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El Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, en su sesión del día martes 20 de junio, ejerciendo su inalienable derecho a la participación en los asuntos públicos, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de conciencia que tienen los ciudadanos venezolanos, según lo que contempla el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, acordó emitir un pronunciamiento público ante los hechos que reflejan la escalada de violencia de la que ha sido víctima el país en las últimas semanas.

Estamos viviendo una crisis sin precedentes en la historia de la República; la violencia se ha instalado como el componente más significativo de los últimos acontecimientos. El Ejecutivo Nacional no emite disposición alguna para impedir la consumación de delitos, ni para resguardar la integridad y la vida de los ciudadanos. Por el contrario, vemos con estupor cómo los organismos de seguridad del Estado -fuera de todo orden social-, ejercen una violencia horizontal con la que exhiben una faceta sombría y perversa como únicas razones por encima de la moral.

Se evidencia en las instituciones del Estado la ruptura y el quebrantamiento de los valores morales porque no son respetados; esto sin duda modela una sociedad en la cual las acciones violentas se ven validadas y destacadas porque su interés reside en la disolución de los marcos sociales. El rol del Estado no es tomar partido político sino poner un marco legal a todos por igual.
Los cuerpos represivos del Estado se muestran como seres desarraigados que incurren en la transgresión de las leyes y las normas sociales, promoviendo la convulsión política que potencia todas las formas de violencia. Axioma criminal en escalada y lo que es peor, impunidad. El quebrantamiento de la ley está presente; el muestrario delictivo que ejerce la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional es tan elevado que difícilmente admite equivalente: robo, tortura, detenciones arbitrarias mediante subterfugios jurídicos, vejámenes y en esta última escalada, el asesinato, el homicidio sin máscara, sin neolengua que valga. A la usanza de los viejos caudillos, se confunde autoridad con abuso de poder.

Como una historia que enfatiza en la opresión, los voceros del gobierno sólo muestran una terca militancia que redunda en el fanatismo enfermizo y en el desconocimiento de la protesta pacífica que a todas luces circunda la República entera. El uso de armas de fuego por parte de la GNB, ha dejado un altísimo saldo de ciudadanos heridos e incluso muertos que, lastimosamente, pasan a engrosar la enorme lista de víctimas de la represión desmedida contra la libre protesta. Adicionalmente, la justicia militar ha hecho sentir su acción represora al detener en el mes de mayo a catorce jóvenes en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, siete de los cuales recibieron medida privativa de libertad y se les ordenó la cárcel de La Pica, estado Monagas, como centro de reclusión; en el mes de junio imputó a estudiantes universitarios de la UDO y la UCAB (Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana), los cuales fueron arbitrariamente detenidos en la cárcel El Dorado, retén de máxima seguridad, negándoseles la visita de los fiscales del Ministerio Público para constatar su situación de salud y detención, así como la de sus familiares. Ha comenzado a naturalizarse lo inaceptable como es la detención de jóvenes en centros de reclusión de presos comunes de alta seguridad, en zonas muy lejanas a donde se realizan los juicios, Incomunicación prolongada, con la participación de tribunales militares y juicios militares a civiles.

Lo anterior sólo pone en evidencia una terrible crisis social y política, donde el problema se genera porque aquellos que deben garantizar la vida de los ciudadanos llegan a los peores extremos de la maldad para legitimarse. La desmedida represión a la que la ciudadanía se ve expuesta pone a prueba a los individuos y nuestros jóvenes con mayor vulnerabilidad son las principales víctimas de esta conducta extrema que reduce y causa irreparables daños a la ciudadanía. Por otra parte, la sistemática táctica represiva obliga a pensar que se trata de un plan preconcebido con el objeto de paralizar y amedrentar a la población imponiendo el silencio, el temor y la resignación.

Como universitarios, elevamos un reclamo de justicia por las muertes que no debieron ocurrir, por una ciudadanía asediada por la violencia criminal e institucionalizada.
Exigimos al Estado el cumplimiento del artículo 68 de la Constitución nacional que expresa claramente: “Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.
Exigimos al Estado prohibir de manera expresa a los cuerpos represivos las detenciones arbitrarias porque constituyen una práctica criminal que atenta contra los Derechos Humanos.

Exigimos la prohibición del porte de armas a la población civil, situación que contribuiría en detectar la presencia de individuos o grupos armados al margen de la ley, los cuales abiertamente han venido operando en las manifestaciones pacíficas.
Exigimos que se identifiquen los efectivos militares que participan en el “mantenimiento del orden” con el fin de impedir la impunidad en los casos de violación de los Derechos Humanos.

Exigimos que se prohíba portar armas a los funcionarios de “inteligencia” del Estado que participan de forma encubierta en actividades de orden público, manifestaciones y protestas. La presencia de estos ha sido un factor de violencia, tal como ha quedado demostrado durante los últimos trágicos eventos.
Como universitarios respetamos las distintas opiniones, pero exigimos respeto y ponderación en la expresión de las ideas, sobre todo no podemos avalar la trasgresión de los límites civilizados hacia la violencia, porque la resistencia es una actitud de rechazo frente a cualquier tipo de opresión u obstáculo que nos obliga a hacer o ser lo que no deseamos.
Exhortamos a la ciudadanía a ser cauta y reflexiva frente a los acontecimientos que vendrán, porque esta escalada de violencia, podría ser utilizada para justificar la imposición de un autoritarismo que se escudará detrás de la seguridad social para desaparecer y reprimir a los que reclamamos públicamente vivir en un país más justo y soberano. La violencia que se impone desde el Estado es claramente el primer desencadenante de la descomposición social.
Este comunicado se emite con el ánimo de contribuir con el respeto a los Derechos Humanos y la paz de la República.
Dado, firmado y sellado en el salón de sesiones del Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, a los veintisiete días del mes de junio de dos mil diecisiete.
Vincenzo Lo Monaco Solange Orta
Decano Secretaria


FHyE-UCV