«La Comisión (Interamericana de Derechos Humanos) reitera que la institucionalidad democrática venezolana no está guiada por la separación y el equilibrio de los poderes públicos, tal como dicta la Carta Democrática Interamericana. En el 2022 no se adoptaron reformas idóneas, prácticas y efectivas para fortalecer la independencia y autonomía de los poderes públicos. Como consecuencia de ello, las instituciones del Estado continúan subordinadas al ejercicio arbitrario del poder público por parte del gobierno y no a una autoridad civil legalmente constituida«.
Por otro año consecutivo, junto a Cuba, Nicaragua y Guatemala, Venezuela fue incluida en el Capítulo IV.B del Informe Anual 2022 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se publicó este 20 de abril.
El capítulo IV.B es una sección del Informe Anual que publica el órgano hemisférico, en el que se detallan situaciones y amenazas para los derechos humanos especialmente preocupantes y que requieren atención especial por parte del órgano.
Esta sección incluye informes especiales que la CIDH considera necesarios respecto de la situación de los derechos humanos en los Estados Miembros.
«En el cumplimiento de su mandato convencional y reglamentario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la Comisión, la Comisión Interamericana o la CIDH) ha seguido con especial atención la grave crisis de derechos humanos en Venezuela derivada de la ausencia del Estado de Derecho», advirtió el órgano.
La CIDH resaltó que en 2022 persistieron las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, basadas en ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, persecución contra defensores de derechos humanos y disidentes del gobierno de Nicolás Maduro.
La Comisión insistió en que la erosión de la institucionalidad en el país, ha ocasionado que el aparato estatal opere para garantizar la permanencia del partido de gobierno en el poder y no para promover y proteger los derechos de la población. «La ausencia de independencia judicial en el país obstaculiza el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos y crea un ambiente de impunidad».
La CIDH también remarcó el impacto que la Emergencia Humanitaria Compleja y el consecuente deterioro de las condiciones de vida ha tenido, de «manera diferenciada y desproporcionada», sobre «[…] las personas que padecen discriminación estructural e histórica«.
«La migración forzada proveniente de Venezuela superó los 7 millones de personas contabilizadas desde 2015. Este movimiento, que representa actualmente el más grande a nivel regional y el segundo más grande del mundo, responde a una estrategia de supervivencia para salvaguardar derechos como la vida, la integridad personal, la salud y la alimentación. Todo ello resultado del acentuado deterioro de la institucionalidad democrática y de la situación de derechos humanos en Venezuela durante las últimas dos décadas«, destaca el informe.
La Comisión recordó que el Estado venezolano no adoptó medidas para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas por el órgano hemisférico, ni a las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), por ello, y debido a la delicada situación de Derechos Humanos en el país, decidió incorporar a Venezuela, nuevamente, en el Capítulo IVB de su Informe Anual de conformidad con el artículo 59 de su Reglamento.
Descarga el capítulo IVB sobre Venezuela AQUÍ
9-IA2022_Cap_4B_VE_ES
