En una alocución transmitida el pasado lunes en cadena de radio y televisión, Nicolás Maduro hizo un abierto llamado a las instancias político-organizativas vinculadas al aparato represivo estatal, y en particular a los “colectivos” paramilitares que respaldan su gobierno de facto, a sumarse a las labores para contrarrestar el descontento y la movilización popular, generadas por la grave crisis que atraviesa el país y que se ha agudizado en días recientes debido al apagón nacional que se registró el pasado jueves.

Un día después del peligroso aliento brindado por Maduro, Provea pudo registrar al menos cuatro ataques perpetrados por agrupaciones de civiles armados contra manifestantes pacíficos que tomaron las calles de Caracas, atendiendo la convocatoria realizada por el Presidente (E) de la República, Juan Guaidó, a movilizarse en rechazo al deterioro de la calidad de vida y para exigir el retorno de la democracia.

En horas de la tarde de este miércoles, info ciudadanos reportaron a través de la red social Twitter las agresiones e intimidación de los paramilitares contra las concentraciones pacíficas que se desarrollaban en las avenidas San Martín, al oeste de la ciudad; Baralt, centro oeste; Fuerzas Armadas, centro; y Urdaneta, centro de Caracas. Los civiles armados, a bordo de motocicletas, efectuaron disparos con el objetivo de intimidar a los manifestantes pacíficos y dispersar las concentraciones. Testigos de estos hechos destacaron que la actuación de estos grupos se produjo en presencia de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Policía Nacional Bolivariana (PNB), sin que estos actuaran para impedir la agresión contra los ciudadanos que protestaban.

Los episodios de agresiones contra vecinos de la avenida San Martín se extendieron hasta altas horas de la noche. Las protestas realizadas en las residencias ubicadas a lo largo de la arteria vial, y en el populoso barrio El Guarataro, fueron atacadas por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB y grupos de civiles armados, quienes efectuaron disparos contras las viviendas para intentar aplacar el descontento de los ciudadanos debido a un nuevo corte de luz y a la prolongada interrupción del servicio de agua potable. Medios de comunicación y dirigentes sociales del sector informaron que paramilitares y policías intentaron ingresar en algunas residencias en las inmediaciones de las estaciones Capuchinos y Maternidad.

Tal como lo advirtió Provea, el llamado de Maduro a la “resistencia activa” de los colectivos paramilitares añadió un nuevo peligro para los derechos humanos, al aumentar exponencialmente los riesgos para manifestantes pacíficos que ejercen sus legítimos reclamos ante la crisis actual. A la consolidación del terrorismo de Estado y el aumento de la letalidad policial y militar contra las protestas, se suma la abierta participación de paramilitares y civiles armados, quienes actúan en coordinación con agentes de la fuerza pública para aplastar el descontento generando más abusos contra la integridad de la ciudadanía que ejerce su derecho constitucional a la manifestación pacífica.

Provea advierte que el patrón de actuación de las agrupaciones paramilitares, en la coyuntura actual, pudiera estar enfocado -con particular énfasis – en intimidar y aplastar la protesta en los sectores populares, en un intento por parte del gobierno de facto por detener el devastador efecto político y simbólico, que ha tenido para la dictadura de Maduro, la desterritorialización del conflicto y el papel estelar de los habitantes de los barrios pobres del país en el actual ciclo de protestas. A comienzos de año se utilizó a las FAES y su abusiva letalidad, para sembrar el terrorismo de Estado en las comunidades populares que protestaron contra Maduro. Ahora, el abierto empleo de paramilitares para reprimir a los más pobres, pudiera ser la nueva fase del terror de Estado en el país.

Desde hace varios años, a las acciones represivas de agentes estatales, se ha sumado la actuación de agrupaciones de civiles armados afectos al oficialismo, quienes, en abierta y pública coordinación con los cuerpos de seguridad, actúan para contener protestas en la mayor parte del territorio nacional. Desde el año 2014, el papel de estos grupos se hizo más evidente cuando actuaron para contener las manifestaciones realizadas por sectores de oposición entre los meses de febrero-junio de ese año, siendo responsables de al menos 108 casos de heridas y/o lesiones, además de numerosos casos detenciones arbitrarias contra manifestantes y activistas sociales. En 2017, estas agrupaciones fueron señaladas en el 24.81% del total de casos de violaciones a la integridad personal denunciados, la mayoría de las veces cuando actuaron en coordinación con agentes de la GNB y PNB. Desde el ciclo de protestas de 2014, los llamados colectivos, termino apropiado en nuestro país por las agrupaciones paramilitares que respaldan al gobierno de facto, están involucrados en el asesinato de al menos 47 personas ocurridos en manifestaciones realizadas en el país entre los meses de febrero de ese año y marzo de 2019.


Prensa Provea