No es el primer mensaje de aliento y respaldo a los abusadores. Nicolás Maduro, en su gestión constitucional antes, y en su gobierno de facto ahora, ha enviado incansables mensajes de apoyo a quienes sostienen su dictadura mediante la represión y los abusos contra los derechos humanos. «Todo el apoyo para ustedes, logístico, físico. Todo el apoyo para el FAES, en su labor diaria de darles seguridad al pueblo. Que viva el FAES», pronunció Maduro, en una especie de oxímoron, la noche de este martes durante un acto por el día nacional del policía.
Maduro y su cúpula desestiman recomendación de Alta Comisionada en DDHH Michelle Bachelet @mbachelet de disolver las Faes. Por el contrario, alientan siga perpetrando las graves violaciones a los derechos humanos que realiza en las zonas pobres del país. pic.twitter.com/Kw9jmPPtqn
— PROVEA (@_Provea) 18 de julio de 2019
Lo llamativo es que este nuevo espaldarazo a la represión se produce a escasos días del llamamiento que hiciera la Alta Comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, para que se disuelva el cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana, señalado por víctimas, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, de estar involucrado en centenares de ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes contra los derechos humanos.
En su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela presentado el pasado 5 de julio en Ginebra, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH) dijo: «Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES. Al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES, y posiblemente a otras fuerzas de seguridad, como parte de una política de control social. Estas muertes violentas requieren una investigación inmediata para asegurar la responsabilidad de los perpetradores y las garantías de no repetición».
Las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) fueron presentadas oficialmente por Nicolás Maduro, el 14 de julio de 2017. Maduro dijo entonces que la agrupación de élite había sido creada para combatir el «crimen organizado y el terrorismo». Las FAES iniciaron su largo periplo de abusos con una masacre pública difundida por las redes sociales, en la que el piloto venezolano Oscar Pérez y sus acompañantes fueron asesinados a pesar de haber manifestado su voluntad de entregarse a las autoridades. En adelante, numerosos operativos que involucraron a la agrupación dejaron decenas de asesinados y mostraron su desapego a los estándares que regulan los principios sobre uso progresivo y diferenciado de la fuerza, y la recurrente práctica de ejecuciones extrajudiciales presentadas ante la opinión pública como «muertes por enfrentamiento». A la fecha, las FAES están involucradas en más de 400 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en operativos realizados en varios estados del país.
Por ello, la OACNUDH urgió al Estado venezolano a que «[…] Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas». Pero a pesar de este urgente llamado, Nicolás Maduro insiste en alentar la actuación de este escuadrón de la muerte, mostrando no sólo la ausente voluntad de seguir las recomendaciones de la Alta Comisionada, sino más bien la firme disposición de generar una situación aún más dramática para los derechos humanos en el país.
Premiando los abusos, fortaleciendo la impunidad
En 2016, un año antes de la creación de las FAES, durante un acto de juramentación de la II Promoción de efectivos del “Comando Antiterrorista” del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), realizado el 25 de agosto en Barlovento, estado Miranda, Nicolás Maduro extendió una felicitación vía telefónica a los graduandos, en la que alentó abiertamente a la comisión de abusos y ejecuciones policiales por parte de los funcionarios del referido cuerpo policial. “A la violencia y el terrorismo se le debe golpear antes de que actúen… nuestra mayor victoria es un golpe preventivo, neutralizarlos, desconfigurarlos, desarmarlos, desarticularlos, abatirlos, antes de que actúen los terroristas ”, expresó. Maduro afirmó entonces que las bandas delictivas en Venezuela están vinculadas y dirigidas por sectores de la oposición venezolana, “Vayan desde ya a obtener victorias en Venezuela el terrorismo tiene nombre y apellido, son estos grupos parásitos, vende patria de la derecha… que se han aliado con las bandas criminales de asesinos y secuestradores y poniéndole mucha plata y droga han puesto a estas bandas como instrumentos de la violencia, primero delincuencial, pero también de la violencia terrorista”.
Un mes después, el 08 de octubre de ese año, unos 1.300 funcionarios del Ejército y otros cuerpos de seguridad, desplegaron un Operativo de Liberación del Pueblo en la región de Barlovento. En su primera fase, el operativo dejó cinco jóvenes fallecidos en el sector Casupo Arriba. Según informaron las autoridades, estas personas habrían muerto en un enfrentamiento con miembros del Comando Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la Guardia Nacional Bolivariana Bolivariana. Otras decenas de personas fueron detenidas durante la ejecución del OLP en varios sectores de Barlovento. 45 días después de iniciado el operativo se supo que 13 de los detenidos en los allanamientos ilegales y puntos de control desplegados, fueron asesinados y enterrados en fosas comunes por los militares. Otro de los detenidos, falleció en los mismos hechos a consecuencia de las torturas recibidas.
En los dos momentos descritos, el SEBIN y el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, estaban bajo el mando del mismo hombre: Gustavo González López, un militar de línea dura -formado en la Escuela de Las Américas-, que fue destituido de la jefatura del SEBIN luego de la muerte -presuntamente bajo torturas- del concejal opositor Fernando Albán, quien se encontraba bajo custodia de dicho cuerpo policial. González López fue reasignado como jefe del SEBIN en mayo de 2019. Un premio por su largo historial de abusos.
González López no ha sido el único premiado. Militares y policias de distintos rangos, e incluso tropas profesionales de la FANB, involucradas en graves abusos contra los derechos humanos en el contexto de protestas o durante operativos de seguridad ciudadana, han sido beneficiados con ascensos; beneficios socioeconómicos; designación en cargos dentro de la administración pública; y condecoraciones, entre otros. Las FAES han recibido este nuevo aliento de Maduro para seguir generando atropellos y muertes entre los venezolanos más pobres.
En la Venezuela de Maduro, el poder del Estado es empleado para cometer violaciones de los derechos que este debe respetar y garantizar. En un escenario de extinción del Estado de Derecho y garantías para acceder a la justicia, la impunidad no sólo es favorecida con la ausencia de investigación, sanción a los culpables y mecanismos de rendición de cuentas. La construcción de un marco jurídico que favorece la ejecución de crímenes contra los derechos humanos y el encubrimiento y absolución de los responsables, sumado al aliento simbólico y real que desde el alto poder se brinda a los perpetradores de dichos crímenes, mantienen encendida una interminable espiral de abusos que seguirá cobrando víctimas si no es detenida a tiempo.
Provea recuerda que los Estados, sometidos o no a poderes fácticos e ilegítimos, incurren en responsabilidad internacional cuando sus órganos judiciales no investigan y sancionan a los responsables de abusos y cuando los detentadores del poder alientan tan abiertamente la comisión de crímenes.
Inti Rodríguez | Provea
