Gremios, sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales se movilizaron este jueves en distintas ciudades de Venezuela para exigir aumento de salarios y pensiones, respeto a la libertad sindical y cumplimiento de las convenciones colectivas.
Decenas de personas se movilizaron en todo el país.
Se reportaron manifestaciones pacíficas en los estados Aragua, Bolívar, Mérida, Carabobo, Anzoátegui, Zulia, Nueva Esparta, Falcón, Lara, Barinas, Yaracuy, Guárico, Monagas, Trujillo, Cojedes, Miranda, Portuguesa, Amazonas, Apure, Delta Amacuro, Sucre y Táchira.
En Caracas, piquetes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) intentaron bloquear el paso a cientos de manifestantes que marcharon desde la Plaza Morelos hasta la sede del Palacio Federal Legislativo, en el centro de la ciudad.
También, el oficialismo instaló varias tarimas y convocó una movilización a lo largo de la ruta de la marcha de los trabajadores, en un claro y nuevo intento por obstaculizar el libre ejercicio del derecho a la reunión pacífica.
Pese a los iniciales obstáculos indebidos, la marcha convocada por distintos gremios y sindicatos logró llegar a la sede de la Asamblea Nacional (AN) y la Plaza Bolívar, un hecho relevante tras 20 años de exclusión territorial por parte del oficialismo que se agravó en la última década por el ascenso vertiginoso de la represión y el terrorismo de Estado.
«Hoy llegamos a la Asamblea Nacional y creemos que si estamos viviendo un «nuevo momento político» no puede haber viejas prácticas. Esto de colocar tarimas e improvisar movilizaciones en el último día no le ayuda al país. Lo conveniente es que se le permita llegar a la gente, manifestar pacíficamente como lo estamos haciendo«, dijo Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV).
Una representación de los manifestantes fue recibida por miembros del parlamento, y pese a que este jueves no hubo sesión en la AN, fue entregado el pliego de peticiones de los trabajadores y se acordó que la Comisión de Desarrollo Social del organismo los reciba el próximo miércoles 18 de abril.
«Esto ha sido una movilización masiva a lo largo y ancho del país. Se va a ir repitiendo, va a ir escalando si el gobierno nacional no toma una medida en materia salarial que reivindique a los trabajadores«, dijo Afonso tras ser recibido -junto a otros representantes gremiales y sindicales-, por miembros de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática que se encontraban en el Palacio Federal Legislativo.
Cuatro años de estancamiento salarial
El 15 de marzo se cumplen cuatro años desde que se produjo el último aumento salarial decretado por el Ejecutivo venezolano.
Salarios y pensiones permanecen estancados desde entonces en 130,00 Bs., unos 0,30 centavos de dólar al mes de acuerdo a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) para la fecha de esta publicación.
El tiempo transcurrido sin aumento de salarios y pensiones constituye el período más largo de los últimos 29 años.
Ese estancamiento se ha traducido en más precarización del empleo decente, desvalorización del trabajo como palanca de desarrollo social y en la pérdida de capacidad de consumo y ahorro de las familias.
Se ha erosionado, de forma palpable, el derecho a un nivel de vida adecuado de millones de venezolanos en medio del abandono estatal de sus obligaciones con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).
A la par de la destrucción del salario, se ha desmantelado también la institucionalidad de la negociación colectiva, un derecho amparado en el Convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del que Venezuela es parte.
Desde 2016 Provea ha registrado un pronunciado descenso en el número de convenciones colectivas homologadas, año tras año, por el Ministerio del Trabajo.
Entre 2004 y 2015, el promedio de convenciones colectivas homologadas –en el sector público y privado-, fue de 455.
En 2016, la cifra descendió a un promedio de 184 convenciones al año.
A ello se suma la negativa oficial de discutir y negociar convenciones colectivas con sindicatos y gremios que no le sean afines.
Medidas como el Memorándum 2792, -adoptado por el Ministerio del Proceso Social de Trabajo-, y en el que se instruyó a todos los entes de la administración pública y empresas del Estado a desconocer los contratos colectivos del sector público o el Instructivo de la ONAPRE, han horadado gravemente la institucionalidad de los derechos laborales en Venezuela.
«Nosotros tenemos un contrato colectivo, la mayoría de las empresas y los gremios lo tienen. Eso tienen que reconocerlo porque lo protege la ley y la Constitución. Pónganse ustedes a derecho (el gobierno) con este pueblo. Siempre hemos dicho, la paz y la tranquilidad se va a llevar de acuerdo al respeto que ustedes (el gobierno) le den a los trabajadores«, expresó César Soto, un trabajador de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG) durante la nutrida movilización realizada en Puerto Ordaz.
Democracia y justicia social
Provea ha insistido en que un genuino proceso de recuperación de la democracia y de respeto a los derechos ciudadanos, solo serán posibles si se atiende con urgencia la enorme deuda social del Estado venezolano.
Junto a los incesantes reclamos por la liberación plena de todos los presos políticos, miles de trabajadores y sus familias han exigido en las calles del país un aumento salarial que les ha sido negado desde 2022.
Este “nuevo momento político”, caracterizado por acuerdos energéticos y compromisos bilaterales entre Venezuela, Estados Unidos y trasnacionales de distintos países, no puede dejar de lado las necesidades de las grandes mayorías.
El Estado venezolano debe adoptar medidas inmediatas para cerrar la enorme brecha generada por la desigualdad.
Recordamos que los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos de Naciones Unidas establecen que los Estados deben “Velar por que todos los trabajadores perciban un salario suficiente que les permita a ellos y a sus familias tener acceso a un nivel de vida adecuado”.
Recordamos también que, en un informe presentado en el marco del tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas en febrero de 2022, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó su preocupación por “los bajos niveles de ingresos, ahorros y pensiones de los funcionarios públicos”.
La OACNUDH recomendó entonces al gobierno de Venezuela adoptar “todas las medidas necesarias para garantizar unos ingresos suficientes a los funcionarios y los trabajadores de los sectores dependientes de la financiación pública, de manera transparente y participativa”.
En la víspera del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas sobre Venezuela, que se realizará en 2027, lamentamos que el Estado venezolano no haya acogido estas recomendaciones.
Cuatro años después del último aumento salarial, el directivo de la APUCV, Gregorio Afonso, exigió al gobierno cumplir con la Constitución que le obliga a fijar el salario mínimo de forma anual.
«Lleva cuatro años de mora y tiene que honrar eso. Hay suficientes condiciones económicas para poder honrar un aumento de salarios y ponerse dentro del marco Constitucional y de la ley«, dijo.
Para nosotros, el “nuevo momento político” anunciado por quienes conducen actualmente los destinos del país, debe traducirse en el fortalecimiento del ideal interamericano de una democracia integral, que brinde garantías plenas para el ejercicio de los Derechos Civiles y Políticos y el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
Las violaciones masivas de derechos humanos solo serán superadas cuando las demandas de justicia y de igualdad de derechos para todas las personas sean escuchadas y las instituciones vuelvan a cumplir su mandato constitucional de respeto al Estado de derecho, ello incluye el empleo del máximo de recursos disponibles, económicos, jurídicos y políticos, para garantizar un nivel de vida adecuado a la población.
Prensa Provea
