Caracas, 14 de mayo de 2026.- El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) presentó este jueves la edición 37.ª de su Informe Anual sobre la Situación de Derechos Humanos en Venezuela correspondiente al período enero-diciembre de 2025, en el que se registran los principales avances, retrocesos, obstáculos y amenazas para la garantía de 14 derechos humanos en el país.
El prólogo de este Informe Anual está escrito por Gina Romero, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
El Informe incluye el especial “Venezuela: El 3 de enero de 2026 y el fin de una época”, escrito por la historiadora Margarita López Maya, en el que la investigadora subraya que la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por fuerzas especiales de Estados Unidos marca el cierre de un ciclo de 27 años de gobierno chavista-madurista y abre una etapa de transformaciones inciertas, en el que la sociedad civil tiene la responsabilidad de incidir para construir una democracia de derechos.
López Maya repasa el ascenso de Hugo Chávez en 1999, su promesa de una democracia participativa y el giro autoritario bajo el llamado “socialismo del siglo XXI”.
Enfatiza que, tras el ascenso de Maduro al poder, se profundizó la cooptación de los poderes públicos por parte del partido oficial, la represión sistemática contra la disidencia política, la desaparición de contrapesos institucionales y el colapso económico y social.
Retomar el camino de la Constitución para garantizar el respeto a los Derechos Humanos en Venezuela
Cuatro meses después de la instalación del gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, Venezuela atraviesa una coyuntura marcada simultáneamente por expectativas de cambio y altos riesgos de consolidación de un nuevo esquema autoritario con legitimidad internacional.
Aunque sin duda la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores por los Estados Unidos violó el derecho internacional, abrió una posibilidad para avanzar hacia la reinstitucionalización democrática; sin embargo, las estructuras centrales de represión, control político y subordinación institucional permanecen intactas.
Las recientes designaciones de Fiscal General y Defensora del Pueblo fueron opacas y sin garantía de elección de autoridades independientes.
El Tribunal Supremo de Justicia continúa operando sin independencia y el marco del cambio propuesto recientemente por la Asamblea Nacional (parlamento venezolano) no garantiza su independencia.
El aparato represivo y las normas utilizadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes; y no existen garantías claras de que el actual proceso derive en elecciones libres, competitivas y transparentes dentro de un plazo razonable.
Cabe recordar que, tras el desconocimiento de la voluntad ciudadana expresada en las elecciones de julio de 2024, durante 2025 se consolidó la mayor regresión antidemocrática de la región latinoamericana en décadas.
El gobierno de Maduro intensificó una política represiva, sin precedentes en la historia contemporánea del país, para aplacar el descontento social, desmantelando el Estado de derecho y haciendo inviable al país debido al asedio represivo y el cierre de los espacios para el ejercicio de los derechos ciudadanos.
Provea insiste que la situación actual no debe leerse como una llegada sino como un punto de partida.
Un terreno frágil donde todo está aún por definirse. Y en este trance, la voz e incidencia de la sociedad civil es fundamental para que Venezuela transite hacia un proceso que recupere la vigencia de la Constitución y del Estado de derecho.
La sociedad civil venezolana —organizada y con capacidad de articulación— es el actor estratégico más relevante para asegurar que la transición ponga a las personas y sus derechos en el centro.
Se ensancha la deuda social
El Informe Anual de Provea revela que el salario mínimo equivalía, en diciembre de 2025, a solo 0,45 centavos de dólar, configurando el período más extenso sin aumento salarial en casi tres décadas. Apenas el 50,2% de los trabajadores ocupados cuenta con un empleo formal.
En paralelo, se agudizó la persecución contra el sindicalismo autónomo. Más de 130 dirigentes fueron detenidos arbitrariamente y muchos de ellos sometidos a desaparición forzada.
En materia ambiental, la expansión de la frontera extractiva siguió generando la violación de derechos, sobre todo en el sur y occidente del país.
Venezuela transita una crisis ecológica que se agrava por la expansión de la frontera extractiva, atizada por la minería legal e ilegal, que se desarrolla en los territorios delimitados en el Arco Minero del Orinoco y que ha crecido hasta abarcar los territorios indígenas del estado Amazonas; derrames petroleros persistentes en Falcón, Zulia y Anzoátegui que han contaminado ecosistemas y fuentes de agua, mientras que la deforestación para producir carbón vegetal en Lara, por ejemplo, destruye áreas protegidas.
Mientras ello ocurre, el 62% de la población sufre graves restricciones de agua potable. Ante esta situación, Provea exige a las autoridades declarar la emergencia climática, derogar el decreto del Arco Minero e investigar, con seriedad y transparencia, los delitos ambientales.
El presupuesto destinado en 2025 al sector educación fue apenas el 12,8% del presupuesto nacional, muy por debajo del 20% recomendado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Aunque la asistencia escolar mejoró levemente al 86,9%, el 30% de los estudiantes no asiste a clases diariamente.
El 63% no recibe el Programa Alimentario Escolar (PAE) y las evaluaciones independientes muestran un rendimiento académico crítico con promedios de 7,5 en matemáticas y 7,8 en lectura (escala 0-20).
Ante este panorama, reiteramos lo que hemos dicho a lo largo de los últimos años, el Estado debe desarrollar políticas públicas, sostenibles y de consenso, para disminuir las barreras económicas que impiden el acceso a la educación.
En materia de Derecho a la Salud, se registraron 94.056 denuncias por fallas en el sistema público de salud. El presupuesto cayó un 28% respecto a 2024, situándose en solo el 4,24% del gasto público.
El 88% de los hospitales carece de medicamentos y el 89% de insumos. La respuesta humanitaria alcanzó apenas al 41% de la población meta y el sector salud solo cubrió el 27% de sus objetivos.
Continuó el terrorismo de Estado para aplastar la disidencia
Provea registró 659 denuncias de violaciones a la integridad personal, incluyendo casos de torturas, tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, amenazas y hostigamiento.
Destacamos un aumento del 196% en las desapariciones forzadas respecto a 2024, con duraciones de hasta más de 100 días de desaparición. La represión se volvió más selectiva y focalizada contra líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos.
La actuación sistemática de organismos de inteligencia como el SEBIN y la DGCIM para perseguir a la disidencia, el auge de la militarización territorial tras las amenazas de Estados Unidos, y el cierre del espacio cívico mediante la instrumentalización del Sistema de Administración de Justicia y la vigencia de un andamiaje jurídico represivo, redujeron las protestas a niveles históricos en un país ávido de reclamos sociales y acostumbrado a protestar.
En 2025, 336 personas fueron asesinadas por efectivos de las policías y miembros de la Fuerza Armada.
Desde 2013, se acumulan 10.853 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. El 54% de las víctimas eran jóvenes de 18 a 30 años, provenientes de barrios populares. La Policía Nacional Bolivariana y el CICPC concentran el 57% de los casos.
Documentamos 596 presuntas violaciones al derecho a la libertad personal.
Las detenciones por razones políticas aumentaron un 102% respecto al promedio histórico de los últimos 17 años.
En 2024 y 2025 se acumularon más de 2.229 detenidos reconocidos oficialmente. Los organismos responsables fueron la FANB (43%) y la DGCIM (25%).
Transición democrática, demandas institucionales y perspectivas
Provea insiste en que la única hoja de ruta legítima para superar la crisis debe anclarse en la noción de una sociedad democrática, justa y participativa.
La solución debe ser civil, democrática y en el marco de la justicia transicional con enfoque en las víctimas.
Las garantías para el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos siguen en deuda más allá del discurso oficial que habla del “nuevo momento político”.
La nueva etapa requiere del coraje de todos los actores políticos y sociales, en especial del sector que controla los Poderes Públicos, para que los anuncios de buena voluntad den paso a las acciones impostergables en procura del bienestar general.
Es imperioso recorrer el camino del derecho a la verdad, a una investigación transparente, a la determinación de responsables de violaciones de derechos humanos, y a la reparación integral y garantías de no repetición.
Se hace impostergable el desmantelamiento de las estructuras represivas y una reforma profunda del sistema de justicia basada en la independencia de los jueces, el mérito profesional y la integridad.
La Asamblea Nacional y las autoridades nacionales deben atender con seriedad las propuestas de la sociedad civil que apuntan a modificar o derogar leyes inconstitucionales que afectan a la sociedad venezolana, incluyendo la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, la Ley Contra el Odio, la Ley Antibloqueo y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y la Financiación del Terrorismo, entre otras.
Somos firmes en nuestra postura: ningún proceso de liberalización económica sin libertades democráticas, participación ciudadana y transparencia puede ser cónsono con principios básicos de derechos humanos.
Asimismo, ninguna democracia liberal con libertades ciudadanas es tal, si el modelo económico se impone pasando por encima de los derechos de las personas.
Se está construyendo la transición sobre la primera premisa, y esto puede derivar en que el “nuevo momento político” sea más bien un camino a la tecnocracia autoritaria.
La protección de los derechos humanos y las garantías para el pluralismo son las bases de la reconstrucción institucional y social que los venezolanos demandan en esta nueva y compleja coyuntura política.
No hay otro reto más importante en los meses siguientes que impulsar un proceso de reinstitucionalización.
Recuperar la separación e independencia de los otros poderes públicos de las directrices del Ejecutivo Nacional, como lo asienta la CRBV, es fundamental para garantizar la estabilidad.
Y los primeros a reconstruir serían el Poder Judicial y el Electoral, ambos subordinados al Poder Ejecutivo y al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Así podría comenzar una etapa fecunda, con miras a restituir derechos ciudadanos y echar las bases para crear condiciones hacia unas elecciones razonablemente justas y transparentes.
Entonces surgirá un gobierno que represente a los venezolanos y dirija el proceso de transición hacia un sistema democrático.
La lucha por la reconquista de los derechos y la democracia es de largo aliento y no solo implica el cambio de las personas o del partido político en el poder; debe buscar que las instituciones, además de atenerse a lo establecido en nuestras leyes, tengan la capacidad de responder de forma efectiva a las demandas de la ciudadanía.
Descargue el Informe Anual por capítulos:
Salud
Derecho a la Salud.
Prensa Provea
