El pasado 27 de junio de 2023 fue autorizada la solicitud del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, para continuar la investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Ante esto, el Estado Venezolano realizó una apelación a esta decisión, por lo que en los días 7 y 8 de noviembre de 2023 se llevaron a cabo dos audiencias ante la Sala de Apelaciones de la CPI.
Durante las audiencias los representantes del Estado venezolano alegaron errores de hecho y de derecho por parte de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares que autorizaron la continuación de la investigación de Venezuela I. Entre los alegatos señalaron que no se había podido comprender toda la información enviada por el Estado ni tomar en cuenta todos los elementos para basar la decisión, porque la mayoría de los documentos no se habían traducido al francés y al inglés (idiomas de trabajo de la CPI). Cuando la realidad es que, la obligación de traducir estos documentos recae sobre Venezuela.
Expertos en el área, denuncian que esto se trata de una mera estrategia por parte del Gobierno venezolano para descalificar instancias como estas, como ocurre con los informes de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela. Y porque se trata según de algo “político”; pero además niegan que en el país se hayan cometido crímenes de lesa humanidad.
En portales web como el del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, se difunden declaraciones como las del Canciller, Yván Gil, quien dice que Venezuela ratificó el Estatuto Roma en el año 2000, siendo el primero de América Latina en hacerlo “lo que demuestra nuestro compromiso con la justicia y la lucha contra la impunidad.”
Y dice también que, “se pretendió utilizar la institucionalidad de la Corte Penal Internacional para atacar políticamente a Venezuela sobre la base de una acusación por crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido.”
Declaraciones con las que las víctimas de violaciones de derechos humanos en el país no estarían de acuerdo, como el caso de la señora Olga González, esposa de Leonardo González Barreto, asesinado en el contexto de las protestas antigubernamentales de 2017, por funcionarios de seguridad del Estado.
Tanto Olga como otras víctimas han denunciado la falta de voluntad para realizar las investigaciones adecuadas, y sancionar a todos los responsables, incluida la cadena de mando. Razón por la cual conversamos con ella en esta oportunidad.
Olga actualmente dirige una Fundación en nombre de su esposo, FundaLeo y es miembro fundadora de la Alianza de Familiares de Víctimas en búsqueda de Verdad, Justicia y No Repetición, Alfavic Vzla.
– Olga, ¿podrías contarnos un poco más sobre cómo deciden fundar Alfavic Vzla y sobre tu caso en particular?
Como consecuencia de la ejecución de mi esposo en manos de Funcionarios del Estado venezolano, y la participación en todos los espacios de exigencia y reclamo de justicia en el caso, coincidí con otras víctimas de ejecuciones extrajudiciales, y al relatar cada uno de nuestros casos y vivencias resultó coincidente nuestras experiencias en la búsqueda de justicia ante los organismos oficiales.
En mi caso, durante la audiencia preliminar, el Juez 4to de Control del estado Carabobo, desechó de la acusación particular propia el delito de Quebrantamiento de Pactos y Convenios Internacionales suscritos por la República. El juicio inició un año más tarde de la Audiencia Preliminar, y ese Juicio se interrumpió debido a la No Continuidad del mismo.
Luego de 4 años y 5 meses del asesinato de mi esposo, luego de más de 100 llamados a audiencias, y más de 5 diferentes fiscales, ocurre el Tercer Juicio, donde se concluye que los acusados son culpables del asesinato de Leonardo González Barreto. El Tribunal 7mo de Juicio del Estado Carabobo concluyó que los 6 acusados del asesinato de mi esposo, eran responsables y fueron sentenciados a 26 años y 7 meses.
Pero es importante resaltar, que, en el proceso de Juicio, y a través de los diferentes medios de prueba presentados por la fiscalía y la defensa privada, se determinó la participación y responsabilidad de otros funcionarios policiales, así como la responsabilidad de la cadena de mando que, aun siendo responsables de los excesos cometidos durante el procedimiento, ninguno fue llamado a declarar ni como testigos ni como responsables o líderes de los cuerpos policiales.
– En diversos espacios, y actualmente durante las audiencias de apelación ante la CPI, el Gobierno venezolano ha señalado que se garantiza el acceso al sistema nacional de justicia y señala además, que en el país no se cometen crímenes de lesa humanidad ¿qué opinas de esto?
Los números hablan por sí solos, y particularmente en el caso de Alfavic Vzla. Somos una representación estadística de las intenciones de un Estado en no hacer justicia. Solo tenemos como referencia que de un universo de más de 40 miembros de Alfavic Vzla, tan solo cuatro miembros han llegado a instancias de juicio, y de esos cuatro miembros, ninguna de estas sentencias ha sido ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia. Solo dos de ellos tuvieron sentencia acorde a los delitos; un caso tuvo una sentencia irrisoria y no ajustada a los delitos cometidos, y otro caso fue dictado como absuelto.
Esto apenas representa un 10% del universo de casos de Alfavic Vzla, quedando un 90% aún en etapa de investigación, lo que demuestra a más de 6 años de los asesinatos, que el Gobierno no tiene intención ni ha puesto los recursos suficientes para investigar los casos.
– En este sentido, ¿qué representa para las víctimas una investigación como la llevada a cabo por la CPI a Venezuela? Ya que es la primera vez, durante este Gobierno, que las víctimas pueden ser escuchadas por jueces imparciales
Los Organismos Internacionales, representan para nosotras las víctimas una luz de esperanza, porque, aunque en el caso de mi esposo, los funcionarios fueron declarados culpables, ha transcurrido un año de esa condena, y estos funcionarios se mantienen recluidos en los mismos comandos bajo el cuidado de sus propios compañeros.
Así mismo, habiendo el Estado venezolano declarado su responsabilidad en los hechos, no existe en la actualidad la apertura de un proceso de investigación que permita ir más allá en cuanto a la responsabilidad de los jefes, supervisores, y comandantes de los cuerpos de seguridad responsables de su asesinato.
Es evidente la falta de intención del Estado venezolano en investigar las cadenas de mando y la responsabilidad de los mandos medios y altos, por lo que para nosotros los miembros de Alfavic Vzla, es de suma importancia que los crímenes y ejecuciones extrajudiciales sean incluidos dentro de las investigaciones de la Corte.
También es necesario mencionar, que mi caso es uno de los pocos casos que fueron debidamente investigados y contiene elementos probatorios importantes para la consecución y apertura de investigación a los mandos medios y altos, ya que una vez que toma la Fiscalía el actual Fiscal General, estas investigaciones fueron detenidas y algunos procesos se estancaron.
La participación de la Fiscalía de la CPI en la investigación directa de nuestros casos puede representar un paso importante y sin precedentes para llevar a la Corte a los verdaderos responsables de una masacre que acabaron con cientos de vidas tan solo por pensar diferente. Mi caso, comprueba a través del mismo Estado, y en base a los resultados de una sentencia condenatoria, que el Estado venezolano sí es responsable de los crímenes de lesa humanidad.
– Podríamos decir entonces que las víctimas en Venezuela tienen mejores expectativas en cuanto a garantías, sobre este procedimiento ante la CPI?
En lo personal estoy consciente que los procesos penales por sí mismos, son procesos lentos, sin embargo, la imparcialidad, la ética, la responsabilidad, y sobre todo la independencia en la investigación, son factores fundamentales para que las investigaciones avancen y logren determinar la responsabilidad del Estado venezolano en los crímenes de lesa humanidad.
Nosotras las víctimas, estamos determinadas a mantener la lucha, y los objetivos de justicia, además que tenemos pruebas contundentes e irrebatibles que demuestran la ineficiencia, la falta de intención y la complacencia de un Estado que no pretende llevar a la justicia a los culpables de todas las atrocidades cometidas.
– Un camino que las ha llevado no solo a atravesar el dolor que conlleva estos crímenes, sino también que han tenido que formarse en derechos humanos y aprender a documentar, denunciar y visibilizar sobre sus casos
Nosotras las víctimas, hemos tenido que aprender, empoderarnos, e incluso hacer hasta el trabajo de las fiscalías y de los tribunales para poder ver, aunque sean pequeños avances en nuestros casos. Nosotros nos hemos agarrado de todas las instituciones nacionales e internacionales existentes para poder avanzar y hacer presión en el avance de nuestros casos. Hacer denuncias ante la Defensoría del Pueblo, hacer denuncias de la ineficiencia de los propios fiscales, denunciar los reiterados diferimientos de las audiencias, e incluso, hacer denuncias públicas en redes sociales para evitar o minimizar los impactos de los abusos de las instituciones del Estado. Audiencias maratónicas en los tribunales, sin ni siquiera contar con baños para el público. Audiencias madrugadoras, llamados a audiencias que luego de 6, 7 y hasta 8 horas de espera son diferidas por diferentes motivos.
En lo personal, tuve que solicitar a los tribunales que me asignaran como “correo especial” para poder llevar las notificaciones de audiencias a los acusados, en sus debidos centros de reclusión, ya que las audiencias no se celebraban porque las notificaciones no llegaban a los centros de reclusión y los imputados no asistían a las audiencias. Así mismo, la revisión de los expedientes, la solicitud de diligencias y de pruebas pertinentes son algunas de las actividades que como víctimas hemos tenido que realizar, aunque las mismas sean responsabilidad de las propias instituciones. Ser acuciosos e ir al detalle en la documentación, además de generar los respaldos y la documentación probatoria de las ineficiencias de las Instituciones ha sido uno de nuestros mayores retos como afectados y esto de alguna manera nos ha convertido en víctimas de un sistema de justicia ineficiente e incapaz de cumplir el rol de sus instituciones.
Uno de los mayores maltratos que hemos recibido del Estado venezolano y el cual debería tener como principal rol: proteger a sus ciudadanos, ha sido justamente lo contrario, ya que ha sido precisamente el Estado venezolano el que ha denominado a nuestros familiares como guarimberos, terroristas, delincuentes e incluso hasta el mismo Fiscal Tareck W. Saab, dijo en una entrevista de radio que las protestas del 2017 habían sido un embrión de guerra civil.
La memoria es corta cuando el dueño de toda la maquinaria de comunicación y divulgación, es un Estado que cuenta solo su versión de los hechos y manipula la información que ve y escucha el venezolano. Recordemos que vivimos en un país donde los medios de comunicación han sido intervenidos por el régimen, y donde se censura lo que a ellos les conviene, pero existe una realidad, y es la verdad evidente en cada uno de los casos, y nosotros los amiliares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales estamos dispuestos a mantener vivo el legado de nuestros seres amados, su historia, y su lucha, porque ellos fueron personas de bien, trabajadores y estudiantes destacados en cada una de sus áreas. Es por ello la importancia, de cada acción en pro de su memoria, de la historia y que de alguna manera estos hechos no se vuelvan a repetir y ninguna otra madre, esposa, hermana vuelva a vivir lo que a nosotros nos ha tocado pasar.
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Sobre los resultados de la audiencia, se espera que en los próximos meses los jueces de la Sala de Apelaciones emitan su decisión. Mientras tanto el Fiscal de la CPI Karim Khan continúa con la investigación sobre Venezuela I.
Para más información
https://mppre.gob.ve/2023/11/08/venezuela-presenta-ante-cpi-alegatos-finales-audiencia-apelacion-investigacion-politizada/
