English Spanish

«Los presos son del pueblo, y el pueblo los reclama»

Bajo esta consigna, activistas sociales y defensores de Derechos Humanos, se concentraron este martes en la sede de la Defensoría del Pueblo en la Plaza Morelos de Caracas, para exigir la libertad de los activistas y defensores laborales Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo, Alcides Bracho, Alonso Meléndez y Emilio Negrin, detenidos durante la más reciente ola represiva ejecutada por el gobierno de Nicolás Maduro.

La actividad, convocada por los Comités Populares de Derechos Humanos de los municipios Libertador y Sucre, contó con la participación de familiares y amigos de los detenidos, quienes expresaron su preocupación por las garantías al derecho a la defensa y debido proceso de los trabajadores encarcelados, y entregaron una carta pública al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, exigiendo la intervención de la Defensoría del Pueblo, para garantizar el respeto a la integridad física y el derecho a la justicia de estas personas.

Entre el 04 y 07 de julio, los seis trabajadores fueron detenidos en procedimientos ilegales realizados por agentes de seguridad de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariana de Inteligencia Nacional (SEBIN), en los estados Falcón, Miranda, Guárico y Distrito Capital.

Los seis detenidos tienen en común su condición de activistas sociales vinculados a las luchas sindicales, y han tenido una destacada participación en las recientes movilizaciones realizadas por trabajadores y empleados públicos a nivel nacional, en rechazo al instructivo dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) que afecta las contrataciones colectivas y las escalas salariales, y que ha sido impugnado ante el Tribunal Supremo de Justicia.

En la comunicación dirigida a Alfredo Ruíz, los Comités de Derechos Humanos -y 55 organizaciones y activistas que suscribieron el documento- resaltaron que las detenciones son «[…] una clara retaliación contra estos ciudadanos debido a su actividad de defensa de los derechos laborales«, lo que constituye «[…] una severa amenaza para el ejercicio de los derechos a la libertad sindical, la libre expresión y el derecho a la reunión y asociación pacíficas».

«Estas nuevas detenciones, se producen en un contexto en el que varios dirigentes sindicales del sector público han sido detenidos y/o perseguidos por ejercer sus funciones. Esta conducta de las autoridades, es contraria a los estándares internacionales e instrumentos nacionales que protegen la labor de defensa de derechos humanos, y está apartada de las recientes recomendaciones del Comité de Expertos de la OIT sobre Venezuela, que recomendó al Estado venezolano: ‘ el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión a personas u organizaciones en relación con el ejercicio de actividades gremiales o sindicales legítimas, y la adopción de medidas para garantizar que tales actos no se repitan en el futuro vinculadas a la actividad sindical”, y “ la liberación inmediata de todo empleador o sindicalista que pudiese permanecer en prisión en relación con el ejercicio de las actividades legítimas de sus organizaciones’”, destaca el documento dirigido a Alfredo Ruíz.

Derecho a defender derechos

Feliciano Reyna, defensor de Derechos Humanos y director de la organización Acción Solidaria, resaltó la importancia vital de respetar el derecho humano a defender derechos, aún más, en medio de la compleja crisis que vive el país, que afecta el derecho a un nivel de vida adecuado y que obliga a cientos de venezolanos, entre ellos los trabajadores, a expresar sus reclamos en las calles. «Ha habido unos espacios abiertos por parte del gobierno, el ministro del Trabajo incluso, por ejemplo, pero el hecho de que abran esos espacio, por supuesto no puede implicar que cese el ejercicio de derechos, y protestar es un derecho, manifestar es un derecho», dijo.

José Rafael Tarazona, hermano del activista director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, expresó su solidaridad con los familiares y amigos de los trabajadores detenidos, y recordó que su hermano permanece privado de libertad arbitrariamente desde hace 382 días, por ejercer derechos protegidos en la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Los voceros de los Comités Populares de Derechos Humanos, insistieron en que las recientes detenciones no son hechos aislados, sino que forman parte de una práctica coordinada y sistemática de las autoridades, lo que «[…] exige (de la Defensoría del Pueblo) una actuación decisiva por parte de ese órgano del poder público a los efectos de establecer las responsabilidades que correspondan», afirmaron.


Prensa Provea