Un escenario de emergencia humanitaria compleja; ausencia de institucionalidad democrática y sistemáticos abusos contra los derechos humanos, han condenando a los venezolanos a condiciones de vida extremadamente precarizadas. Esta situación tiene un impacto diferenciado en los más pobres y en quienes desde siempre han estado expuestos a mayores escenarios de exclusión y negación de sus derechos.

El colapso generalizado de los servicios públicos en el país y los obstáculos para el acceso a alimentos y medicinas, derivados de la escasez, desabastecimiento y altos precios; han creado las condiciones propicias para un aumento exponencial y generalizado de la pobreza en Venezuela.

Según lo ha descrito la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “la pobreza constituye un problema que se traduce en obstáculos para el goce y ejercicio de los derechos humanos en condiciones de igualdad real por parte de las personas, grupos y colectividades que viven en dicha situación. La situación de pobreza trae consigo una exposición acentuada a violaciones de derechos humanos; vulnerabilidad incrementada por las restricciones derivadas de la situación socioeconómica de las personas”.

Un enfoque ampliado sobre el concepto de pobreza, aborda este fenómeno desde una visión multidimensional que implica que la misma no responde únicamente a la ausencia de medios económicos para la satisfacción de necesidades, sino también a una situación en la que amplios sectores de la sociedad están sometidos a severos obstáculos para el acceso a servicios básicos y una consiguiente negación de su ciudadanía.

En la Venezuela actual el crecimiento de la desigualdad y la extinción de la movilidad social son las principales consecuencias de la indolencia y el empobrecimiento deliberado de la población. Entre 2012 y 2017 el país cayó dieciséis puestos en el indice global de Desarrollo Humano (IDH), según reveló el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su último informe correspondiente a la data levantada hasta el año 2017. Venezuela se sitúa en el puesto 78 de 189 países analizados por el organismo, y en 8º lugar entre los países de América Latina, en una lista que lidera Chile con el índice más alto de la región, y que cierra Haiti -en el puesto 168 global-, con el IDH más bajo del continente. Según el PNUD la renta per cápita de Venezuela disminuyó un 25,8% entre 1990 y 2017. De acuerdo al informe del IDH del año 2012, el ingreso nacional bruto per cápita de Venezuela se situaba en 11.475 dólares; mientras que para el 2017 el PNUD reportó un ingreso per cápita de 10,672 dólares.

Esta situación es la que empuja a miles de habitantes de las comunidades y poblaciones más empobrecidas del país, a tomar las calles para reclamar derechos. Y es, en un contexto generalizado de negación de la ciudadanía, cuando la respuesta Estatal no se produce desde una dimensión institucional, democrática y restauradora de derechos, sino por el contrario, se afianza en la lógica negadora y excluyente para aplastar los reclamos y ejercer mecanismos de castigos “ejemplarizantes” para el resto de la población.

Re-victimizando a los más pobres

El 23 de septiembre de 2017 los indígenas Warao José Gregorio Moraleda Zambrano (21) y Jomas José Alcántara (19) fueron asesinados por impactos de balas disparadas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía de Delta Amacuro mientras reprimían una manifestación en demanda de alimentos, que se desarrollaba en las adyacencias del centro de acopio de Mercal, situado en la parroquia José Antonio de Sucre del municipio Tucupita, capital de la entidad. “Los waraos comenzaron a retroceder y a correr en busca de resguardo, sin embargo, los efectivos disparaban directo a la masa y cayeron los waraos”, declararon testigos de los hechos. La protesta se originó debido que la comunidad warao ubicada en Janokoseve, tenía 45 días sin recibir alimentos de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Tres meses después, el 31 de diciembre de ese año, Alexandra Conopoi se convirtió en la última persona asesinada en protestas durante el conflictivo 2017. La joven de 18 años contaba con cinco meses de embarazo cuando recibió un impacto de bala en la cabeza, disparada por un funcionario de la GNB mientras reprimían una manifestación que se realizaba en la población de El Junquito, en el estado Vargas, en demanda del pernil navideño prometido por el gobierno de Nicolás Maduro.

Moraleda; Alcantara y Conopoi fueron las víctimas mortales 141, 142 y 143 de un año marcado por el exceso de abusos a manos de policias y militares contra manifestantes.

En 2018 la dinámica del conflicto cambió debido al aplastamiento de la rebelión popular de 2017; el reflujo de las organizaciones políticas de oposición a Maduro luego de la imposición de la ANC; las razzias represivas del gobierno y las contradicciones a lo interno de las filas opositoras; y sobre todo debido a la agudización de la emergencia humanitaria compleja.

Los protagonistas principales de la conflictividad social en 2018 fueron habitantes de comunidades pobres que salieron a las calles a reclamar ante el colapso generalizado de los servicios públicos como gas, agua y electricidad, y debido a la escasez y altos costos de los alimentos. Para ese año, se registraron 15 personas asesinadas en el contexto de protestas. Todas las personas asesinadas participaban en manifestaciones demandando alimentos y servicios básicos. Otras 73 personas resultaron heridas ese año debido al uso excesivo de la fuerza pública para repeler y aplastar las demandas ciudadanas por mejores condiciones de vida.

Algo quedo claro entonces: a la dictadura de Maduro ya no le importaba la naturaleza de los reclamos. Protestar -exigiendo la renuncia de Maduro o exigiendo agua potable- implicaba un serio riesgo para la vida y la integridad de las personas. Aplastar cualquier expresión de descontento por más simple que este sea, mediante el uso de la fuerza y la imposición del terror.

Un total de 46 personas fueron asesinadas en protestas por servicios públicos, medicinas y alimentos, realizadas entre el 23 de septiembre de 2017 hasta el 02 de mayo de 2019. Otras 74, incluyendo al adolescente de 16 años Rufo Chacón gravemente herido este 01 de julio, fueron heridas por agentes de la fuerza pública y paramilitares en manifestaciones por las mismas demandas, realizadas entre 2018 y lo que va de 2019. 

Los más afectados por la indolencia y la corrupción que los condena a la pobreza, se convierten en objeto de nuevos y permanentes abusos cuando intentan reclamar la restitución de los derechos perdidos. Esa es la práctica de quienes alguna vez se auto-proclamaron “gobierno obrero”