Desde hace más de cuatro años el gobierno de Nicolás Maduro dejó de publicar la memoria y cuenta de los ministerios. Además de favorecer la corrupción porque se dificulta el ejercicio de contraloría, esta situación le permite desarrollar y afianzar la mentira como política: Difunde cifras no sustentadas sobre crecimiento de la matrícula escolar, de la producción agrícola, de la garantía de agua potable y también de las presuntas viviendas construidas.
En cuanto a la información sobre el número de viviendas construidas la palabra descaro se queda corta. 2020 no fue la excepción en la difusión de cifras falsas.
El gobierno insiste en cuantificar en 3,4 millones las viviendas construidas por la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) desde 2010, año de su creación. Además, ratifica que su meta de construcción por año siguen siendo las 500 mil casas:
“El medio millón de viviendas, como nueva meta anual, significa un potencial de expansión del mercado interno y dinamismo económico asociado a la satisfacción de necesidades sociales”.
Según el monitoreo realizado a ocho medios de información oficial, incluyendo el propio sitio web del Ministerio de Vivienda y Hábitat, Provea ha podido documentar que durante 2020 se construyeron y entregaron 2.271 viviendas en Venezuela, en lugar de las 453.220 viviendas anunciadas por el Gobierno de facto.
Haciendo una comparación entre los períodos 1977 a 1998 con 1999-2020, el gobierno aseguró que habrían aumentado la inversión en vivienda 38 veces. Según se informó en el documento “Venezuela en cifras. Nuestra transición al socialismo” durante 2020 se habrían construido en el país 453.220 viviendas, una meta extraordinaria en situaciones normales e irreal en un año de inmovilización por pandemia, la realidad es que sólo construyeron 2.271.
La opacidad sigue reinando
Frente a esta situación de uso alegre de las cifras sobre construcción de viviendas y la absoluta opacidad en la información pública, Provea ha venido realizando su propio conteo de casas edificadas desde 2011, basándose en los datos repetidos por el propio sistema nacional de medios públicos.
2.271 viviendas construidas vs. 453.220 viviendas que dicen haber construido
En este monitoreo solo se incluyen aquellas viviendas que pueden ser ubicadas territorialmente y que se ha asegurado que han sido finalmente entregadas. Si bien no hay acto de entrega de viviendas que no forme parte de la propaganda oficial, el subregistro de esta metodología es evidente, pero ha sido la única manera de contar con un dato que pueda contrastar los números oficiales.
La ausencia de transparencia en materia de vivienda dificulta el desarrollo de políticas públicas que atiendan en el corto y mediano plazo el déficit de vivienda existente y las exigencias a futuro por el crecimiento de la población venezolana.
Consecuencias del COVID-19 en el derecho a la vivienda
La llegada de la pandemia del coronavirus reveló las inequidades e insuficiencias de las políticas de vivienda y hábitat implementadas en los últimos años en Venezuela. Las constantes interrupciones de los servicios básicos como agua, electricidad, gas doméstico y telefonía digital, así como la escasez de gasolina y la disminución de los ingresos familiares han hecho imposible que los venezolanos puedan mantener las medidas de cuarentena en sus viviendas.
El impacto de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) en la vida cotidiana de la población se vio reflejado en las motivaciones de la movilización ciudadana durante 2020. Según el Informe Anual 2020 del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), entre enero y diciembre de 2020 hubo un total de 9.633 manifestaciones, un promedio de 26 protestas cada día. De este total, 7.789 movilizaciones (un 81%) ocurrieron a partir del 13 de marzo bajo el Estado de Alarma de Maduro.
Según los datos procesados por el OVCS, del total de manifestaciones registradas durante 2020, 85% fueron para exigir derechos sociales, que representan unas 8.193 protestas, siendo octubre y septiembre los meses cuando ocurrieron más jornadas de demanda de derechos, con 1.381 y 1.079 protestas respectivamente.
Los datos recopilados ratifican que, del conjunto de demandas realizadas por los venezolanos a las autoridades, las vinculadas con el derecho a la vivienda y los servicios básicos fueron la principal motivación para la protesta, con 5.951 movilizaciones en total.
A pesar de la delicada situación de los servicios básicos que dificultaba que la población pudiera cumplir debidamente la medida de cuarentena, Venezuela fue excluida del Plan de Acción Mundial sobre el COVID-19 promovido por la Agencia de Naciones Unidas que trabaja asentamientos urbanos (ONU-Hábitat). Al respecto, un total de 121 organizaciones venezolanas remitieron una comunicación a la instancia, en la que expresaron:
“Desconocemos si la decisión de no incluir a Venezuela en el plan de respuesta al Covid-19 a implementar por ONU-Hábitat responde a la poca colaboración de las autoridades del país o, en base a información no corroborada sobre el terreno, se considera que en Venezuela no existen déficits de cumplimiento de las obligaciones del Estado en el derecho a una vivienda digna. En este caso nuestras organizaciones están dispuestas a mantener informada a su oficina sobre los datos que levantemos sobre la situación tanto del acceso a la vivienda como de los servicios públicos en el país.
En cualquier caso, las organizaciones que suscribimos la presente comunicación solicitamos a su oficina que se reconsidere urgentemente esta decisión, y se hagan todas las gestiones necesarias para incluir a Venezuela dentro del plan de respuesta al Covid-19 a implementar por ONU-Hábitat”.
La comunicación no tuvo ningún tipo de respuesta de ONU-Hábitat.
Población y viviendas
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) –realizando estimaciones y proyecciones con base en el Censo 2011– para 2020 Venezuela tendría una población de 32.778.056 habitantes. De ellos, 16.425.675 serían hombres y 16.352.381 serían mujeres. Al hacer la desagregación por rangos de edad, tenemos que 22.055.342 personas se encontrarían entre los 15 y los 64 años, mientras que 8.220.165 personas serían menores de 15 años y 2.502.549 serían mayores de 64 años.
La cantidad de viviendas que deberían ser levantadas para las nuevas familias, es la del crecimiento relativo de la población. El INE estimó que para 2025 la población del país alcanzaría la cifra de 34 millones de habitantes, lo cual implica que crecerá a una tasa del 1,1%. Además, para 2025 se espera que 50% de los habitantes del país tengan más de 31 años. Desconocemos si en los cálculos anteriores se incluyó el impacto de la crisis migratoria que, según la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en febrero de 2021 sumaba 5.478.377 personas.
Finalmente, el dato oficial más reciente sobre los hogares y personas por hogar corresponde a 2019, estimándose en 8.3398.635 los hogares, para un promedio de 3,86 personas por hogar.
“Las condiciones de la vivienda, hacinamiento, pobreza estructural, educación, equipamiento logran avanzar independientemente de variables de coyuntura. Este elemento es de profunda fuerza en el debate ideológico, concreto, sobre los modelos de desarrollo. La disputa neoliberal sobre el futuro de los pueblos tiene un muro de contención en Venezuela”.
Encuesta de Hogares, “Venezuela en cifras…”
Para 2019, según estos resultados, el 80,23% de la población venezolana habitaría en una vivienda tipo casa, mientras que 12,08% en un apartamento en edificio, 3,10% en quinta, 2,43% en vivienda rústica (rancho) y 1,50% en apartamento en quinta o casa-quinta. Sobre el material de las paredes de la vivienda, se asegura que 85% son de bloque o ladrillo frisado, mientras que 12,07% serían de bloque o ladrillo sin frisar, 2,42% de otros materiales (caña, palma, tablas, etc.). Sobre el material de los techos, la encuesta reflejó que 39,28% son de platabanda, 36,63% son láminas metálicas (zinc y similares), 15,98% láminas asfálticas, 5,11% tejas y 2,76% asbesto y similares. Sobre el material de los pisos, 58,7% sería de cemento, 38,65% de mosaico, granito y similares, y 2,03% de tierra.
La encuesta de hogares también registró el acceso a servicios básicos para las viviendas. Sobre el servicio de agua, 94,97% era por acueducto, 2,23% por camión, 0,97% por pila pública o estanque y 1,83% por otros medios. Sobre la eliminación de excretas, 87,88% era de poceta a cloaca, 10,18% de poceta a pozo séptico, 1,55% sin poceta o excusado y 0,39% de excusado a hoyo o letrina.
Un dato curioso aparece en el apartado tenencia de vivienda, donde se asegura que 4,80% de los hogares del país (unas 400.255 viviendas, según las propias cifras oficiales) son “cedidas por familiar o amigo”. De las restantes, 84,87% serían propias y pagadas totalmente, 3,73% alquiladas y 4,81% “otra forma”, sin especificar.
En hogares por hacinamiento, con más de tres personas por cuarto para dormir, se asegura que la cifra se ubica para 2019 en 4,40%. Por su parte, las viviendas inadecuadas –hogares que habitan en ranchos, casa de vecindad, cuevas u otro tipo de vivienda improvisada– sumaron 3,16% para 2019.
PROVEA continuará monitoreando la situación del derecho a la vivienda en el país, exhortando a las autoridades a garantizar trasparencia en la información y acompañar a las comunidades en sus exigencias de mejores servicios públicos y seguridad jurídica para aquellos beneficiarios de viviendas construidas por el Estado.
El informe completo lo puedes consultar AQUÍ.
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