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Este martes, los Comités Populares de Derechos Humanos de los municipios Libertador y Sucre, entregaron una Carta Abierta al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, exigiendo la intervención de la Defensoría del Pueblo, para garantizar el respeto a la integridad física y el derecho a la justicia de los trabajadores y activistas Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo, Alcides Bracho, Alonso Meléndez y Emilio Negrin.

La comunicación suscrita por 55 organizaciones y activistas resalta -entre otras cosas-, que estas recientes y arbitrarias detenciones son « una clara retaliación contra estos ciudadanos debido a su actividad de defensa de los derechos laborales«, lo que constituye « una severa amenaza para el ejercicio de los derechos a la libertad sindical, la libre expresión y el derecho a la reunión y asociación pacíficas».

A continuación reproducimos el texto íntegro de la comunicación


Ciudadano

Alfredo Ruiz

Defensor del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela

Su despacho. –

Nosotros, integrantes de los Comités Populares de Derechos Humanos de las parroquias Coche, La Vega, Santa Rosalía, San Pedro, y de los sectores Montalbán y Las Mayas en el municipio Libertador; y de las parroquias La Dolorita y Petare en el municipio Sucre del estado Miranda, acompañados por las organizaciones de la sociedad civil que suscriben el presente comunicado, nos dirigimos a usted, en virtud de la reciente detención de los ciudadanos: GABRIEL BLANCO, NÉSTOR ASTUDILLO, REYNALDO CORTÉS, ALONSO MELÉNDEZ, ALCIDES BRACHO Y EMILIO NEGRIN, entre los que hay sindicalistas, activistas, defensores de derechos humanos y actores humanitarios, y dado el mandato constitucional que asiste a ese despacho de “promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías” establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, pasamos a hacerle el siguiente planteamiento y solicitud:

  1. El pasado 04 de julio los dirigentes sindicales Alcides Bracho y Emilio Negrín, fueron detenidos en Caracas por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). En ambos casos, los funcionarios policiales allanaron -sin orden judicial-, las viviendas de los detenidos. Además, los agentes de seguridad no presentaron ningún documento que acreditara la existencia de una investigación u orden de aprehensión contra estos ciudadanos, y actuaron sin la presencia de fiscales del Ministerio Público. Según denunciaron los familiares de Bracho, los funcionarios del SEBIN actuantes en el operativo habrían hurtado propiedad privada de la vivienda y amedrentado a su esposa e hijos.

Bracho es docente y artista plástico, actualmente desarrolla su actividad sindical en el magisterio venezolano, donde es un permanente promotor y organizador de movilizaciones en defensa de las reivindicaciones salariales del sector. Por su parte, Emilio Negrín, es presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Tribunalicios, y directivo nacional de la Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela (CODESA) y de la Coalición Sindical Nacional, además, es representante de CODESA en las mesas de diálogo entre Venezuela y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

  • En otro procedimiento efectuado el mismo día, funcionarios del SEBIN allanaron la vivienda de Alonso Meléndez, un activista político y social del estado Falcón vinculado al partido político Bandera Roja. El allanamiento a la vivienda de Meléndez y su posterior detención, se realizaron sin la existencia de órdenes judiciales y sin la presencia de fiscales del Ministerio Público. Los familiares de Meléndez denunciaron su desaparición por varias horas, hasta que se conoció que había sido trasladado a la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en La Quebradita, en Caracas.
  • Entre los días 06 y 07 de julio, se produjo la detención de Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Reynaldo Cortés, en las ciudades de Charallave, Caracas y San Juan de los Morros, respectivamente. Néstor Astudillo, residente de Charallave, estado Miranda, fue detenido en su vivienda –en horas de la tarde- por presuntos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes portaban armas de alto calibre e iban a bordo de vehículos sin identificación. Los presuntos agentes no mostraron identificación alguna, y en sus prendas no portaban insignias que permitieran verificar la identidad del cuerpo policial. Hasta la medianoche del 07 de julio, permaneció desaparecido. Luego sus familiares fueron informados que Astudillo sería trasladado a la sede de la PNB en La Quebradita.

Aproximadamente a las 07:30 de la noche de ese mismo día, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), interceptaron al ciudadano Gabriel Blanco en las afueras de su vivienda ubicada en la urbanización Carlos Delgado Chalbaud, en la parroquia Coche, al suroeste de Caracas, y lo conminaron a acompañarlos a la sede central del organismo para una “entrevista”.

Los funcionarios no mostraron ningún documento que involucrara a Blanco con alguna investigación en curso, tampoco alguna orden de aprehensión en su contra. Gabriel Blanco se negó a acompañarlos e inmediatamente decenas de sus vecinos salieron a resguardarlo ante la actuación ilegal de los funcionarios de la DGCIM. Sin embargo, los agentes policiales retuvieron su teléfono celular y su cédula de identidad.

Gabriel Blanco trabaja en la actualidad en una importante agencia humanitaria que tiene presencia en el país. También es un activista de Derechos Humanos y dirigente sindical vinculado a la Alianza Sindical Independiente (ASI) -una de las centrales sindicales más importantes de Venezuela que ha encabezado los recientes procesos de diálogo entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el gobierno de Venezuela y representantes sindicales y empresariales del país-, donde Blanco desempeña el cargo de Secretario de Medios de la Seccional Caracas. Antes, Blanco estuvo vinculado en el Sindicato Único de Trabajadores de Carrera Legislativa de la Asamblea Nacional (Sinfucan).

A las 12:52 de la medianoche del 07 de julio, funcionarios de la Dirección de Investigaciones Estratégicas de la PNB, arribaron a la residencia de Gabriel Blanco, con una orden de aprehensión firmada por el juez José Márquez García, del Juzgado Cuarto con competencia en terrorismo de Caracas. Blanco fue trasladado en una patrulla de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), a la sede de la PNB ubicada en La Quebradita, al oeste de Caracas.

En la madrugada del 07 de julio, el también trabajador y dirigente sindical regional de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Reynaldo Cortés, fue detenido en su vivienda en San Juan de los Morros, por funcionarios policiales que no mostraron orden de allanamiento y/o de aprehensión contra el activista. Cortés permaneció desaparecido e incomunicado por varias horas, hasta que fue trasladado a la sede de la PNB en La Quebradita.

  • Cabe destacar que los ciudadanos Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Emilio Negrín, Alonso Meléndez y Reynaldo Cortés, fueron presentados en tribunales en un lapso superior a las 48 horas previstas en el numeral 1° del artículo 44 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
  • Todas estas personas tienen un elemento en común: son activistas sociales vinculados a las luchas sindicales, y han tenido una destacada participación en las recientes movilizaciones realizadas por trabajadores y empleados públicos a nivel nacional, en rechazo al instructivo dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) que afecta las contrataciones colectivas y las escalas salariales, y que ha sido impugnado ante el Tribunal Supremo de Justicia.
  • En tal sentido, consideramos que estas detenciones son una clara retaliación contra estos ciudadanos debido a su actividad de defensa de los derechos laborales. Ello, constituye una severa amenaza para el ejercicio de los derechos a la libertad sindical, la libre expresión y el derecho a la reunión y asociación pacíficas.
  • Estas nuevas detenciones, se producen en un contexto en el que varios dirigentes sindicales del sector público han sido detenidos y/o perseguidos por ejercer sus funciones. Esta conducta de las autoridades, es contraria a los estándares internacionales e instrumentos nacionales que protegen la labor de defensa de derechos humanos, y está apartada de las recientes recomendaciones del Comité de Expertos de la OIT sobre Venezuela, que recomendó al Estado venezolano: “ el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión a personas u organizaciones en relación con el ejercicio de actividades gremiales o sindicales legítimas, y la adopción de medidas para garantizar que tales actos no se repitan en el futuro vinculadas a la actividad sindical”, y “ la liberación inmediata de todo empleador o sindicalista que pudiese permanecer en prisión en relación con el ejercicio de las actividades legítimas de sus organizaciones”. Es importante recordar que aún permanecen injustamente detenidos el defensor de derechos humanos y director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, y el docente y secretario general del Sindicato de Profesionales de la Docencia del estado Sucre seccional Carúpano, Robert Franco.
  • Todos los hechos mencionados han sido debidamente documentados por organizaciones de derechos humanos y denunciados ante el Tribunal competente, pero dado que la Defensoría del Pueblo, de acuerdo con el artículo 281.1 constitucional puede realizar investigaciones a solicitud de parte o de oficio, y en virtud de que no se trata de hechos aislados sino de una serie de detenciones realizadas de forma coordinada y sistemática, consideramos que tiene una entidad particular que exige una actuación decisiva por parte de ese órgano del poder público a los efectos de establecer las responsabilidades que correspondan.
  • Adicionalmente, y dada la especial cualidad y legitimidad procesal que los numerales 2 y 3 del artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo confieren a ese despacho del Poder Ciudadano, le solicitamos que se haga presente en las causas en las que se involucran a estos dirigentes para constatar de primera mano, tanto la insustancialidad de su imputación, como las graves violaciones a los derechos humanos contra ellos cometidos, y que hasta el día de hoy, a pesar de ser debidamente denunciados públicamente, no han generado ninguna respuesta por parte de los cuerpos de seguridad del estado ni del tribunal correspondiente.
  1. Lo expuesto, por supuesto, no es óbice para que la Defensoría realice además un pronunciamiento público sobre esta situación que serviría de mucho a los diferentes sectores del país afectados por las arbitrariedades antes señaladas, pues las mismas trascienden de las víctimas mencionadas y extienden sus efectos sobre todo un tejido social que busca el logro de unas justas reivindicaciones que desde hace años se están exigiendo, y que no cesarán por estas acciones de amedrentamiento.
  1. Finalmente, es un imperativo para quienes suscriben esta comunicación, el hacer referencia al instructivo de la ONAPRE que desconoce derechos adquiridos de los trabajadores activos y jubilados del sector público, y por lo mismo, violenta tratados internacionales de derechos humanos, en particular los suscritos ante la OIT. Un pronunciamiento público del Defensor del Pueblo al respecto, sería de gran alivio para un sector que se siente indefenso y sin protección por parte del estado venezolano, y en particular, de aquellos órganos que tienen el mandato de defender los derechos humanos.

Convencidos, como estamos, de lo justo de nuestras solicitudes, y dada la exigencia de autonomía e independencia que debe ser la impronta de la Defensoría del Pueblo, esperamos su pronta respuesta, y, sobre todo, las acciones que la situación exige y la misma justicia impone.

Comité DDHH Coche                                                                       

Comité DDHH La Vega

Comité DDHH La Dolorita                                                

Comité DDHH José Félix Ribas

Comité DDHH Santa Rosalía                                                      

Comité DDHH San Pedro

Comité DDHH Las Mayas                                                          

Comité DDHH Montalbán

RESPALDAN ESTA SOLICITUD:

Fundación Aguaclara

Comité DDHH Guarenas

Comité de DDHH de la Carucieña

Coordinación de Asuntos Sociales y Vecinales de «FENAJUPV»

Secretario de Asuntos Sociales del Frente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras no Dependientes en Defensa del derecho al Trabajo.

Venezolanos Inmigrantes organizados-Venimos

SUNEPSAS

Asociación Movimiento Vinotinto

Voluntad popular

Gritemos con Brío

Vanguardia Popular

Sindicato de Trabajadores de la Industria Siderúrgica Nacional. (SIDERNAC)

Caleidoscopio Humano

PROMEDEHUM

Colegio de Enfermería del Distrito Capital

MOV7 La Voz Alcasiana

Partido Bandera Roja

Eduardo Torres, activista de DDHH

Vanguardia Popular, Comisión Internacional.

Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos

Carlos Chirino, activista

Rigoberto Lobo, defensor de DDHH

Ángel Zambrano Cobo, activista de DDHH

Secretaría de Organización APROUPEL El Macaro

ODEVIDA, CAPITULO VENEZUELA

Raül Cubas, activista de DDHH

Inti Rodriguez, activista de DDHH

Sindicato SINTRAEMFOR

ITG Intersectorial de Trabajadores de Guayana

Fundehullan Apure

José Gregorio Quintero Méndez, activista

Movimiento de Educadores Simón Rodríguez

FENASOESV

Asociación de Profesores Jubilados UPEL Maracay. APROJUPEL

Mujeres en Lucha

Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma CCURA

Partido Socialismo y Libertad PSL

Civilis Derechos Humanos

APUFAT

FORDISI

Feliciano Reyna Ganteaume, activista de DDHH

Unión Nacional de Trabajadores UNETE

ONG El Despertar Ciudadano

Defiende Venezuela

CODEHUMANOS

Carta-al-Defensor-del-Pueblo


Organización Internacional del Trabajo: “Por la reconciliación nacional y la justicia social en la República Bolivariana de Venezuela”. Informe de la Comisión de Encuesta https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/documents/meetingdocument/wcms_722037.pdf

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