Sentado en una mesa de la escuela local -recuperada recientemente por UNICEF-, el cacique de la comunidad indígena de Cambalache, en Puerto Ordaz, el indígena warao, Venancio Narváez, habla sobre la situación que enfrentan más de 236 familias que integran la comunidad en medio de una economía deprimida.
Los Warao llegaron a Cambalache buscando lo que ya no tenían en sus tierras del Delta. La histórica exclusión que padecen los pueblos indígenas, los empujó a sobrevivir de lo que recolectaban en el vertedero situado en el sector. Sin embargo, desde la clausura del botadero en 2014, y en medio de la escasez de gasolina, pasaron a formar parte de una cadena de comercio informal que revende tambores de combustible.
Despojo y desplazamiento forzoso
A mediados de la década de 1960, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) -en el marco de un proyecto para establecer el Delta del Orinoco como el principal abastecedor de agroalimentos para la Guayana venezolana-, intervino el Delta del Orinoco a través de una serie de diques que tenían como objetivo impedir las crecidas estacionales del río Orinoco, que inundaban terrenos potencialmente aptos para la agricultura.
El proyecto fue un fracaso. Entre la salinización de los caños, la inhabilitación para la agricultura de las tierras circundantes, y las afectaciones para las comunidades indígenas de la zona, con respecto al abastecimiento de agua potable, sus siembras, y la pesca; los resultados fueron irreversibles.
Con el daño a sus tierras y el desplazamiento de los Waraos, cambió su patrón socioeconómico tradicional. Pasaron de vivir en torno a una relación producción-hábitat-vivienda-relación parental como un todo equilibradamente homogéneo, a ser conuqueros y asalariados de los llamados criollos.
Estigmatización y abandono
Desde que comenzaron a asentarse en Cambalache, la relación de los waraos con los “criollos” se ha ido consolidando y, en ocasiones ha sido confusa. Venancio Narváez se queja de las consecuencias de esa dinámica, pues dice que las condiciones de vida de los waraos de Cambalache, ha dado pie a la estigmatización por parte de pobladores no indígenas. “Nos dicen que el indio es criminal, es drogadicto, es ladrón. Si la gente piensa eso, ¿qué apoyo podemos tener?”, dice.
Al hablar de apoyo, Narváez destaca los proyectos de piscicultura y siembras que han presentado y promovido en períodos electorales ante la alcaldía del Municipio Caroní y en la gobernación del estado Bolívar, pero que han sido abandonados antes de iniciarse.
Pero añade que esta situación es reversible, pues ha visto cómo con apoyo institucional, la comunidad recupera el sentido de pertenencia. La pequeña escuela local, es prueba de ello.
“Aquí vino la gente de Unicef y en cuestión de días ya habían arreglado la escuela y construido un tanque de agua potable, algo que los políticos habían estado prometiendo durante años. Después de eso, el sentido de pertenencia aumentó; ahora hay niños que vienen a ver sus clases, que limpian y cuidan esta zona, porque si nosotros mismos no lo hacemos, ¿quién más?”, reflexiona.
Hambre y exclusión
Narváez manifiesta que, debido a la crisis económica, ha sido imposible que la comunidad se organice para producir sus propios alimentos, mientras que la carestía los obliga a formar parte de la economía informal. “Para vivir, el indígena necesita el pescado en la mañana, la guarapita con domplina en la tarde, y un casabe de yuca dulce con guitarrilla en la noche”. Para él, eso es algo que, organizados, y con el suficiente apoyo, podrían conseguir.
En 2020, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que uno de cada tres venezolanos necesita asistencia alimentaria, debido a la incapacidad para satisfacer sus requerimientos alimentarios producto de la crisis económica, este dramático escenario también afectó a la comunidad de Cambalache, donde el año pasado se registraron muertes de niños waraos por causas asociadas a la desnutrición.
“Ahorita lo que hay es hambre y la gente solo se preocupa por buscar el pan de la forma más rápida posible. Ni siquiera por estudiar, hace más de 20 años que no tenemos un bachiller de esta comunidad”, lamenta Narváez.
El despojo de territorios del que fueron víctimas los Waraos, y las condiciones de exclusión, ahora acentuadas por la emergencia humanitaria compleja, ponen en riesgo la existencia de esta población en condición de vulnerabilidad. Esa situación de desplazamiento territorial, sometimiento al hambre y desconocimiento de derechos ha empujado recientemente a los Waraos, y a otros pueblos indígenas, a migrar buscando refugio fuera del país.
En junio pasado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señaló que había 5.020 indígenas venezolanos registrados en Brasil, 66% de ellos miembros de la etnia Warao. Sólo en 2020, voceros de una de las comunidades Warao de Puerto Ordaz, informaron que 50% de las familias habían migrado hacia Brasil, huyendo del hambre.
