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Venezuela, con un territorio continental y marítimo de 2 millones de km², es un país rico en recursos hidrológicos sumergido en una Emergencia Humanitaria Compleja que impide, entre otros derechos, el acceso al agua potable y al saneamiento. El país cuenta con mucha más cantidad de agua de la necesaria para abastecer a toda su población, cercana a los 32 millones de personas. Sin embargo, el desmantelamiento de toda la estructura institucional y física del sector compromete la calidad de las fuentes de abastecimiento, los procesos de tratamiento y de potabilización de las aguas, la distribución, el saneamiento, la salud, la producción hidroeléctrica, la hoy escasa producción alimentaria e industrial. En fin, la vida de los venezolanos en todos los ámbitos.

¿Qué es una Emergencia Humanitaria Compleja?

Naciones Unidas la define como “una crisis humanitaria en un país, región o sociedad en la que hay una total o considerable ruptura de la autoridad, como resultado de un conflicto interno o externo, y que requiere una respuesta internacional que va más allá del mandato o capacidad de un solo organismo y/o el programa de país de las Naciones Unidas en curso” (IASC, 1994). Dar respuesta a una EHC implica usar marcos y mecanismos de protección internacional en forma simultánea, dado que sus exigencias humanitarias son multifacéticas, hay un gran número de personas en vulnerabilidad extrema y diversos factores actúan en combinación, produciendo una amplia y severa destrucción de las capacidades internas de un país para garantizar los derechos de asistencia y protección de toda la población, incluyendo restricciones al cumplimiento de obligaciones internacionales.

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Reporte Nacional EHC y Derecho al Agua Octubre 2018 (1)

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