nueva ley porque venía el Alto Comisionado, no creo que esa sea la explicación. Creo que la explicación es que el Diputado Cabello tiene una obsesión con las organizaciones no gubernamentales y se le ocurrió otra vez desempolvar el asunto en la Asamblea Nacional aun cuando esto no estuviera en la agenda legislativa.
Esta es una muestra adicional de que no tenemos planes, políticas, desde el Poder Legislativo, que en realidad no se cree en las leyes y que el Parlamento simplemente es utilizado como un instrumento más de la represión.
¿Pueden los distintos mecanismos internacionales de ddhh que operan en Venezuela tener un impacto en la protección a defensores de derechos humanos en este contexto?
Los organismos que tienen presencia en Venezuela tienen un mandato para asegurar la protección de derechos de defensores derechos humanos, el problema es que no lo están utilizando. Cuando tú ves una oficina del Alto Comisionado que a lo que se ha dedicado es a decir “quiten esta coma de aquí” o “cambien esta palabra por esta otra”, esta no es la protección que uno espera. Es como si dijera: “mire, es mejor la inyección letal que la guillotina”.
Lo que el gobierno está adelantando como proyecto es el fin de la de la de la sociedad civil independiente y autónoma, como se le conoce hasta hoy. Entonces esto no es cuestión de maquillar una ley, la cuestión sería decir que la ley en su conjunto, desde la primera hasta la última palabra, es inaceptable y no se puede aprobar, punto. Entonces, la discusión sobre si se necesitan más datos y si con su mandato podrían hacerlo, no es lo central. Estas críticas de fondo no las están haciendo porque no tienen voluntad política, porque prefieren una relación protocolar con el Estado a aplicar el mandato que le corresponde frente a lo que está pasando en Venezuela.
¿Qué peticiones concretas harías a cada una de estas instancias?
La petición concreta es que acojan su mandato. No puede ser que prefieran la buena relación con el Estado a la aplicación de lo que les corresponde, que es la aplicación de los derechos humanos. Eso es lo que decimos en nuestro informe Lecciones no aprendidas. Eso ya pasó en Sri Lanka, eso ya pasó en Myanmar: hubo recomendaciones, hubo golpes de pecho. Las recomendaciones están allí, lo que tienes que hacer es que aplicarlas.
Y quisiera ver más trabajo en materia de prevención, y eso es lo que se dijo que iban a hacer hace cuatro años. Entonces, ¿qué avances al respecto podernos ver? Se mencionaron en la rueda de prensa del Alto Comisionado varios temas como una novedad, cuando en realidad esas fueron las promesas que les hicieron desde el Estado hace cuatro años, Entonces, lo que uno esperaría es una evaluación crítica del trabajo que ha hecho su oficina para, a partir de allí, poder promover cambios en el trabajo que se ha hecho y aumentar su impacto.
En conclusión: que se deje a un lado tanto lenguaje protocolar y se empiece a ser más exigente en relación con los estándares internacionales de derechos humanos y las recomendaciones que el Estado venezolano ha incumplido. Solo así esta presencia puede ser realmente útil para que mejore la situación de derechos humanos en el país.
