La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Barcena afirmó la semana pasada que las políticas universales en educación, salud y protección social contribuyen “no solo a la inclusión, sino también al fortalecimiento de las capacidades humanas, el aumento de la productividad y el crecimiento económico”

La funcionaria agregó que la política social debe guiarse por el principio de la universalidad “para construir un estado de bienestar, reconociendo la sensibilidad a las diferencias y orientada hacia la igualdad de derechos, para no dejar a nadie atrás”. Precisó que, pese a los avances alcanzados por la región en materia de gasto social, persisten grandes desafíos para el financiamiento de las políticas sociales, en especial en países que presentan más elevados niveles de pobreza.

La alta funcionaria de las Naciones Unidas señaló que la CEPAL ha identificado a la igualdad como un valor fundamental del desarrollo y como un principio ético no negociable, centrado en un enfoque basado en los derechos. “La evidencia económica y social muestra que la desigualdad es ineficiente. Por el contrario, la igualdad es un requisito previo para lograr el progreso económico y social, para cerrar las brechas estructurales y para lograr la convergencia con niveles más altos de productividad y empleos decentes”, afirmó.

Barcenas dijo que en América Latina y el Caribe, la doble inclusión (social y laboral) mejoró entre 2002 y 2016. Sin embargo, en 2016 solo el 23,5% de los hogares se encontraba en una situación de doble inclusión, mientras que el 45% estaba en doble exclusión. Señaló que las brechas se acrecientan para la población rural, para los hogares cuyo jefe o jefa es indígena o afrodescendiente y para las personas con discapacidad.

Venezuela: aumenta la desigualdad y se extingue la movilidad social

En la Venezuela gobernada por Maduro el crecimiento de la desigualdad social y la extinción de la movilidad social son las principales consecuencias de la indolencia y el empobrecimiento generalizado y deliberado de la población. Entre 2012 y 2017 el país cayó dieciséis puestos en el indice global de Desarrollo Humano (IDH), según reveló el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su último informe correspondiente a la data levantada hasta el año 2017.

Venezuela se sitúa en el puesto 78 de 189 países analizados por el organismo, y en 8º lugar entre los países de América Latina, en una lista que lidera Chile con el índice más alto de la región, y que cierra Haiti -en el puesto 168 global-, con el IDH más bajo del continente. El retroceso experimentado por Venezuela es uno de los mayores en el indicador que refleja los logros nacionales en materia de salud, educación y nivel de ingresos. 

Según el PNUD la renta per cápita de Venezuela disminuyó un 25,8% entre 1990 y 2017. De acuerdo al informe del IDH del año 2012, el ingreso nacional bruto per cápita de Venezuela se situaba en 11.475 dólares; mientras que para el 2017 el PNUD reportó un ingreso per cápita de 10,672 dólares. 

El Plan de la Patria 2013-2019, oferta electoral del candidato Maduro en 2013, e instrumento convertido inconstitucionalmente en ley durante la anterior gestión de la Asamblea Nacional, planteaba metas como un Índice de Desarrollo Humano de 0,800; 15,00% de pobreza general y 0% pobreza extrema, para el año 2019. Asimismo, las promesas de Maduro situaban la inflación promedio anual en 20% y una tasa de crecimiento promedio anual entre 3,0% y 4,0%).

La caída del ingreso y del poder adquisitivo de las y los trabajadores venezolanos como consecuencia de la espiral inflacionaria, ha generado un acelerado incremento de la pobreza, lo que a su vez se ha traducido en mayores dificultades, sobre todo para la población más pobre y en situación de vulnerabilidad, para la satisfacción de sus necesidades alimentarias, educativas, de salud y servicios públicos en general. La brecha entre los sectores de la población con menos recursos y el -cada vez más escaso- sector social con más recursos, se ha amplió durante la era Maduro, echando por tierra las promesas de redención social y construcción de una sociedad basada en la igualdad y la garantía de derechos para todos. Los compromisos asumidos por el Estado venezolano en la Declaración de Nuevo León de 2004, dirigidos a la búsqueda del crecimiento económico sostenido y equitativo “que contribuya al desarrollo de largo plazo, reduzca la pobreza, elimine el hambre y eleve los niveles de vida de la población”, se han convertido en letra muerta.

Maduro extinguió la posibilidad de consolidar un entorno favorable para luchar contra la pobreza y enaltecer el valor de los derechos humanos y la democracia. Los indicadores positivos en educación, salud y políticas de inclusión que registró Provea en el pasado, hoy se han revertido en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja, haciendo cada vez más difícil la vida de millones de venezolanos sometidos a la exclusión y la pobreza.


Prensa Provea