En otra rueda de prensa más -algo que ya es muy acostumbrado en quien ejerce de manera inconstitucional-, el fiscal general impuesto por la constituyente, Tarek William Saab, presentó ayer una serie de cifras sobre delitos comunes y denuncias de violaciones a los derechos humanos. Igualmente dio algunas referencias sobre actuaciones realizadas por esa institución.
Se ha hecho costumbre tanto en el Ministerio Público como en la Defensoria del Pueblo no presentar informes, sino lanzar cifras genéricas que no permiten observar la gravedad de las violaciones que se perpetran, las instituciones responsables y las medidas que se adoptan. En poco se contribuye dando cifras genéricas. De acuerdo a la Constitución las dos instituciones deben presentar informes no parciales sino globales.
La información trasmitida ayer indica que entre enero y mayo de 2019 ingresaron al ministerio público un total de 135.556 casos y se realizaron 256.935 actuaciones. De esos casos 3 mil 820 vinculados a presuntas violaciones de los derechos humanos. La cifra suministrada en cuanto a presuntas violaciones aunque no están desagregadas en cuanto a qué tipo de violaciones son, refleja la magnitud de la grave situación de derechos humanos en Venezuela. Puede suponerse sin ninguna exageración que como mínimo esas cifras se duplican si consideramos que no hay mucha disposición de la población a realizar denuncias tanto por la desconfianza lógica en las actuales instituciones, como por las amenazas que reciben las victimas por parte de quienes cometen abusos así como las dificultades que tienen los más pobres para trasladarse ante el caos en el transporte público.
El Fiscal Constituyente indica que en esos cinco meses han sido privados de libertad un total de 57 funcionarios policiales y militares, además de nueve civiles. Así mismo se realizaron 126 acusaciones y se han logrado 22 condenas. Estos datos los presenta como un éxito. Y reflejan todo lo contrario. No indica tampoco sobre que delitos de derechos humanos han sido imputados.
Las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policia Nacional Bolivariana realiza masacres casi diariamente. Un monitoreo realizado por Provea arrojó como resultado que solo en el estado Lara las Faes asesinaron a 105 personas en el lapso comprendido entre el 3 de enero y el 3 de junio de 2019. De esos abusos que a diario perpetra este componente de la policia nada dijo. Los miles de allanamientos ilegales, violentos y arbitrarios. Las ejecuciones que realiza. Los robos a las viviendas de televisores, computadoras, teléfonos, comida y como ha sido denunciado hasta juguetes. Una lógica de muerte y rapiña en cada operativo que realiza. El monitoreo nacional solo en los tres meses del año nos indica que las Faes asesinaron a 286 personas. De esas presuntas ejecuciones policiales el Fiscal Constituyente no habló. Su silencio se ha convertido en un factor fundamental para que los abusos policiales no solo aumenten sino que cada vez sean mas bárbaros y despiadados.
La conducta del Fiscal Constituyente ante los abusos del Faes pero también, de otros organismos policiales como la Dirección General de Contrainteligencia Nacional o el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas es comprensible. Se le colocó en ese puesto para que siguiera siendo cómplice de las graves violaciones a los derechos humanos.
Un Fiscal que le teme al director del Sebin, el general Gustavo González López, quien tiene un amplio prontuario de violaciones a los derechos humanos y que impide que tanto fiscales como personal de la Defensoría realice inspecciones en los calabozos. Un fiscal que es tolerante ante las denuncias de tortura en el DGCIM. Que guardó silencio ante la masacre realizada contra los pemones en febrero de este año.
Un Fiscal que le teme a la ministra de asuntos penitenciarios Iris Valera y calla ante las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en las cárceles y en los calabozos policiales con personas asesinadas por la fuerza pública y presos que mueren de hambre.
Nada dijo sobre las graves violaciones en materia de derechos económicos y sociales. Las muertes de niños por desnutrición, por falta de medicamentos, las violaciones a los derechos de los adultos mayores, las violaciones por discriminación política y el chantaje en algunos programas sociales con el carnet de la patria.
En la rueda de prensa realizada ayer por el Fiscal Constituyente solo quedó demostrado lo complaciente que es ante las graves violaciones de derechos humanos que a diario ocurren en Venezuela.
Prensa Provea
